Opinión
Imagen: @ximenalincolao
Ministra Lincolao, muéstrenos lo que firmó
Firmar primero y averiguar después puede servir en los negocios, donde cada uno arriesga su propia plata. En la función pública, en cambio, lo que se arriesga es la información de todos. Y los datos personales, a diferencia de esos memorandos, no tienen cláusula de salida…
Para nadie es un misterio que el Estado chileno necesita modernizarse, ni que la inteligencia artificial llegó para quedarse. ¡Obvio! Pero lo que no parece tan obvio es la forma en que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, decidió abrirle la puerta de Chile a las empresas que desarrollan esa tecnología. En cinco días, comprometió al Estado en sendos acuerdos con dos compañías del rubro, ElevenLabs y OpenAI. Así, Lincolao estampó primero su firma e hizo entrar a las empresas, cuando todavía no existe un marco regulatorio para la IA. ¿Está pensando lo mismo que yo? Así es. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto.
El memorándum con OpenAI se presentó como un “regalo”, con cursos gratuitos para los funcionarios e inteligencia artificial para modernizar el Estado. Lo que se ha sabido después, lejos de despejar las dudas, ha acrecentado las suspicacias. No tiene fecha de término ni fija precios (los costos quedarán para acuerdos posteriores). Lo que sí crea es un grupo de trabajo conjunto que se reunirá todos los meses. Es decir, el Estado, que todavía no compra nada, se reunirá cada mes con quienes podrían venderle todo.
Otra rareza es que el Ministerio dijo no estar en condiciones de publicar el acuerdo, mientras algunos periodistas lo leían y difundían sus detalles. Los parlamentarios, en cambio, tuvieron que solicitarlo por oficio. Curiosa “transparencia”, en la que el documento llega a las redacciones de ciertos medios antes que al Congreso. No por nada la exministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, habló de una “torpeza política”.
Las fotos y videos que la ministra publicó en su cuenta de Instagram durante su estadía en Estados Unidos, en cambio, recorrieron sin dificultad las redes sociales. Ministra Lincolao, muéstrenos lo que firmó, no sólo con quién se fotografió.
Por supuesto que tampoco hubo licitación ni concurso. El Ministerio asegura que OpenAI no fue elegida por sobre otras compañías, pero difícilmente puede hablarse de elección cuando no hubo con quién comparar. Además, cuando una empresa capacita a los funcionarios con sus propios programas, les enseña a usarlos y, de paso, los habitúa a ellos. Llegado el momento de comprar, es poco probable que un servicio público acostumbrado a una herramienta pida otra distinta. Es un viejo truco. Sin ir más lejos, Chile ya vio esta película. En 2007, un acuerdo con Microsoft para ofrecer correo gratuito a los ciudadanos quedó en nada tras los reparos de la Contraloría. Esa lección, por lo visto, quedó olvidada en algún cajón del Ministerio.
Detengámonos, sobre todo, en quiénes son las contrapartes. En 2023, el propio directorio de OpenAI despidió a Sam Altman por “no haber sido consistentemente franco”, aunque días después recuperó el cargo. Este año, una extensa investigación de The New Yorker volvió a poner en duda su confiabilidad. La compañía, además, es investigada por varios fiscales estatales desde que modelos suyos escaparon de un entorno de pruebas y vulneraron los sistemas de otra empresa.
La otra socia, ElevenLabs, se dedica a clonar voces. Su tecnología fue identificada como la que se usó en 2024 para fabricar una llamada falsa con la voz de Joe Biden y, desde entonces, la empresa ha enfrentado demandas de actores, locutores y periodistas que la acusan de usar sus voces sin permiso. Nada de eso vuelve ilegítimos los acuerdos. Pero, con socios así, la prudencia debió ser doble, más aún cuando será ElevenLabs la que elija qué emprendimientos chilenos recibirán sus créditos. La voz, conviene recordarlo, es un dato personal.
