Opinión
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Polarización: cuando la democracia se convierte en un juego de suma cero
En un país dividido entre enemigos, donde cada elección parece decidir el destino completo de la nación y donde las reglas pueden cambiar según quién triunfe, aumenta la incertidumbre, disminuye la seguridad jurídica, se postergan inversiones y se dificulta el crecimiento.
Las democracias, incluso las más desarrolladas, están amenazadas por la polarización. Nuestras sociedades aparecen cada vez más divididas por razones culturales e ideológicas, pero también por sus afectos y emociones. El problema se vuelve especialmente grave cuando un sector político deja de considerar al otro como un adversario legítimo y comienza a verlo como un enemigo amenazante que despierta temor, rechazo e incluso odio.
Este doble fenómeno, ideológico y afectivo, suele comenzar en las élites políticas. Pero, si las dinámicas y estrategias polarizadoras persisten, terminan extendiéndose hacia la ciudadanía. El proceso puede agravarse cuando la polarización política se superpone con profundas fracturas sociales: conflictos raciales o debido a la migración reciente, una gran distancia entre ricos y pobres, clases medias que viven en la inseguridad económica y personas que sienten que, por mucho que se esfuercen, difícilmente podrán mejorar su situación.
La Encuesta Bicentenario de la Pontificia Universidad Católica de Chile ofrece algunas luces sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Los chilenos consideran que los dos principales conflictos son los que separan a la derecha de la izquierda y al Gobierno de la oposición. En ambos casos, un 80% de los encuestados considera que existe un gran conflicto.
Después aparecen las tensiones entre chilenos e inmigrantes y entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. A ellas se agregan importantes divisiones sociales: un 65% identifica un gran conflicto entre ricos y pobres y un 59% entre trabajadores y empresarios. A ello se suma un dato inquietante: apenas un 29% considera que una persona de clase media tiene una probabilidad alta o bastante alta de alcanzar una muy buena situación económica.
No es un cuadro particularmente alentador para la política, que parece tener una responsabilidad no menor como causa de los problemas de los chilenos (a juzgar por esta encuesta). El qué tanto estamos polarizados supone un análisis mayor que no podemos abordar en estas líneas.
Sin embargo, conviene evitar una conclusión demasiado simple: la polarización no es siempre ni necesariamente negativa para la democracia. Puede incorporar a sectores de la ciudadanía cuyas ideas, intereses, creencias o sentimientos no encontraban representación en un sistema político excesivamente moderado. Así ocurrió con nuevas generaciones de chilenos tras el triunfo de Gabriel Boric, y ocurre hoy con la llegada a La Moneda de una nueva derecha y la incorporación de nuevos actores sociales.
La polarización también puede ampliar la oferta partidaria y programática, introducir temas en el debate público y abrir la discusión sobre alternativas que antes quedaban fuera de la agenda. Ayer fueron las demandas de los nuevos movimientos sociales; hoy, las relacionadas con la inmigración irregular reciente y la seguridad ciudadana.
Esto puede ser especialmente relevante cuando una sociedad se encuentra estancada o en declive y las fuerzas políticas tradicionales no han logrado responder adecuadamente a los problemas que preocupan a la ciudadanía. La aparición de nuevas voces puede sacudir inercias, denunciar injusticias olvidadas y abrir debates necesarios.
El problema comienza cuando la polarización alcanza tal intensidad y extensión que divide a la sociedad en bandos irreconciliables. Entonces, ya no se discute simplemente entre distintas propuestas políticas. Se enfrentan identidades. El triunfo de uno pasa a ser vivido como la derrota total del otro y la política se transforma en un juego de suma cero: para que yo gane, tú debes perderlo todo.
Las consecuencias pueden ser graves.
La primera es el bloqueo institucional. Quienes controlan la Presidencia de la República, el Congreso, los tribunales de justicia, las cortes constitucionales u otros organismos comienzan a comportarse como representantes de campos enfrentados. La cooperación institucional se vuelve cada vez más difícil y todo acuerdo puede ser presentado como una traición.
De allí surge una segunda consecuencia: la parálisis decisoria. El sistema político pierde capacidad para resolver los problemas de la nación precisamente cuando la ciudadanía exige respuestas. Los gobiernos pasan, las elecciones se suceden y, sin embargo, cuestiones esenciales continúan sin solución.
Una tercera consecuencia se produce en el comportamiento electoral. Los ciudadanos dejan de votar principalmente evaluando quién ha gobernado o legislado bien, quién ofrece políticas públicas eficaces, quién posee mayores credenciales democráticas o quién presenta mejores propuestas para el país. El voto comienza a expresar, sobre todo, identidad: quién soy, a quién pertenezco, a quién temo y a quién rechazo.
En esas circunstancias, un elector puede terminar apoyando a dirigentes autoritarios, corruptos o incompetentes simplemente porque pertenecen a “su” sector y se enfrentan al enemigo correcto.
