El capital que necesita la naturaleza

América Latina alberga la biodiversidad más rica del planeta, pero la sostiene sobre cimientos financieros endebles. En Chile y la región, las áreas protegidas —parques o reservas nacionales, santuarios de la naturaleza, monumentos naturales, etc.— constituyen nuestra principal infraestructura natural frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, enfrentan, en promedio, una brecha de financiamiento superior al 50% de los recursos necesarios para asegurar una gestión efectiva.

Dicho en términos sencillos: buena parte de los territorios que se encuentran bajo áreas protegidas cuentan con un papel que establece su estatus de protección, pero carecen de los recursos financieros para su gestión y cuidado efectivo. 

Esta brecha no es solo una cifra técnica: se traduce en guardaparques insuficientes, falta de equipamiento, fiscalización débil frente a amenazas como los incendios, la deforestación y minería ilegal, y dificultades estructurales para integrar a las comunidades locales en economías sostenibles. La paradoja es evidente: mientras el mundo busca movilizar billones de dólares hacia la transición ecológica, las áreas protegidas de América Latina operan en una situación permanente de escasez de recursos.

¿Por qué ocurre esto si han crecido la voluntad política y la conciencia social? Principalmente, porque durante décadas hemos tratado la conservación como un gasto social o presupuestario, y no como una inversión estratégica de alto retorno.

Revertir esta lógica exige más que solicitar mayores asignaciones fiscales, siempre presionadas por múltiples urgencias de gasto social. Se requiere una transformación estructural en la manera de concebir, estructurar y financiar la conservación. En este proceso, la formación de capital humano calificado se convierte en un eslabón decisivo.

Un ejemplo concreto es la reciente alianza entre Conservation Strategy Fund (CSF) y la Academia Universitaria Austral de Áreas Protegidas (AUA) perteneciente a la Universidad Austral de Chile, con el apoyo de Pew, a través de su curso especializado en Financiamiento de Áreas Protegidas. Esta iniciativa responde a la necesidad urgente de dotar a profesionales de la conservación, gestores públicos, tomadores de decisiones y actores financieros de herramientas técnicas, económicas y financieras de vanguardia.

Al integrar la economía de la conservación con la ingeniería financiera, esta alianza demuestra que el valor de la naturaleza puede y debe traducirse en flujos financieros sostenibles. El curso fortalece capacidades en Chile y América Latina y aborda uno de los principales cuellos de botella del sector: la falta de proyectos estructurados, bancables y respaldados por mecanismos rigurosos de gobernanza que permitan atraer capital a escala.

Desde el diseño de mecanismos de cobro por servicios ecosistémicos y la captación de financiamiento climático, hasta los fondos de capital combinado (blended finance), los canjes de deuda por naturaleza y los bonos de impacto, las capacidades locales son el puente imprescindible para pasar de la teoría a la acción.

En Chile se avanza en nuevos mecanismos financieros para lograr un financiamiento sostenible en los próximos años. Un ejemplo es la Ley N.º 21.440, vigente desde 2022, que creó un régimen general de donaciones con beneficios tributarios para entidades sin fines de lucro con fines medioambientales y facilitó la creación del Fondo Naturaleza Chile (FNCH). Asimismo, en 2025, el Ministerio de Hacienda actualizó el marco de bonos vinculados a la sostenibilidad (marco SLB), incorporando nuevos indicadores clave de desempeño (KPI) asociados a la protección de la biodiversidad y al fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas del país, en respuesta a los compromisos internacionales asumidos al adherir al Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

La consolidación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y su liderazgo en la conservación marina y terrestre sitúan al país en un momento histórico propicio para impulsar este cambio de paradigma. Sin embargo, el desafío trasciende sus fronteras: si América Latina no construye una masa crítica de profesionales capaces de hablar simultáneamente el lenguaje de la ecología y el del sistema financiero, las brechas de financiamiento seguirán amenazando la viabilidad de nuestro patrimonio natural.

El financiamiento para la conservación existe en los mercados e instituciones globales; lo que falta es la arquitectura y las capacidades necesarias para canalizarlo eficientemente hacia los territorios. Formaciones de alto nivel como la desarrollada por CSF y AUA no solo cierran brechas de conocimiento: trazan una hoja de ruta para que nuestras áreas protegidas dejen de ser refugios vulnerables y se consoliden como motores del desarrollo sostenible regional.