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Diputado Leiva (PS) arremete contra Rabat y afirma que la Suprema desarma su principal argumento
El jefe de bancada socialista recalca que es el ministro quien tiene atribuciones para acoger o rechazar las solicitudes de rebaja de condena y que la resolución judicial refuerza la acusación constitucional. En tanto, el PDG recompone relaciones con La Moneda, pero mantiene en suspenso sus votos.
La Operación Rabat sumó este miércoles un nuevo capítulo. Mientras el PS asegura que la Corte Suprema acaba de debilitar uno de los principales argumentos del ministro de Justicia, Fernando Rabat, el Partido de la Gente (PDG), cuyos votos pueden definir su futuro, decidió bajar las armas en su pelea con el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas.
El jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, sostuvo que el reciente fallo de la Suprema, que obliga al Ministerio de Justicia a resolver “a la brevedad” una solicitud de rebaja de condena presentada por un violador de una niña, contradice la defensa que Rabat entregó ante la Cámara.
El ministro había argumentado que su cartera solo podía formalizar las decisiones de las comisiones de reducción de condenas. Sin embargo, Leiva destacó que la sentencia establece expresamente que Justicia debe “acoger o rechazar” la solicitud.
“La Corte Suprema hoy le ha dicho al ministro Rabat, desvirtuando su principal argumento, que él tiene la facultad legal de acoger o rechazar la rebaja de condena”, afirmó.
Para el socialista, la resolución refuerza uno de los fundamentos de la acusación constitucional: que Rabat tenía atribuciones para rechazar los beneficios. Se trata de la interpretación de Leiva, pues el fallo ordena resolver el caso concreto, pero no establece expresamente cómo debe ejercer el ministerio esa facultad en todas las solicitudes.
El propio Rabat, en cambio, destacó otra parte de la sentencia: que la ley no establece un plazo determinado para pronunciarse. “No existe ese plazo y eso lo acaba de ratificar ayer la Corte Suprema”, sostuvo.
El PDG baja las armas, pero mantiene la incógnita
En paralelo, Juan Marcelo Valenzuela, jefe de la bancada del PDG, dio por superado el impasse con Arenas, quien lo llamó para disculparse después de calificar al partido como un “cúmulo de deseos”.
Según relató el parlamentario, el vocero reconoció que sus dichos constituyeron una falta de respeto y valoró el trabajo legislativo de la colectividad.
“Cuando hay un agravio público lo que corresponde son las disculpas públicas, pero nosotros necesitamos avanzar”, afirmó Valenzuela, quien aseguró que siguen abiertos al diálogo con La Moneda.
Arenas incluso propuso reunirse con la bancada, aunque el encuentro podría esperar varias semanas: los diputados están concentrados en el Presupuesto 2027 y en la acusación contra Rabat.
Y ahí sigue la principal incógnita. El PDG todavía no comunica una definición colectiva sobre el libelo, pese a que Pamela Jiles aseguró que una amplia mayoría de sus diputados estaría dispuesta a aprobarlo.
El presidente del PPD, Raúl Soto, puso el foco precisamente en esa colectividad. En el programa “Corresponsales”, de Radio 13C, afirmó que “el destino del ministro Rabat está en manos de Franco Parisi y del Partido de la Gente”.
Soto también sostuvo que el Gobierno habría vulnerado tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico chileno y que Rabat deberá responder por los cuestionamientos de probidad planteados en la acusación.
Así, mientras el PS encuentra nuevos argumentos judiciales para impulsar la destitución, La Moneda recompone el diálogo con una bancada clave. Pero una cosa es cerrar la pelea con Arenas y otra muy distinta conseguir los votos para salvar a Rabat.