La cuarta consecuencia es la pérdida creciente de confianza en las instituciones democráticas. Si los ciudadanos observan que los gobiernos se suceden sin responder a sus demandas ni aliviar sus necesidades, el desencanto deja de dirigirse solamente contra las autoridades de turno y comienza a alcanzar a las instituciones mismas.
Más grave aún es lo que ocurre cuando una derrota electoral se vive como una amenaza existencial. Si creemos que el adversario representa una catástrofe para la nación, resulta tentador concluir que cualquier medio para impedir su triunfo está justificado. Se relativiza entonces el respeto a los resultados electorales, a la Constitución y a las leyes. El objetivo ya no es competir democráticamente, sino vencer a cualquier precio.
Surge así lo que se ha llamado “hipocresía democrática”: invoco la Constitución y las leyes cuando favorecen a los míos; cuando los limitan, las vulnero de manera solapada y sin escrúpulos.
El vencedor, por su parte, puede sentirse autorizado para abusar de su mayoría y gobernar sin buscar ningún consentimiento de quienes fueron derrotados. Si uno de los bandos logra controlar simultáneamente los principales poderes del Estado y comienza a utilizarlos para perpetuarse, el camino hacia la autocracia queda abierto. Se llega al poder por medios democráticos y en este se empiezan a ejercer las facultades ejecutivas en forma “iliberal”.
La polarización extrema también tiene consecuencias económicas. En un país dividido entre enemigos, donde cada elección parece decidir el destino completo de la nación y donde las reglas pueden cambiar según quién triunfe, aumenta la incertidumbre, disminuye la seguridad jurídica, se postergan inversiones y se dificulta el crecimiento. Una democracia permanentemente enfrentada consigo misma termina pagando también costos económicos y sociales.
Y al final de este camino puede erosionarse algo todavía más profundo: la idea de pertenecer a una misma patria. Cuando dejamos de reconocernos como miembros de una comunidad política común, los símbolos nacionales pierden su capacidad integradora y el conflicto puede adoptar formas incívicas e incluso violentas. En situaciones extremas aparecen demandas de secesión territorial o fantasmas que creíamos superados, como la guerra civil. No es casual que incluso el cine contemporáneo haya comenzado a imaginar escenarios de fractura y violencia política en sociedades democráticas consolidadas.
En suma, cuando la polarización ideológica y afectiva alcanza niveles extremos, poco bueno puede esperarse para la democracia y el desarrollo nacional.
¿Qué hacer?
La respuesta de largo plazo pasa por fortalecer políticas de integración social y promover una cultura de la moderación política. Una democracia necesita diferencias, competencia y conflicto. No necesita que todos piensen igual, pero requiere ciudadanos y dirigentes capaces de aceptar que el adversario también tiene derecho a gobernar cuando obtiene legítimamente la mayoría y que ningún sector representa por sí solo a toda la nación.
Hay tres tareas intermedias que resultan fundamentales. La primera consiste en reconstruir un espacio político moderado y moderador. Este puede estar conformado por uno o dos partidos de centro, pero también por sectores de izquierda y de derecha cuyas corrientes dialogantes sean capaces de prevalecer sobre sus extremos y buscar acuerdos con quienes piensan distinto.
La segunda es construir un acuerdo básico e imprescindible: un arco constitucional que reúna a fuerzas democráticas de derecha, centro e izquierda que se active cuando la democracia se encuentre amenazada por grupos extremistas dispuestos a recurrir a la violencia o a desconocer las reglas constitucionales para subvertirla. Las legítimas diferencias políticas deben ceder, en esas circunstancias, ante una responsabilidad común: defender las instituciones democráticas y las reglas que permiten que esas mismas diferencias puedan expresarse pacíficamente.
La tercera tarea consiste en reconstruir un espacio democrático reformista: una mayoría política y social comprometida con promover y proteger los principios y las instituciones democráticas. Una mayoría que privilegie el entendimiento sobre el enfrentamiento e impulse, de manera gradual, selectiva y sostenida, las reformas sociales que reclama la ciudadanía y exige el desarrollo del país.
Reformar supone superar el inmovilismo y resistir la pulsión refundacional de que “todo debe cambiar”. Significa transformar lo que debe corregirse, preservar lo que funciona bien y cuidar, por encima de todo, aquello que hace posible la convivencia democrática.
Finalmente, la experiencia comparada demuestra que también desde la sociedad civil pueden impulsarse iniciativas destinadas a reducir la polarización: espacios de conversación entre personas que piensan distinto, proyectos comunitarios compartidos y formas de deliberación que permitan volver a descubrir algo elemental y, sin embargo, cada vez más difícil: que nuestro adversario político sigue siendo nuestro conciudadano.
La democracia no exige eliminar nuestras diferencias. Exige aprender a convivir con ellas.
La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo.
Los chilenos parecen pedirlo.
¿Nos atreveremos a emprender ese camino?
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