Por otro lado, el momento legislativo tampoco ayuda. La ley que por primera vez dará a los chilenos derechos reales sobre sus datos personales debía empezar a regir el 1 de diciembre, pero el Congreso acaba de postergarla hasta octubre de 2027 y la agencia que deberá fiscalizarla todavía no existe en la práctica. La propia ministra, por si fuera poco, impulsa una ley de inteligencia artificial que aún se discute. O sea, firma antes de que exista la norma que ella misma promueve. Algo así como repartir las cartas y redactar después las reglas del juego.
A esa particular premura se suma una no menos particular relación con la transparencia. El registro de la Ley de Lobby, ese “libro de visitas” del poder, mostraba que, hasta fines de mayo, 23 de las 38 audiencias de la ministra habían sido con empresas y gremios tecnológicos. Con científicos, apenas cuatro. En el Ministerio de Ciencia, la ciencia espera su turno en una fila casi inmóvil.
Sin duda, lo más delicado es lo que no quedó anotado. En abril, la ministra sostuvo una reunión por videollamada con representantes ligados a Google, que no figuró en el registro. Ella la califica de “técnica”; sin embargo, según se informó, funcionarios de su ministerio le habían advertido que toda reunión con empresas debía quedar inscrita. Llevado al acuerdo con OpenAI, cabe preguntarse si constan todas las conversaciones que lo precedieron. La plataforma es pública. Si constan, mejor para ella. Si no, tendrá que explicar por qué el “libro de visitas” del poder tiene páginas en blanco justo donde más importan.
Nadie discute para quién trabaja la ministra. Lo hace para el Estado de Chile, por supuesto. Lo que la ciudadanía tiene derecho a saber es a quién escucha, cuántas veces y de qué habla. Más aún cuando en su declaración de intereses omitió tres sociedades, una de ellas dedicada a servicios informáticos, hasta que un reportaje las sacó a la luz. Ella asegura que esa sociedad nunca funcionó; la Contraloría todavía no se ha pronunciado. Ya lo advertía Oscar Wilde: “Perder a uno de los padres puede considerarse una desgracia; perder a ambos parece un descuido”. Con las omisiones de Lincolao, ocurre algo parecido.
Esas fotos de Instagram, además, mostraron una alegre conversación con el ex primer ministro británico Rishi Sunak. Eso no prueba nada indebido, pero deja una comparación muy útil. Cuando Sunak se convirtió en asesor de Microsoft y de Anthropic, un comité de ética de su país le prohibió durante dos años hacer lobby ante el gobierno británico. Y el contrato de datos de la salud pública que su administración entregó a Palantir sigue siendo, hasta hoy, un tema controvertido. En el Reino Unido, su nueva actividad tiene reglas claras. Aquí, al parecer, las reglas llegan después.
Seamos justos. Nadie ha acreditado que la ministra haya infringido la ley. En su Ministerio aseguran, además, que la capacitación se hará con datos abiertos o ficticios y que OpenAI no tendrá acceso a los sistemas del Estado. Habrá que creerles, aunque no deja de ser curioso que, tratándose de los datos de todos, a los ciudadanos sólo nos quede aferrarnos a un acto de fe.
El concepto que ha pregonado Lincolao, que Chile tiene que aprender a crear inteligencia artificial y no sólo a consumirla, es impecable. Lástima que, para aprender a crear, el Estado haya empezado firmando como futuro cliente. Esa idea merecía mejor suerte que quedar en manos de un Ministerio del que el propio vocero de Gobierno ha admitido, sin rodeos, que “no ha funcionado como esperábamos”.
Firmar primero y averiguar después puede servir en los negocios, donde cada uno arriesga su propia plata. En la función pública, en cambio, lo que se arriesga es la información de todos. Y los datos personales, a diferencia de esos memorandos, no tienen cláusula de salida… Una vez entregados, no hay cómo recuperarlos.
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