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OpenAI y las interrogantes que dejó Lincolao para Chile Opinión Archivo
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Opinión Reflexión sobre un acontecimiento, explicación de ideas y sus conclusiones.

OpenAI y las interrogantes que dejó Lincolao para Chile

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Rodrigo Ramírez Pino
Por : Rodrigo Ramírez Pino Presidente Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Director del Centro de Innovación en Inteligencia de Datos de la Universidad de Santiago, Exsubsecretario de Telecomunicaciones.
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Tenemos que saltar de una narrativa centrada principalmente en adoptar y regular tecnologías desarrolladas por otros, hacia una estrategia nacional que también nos permita participar activamente en su creación.


Lo cierto es que OpenAI desplegó su estrategia para Chile, pero cuál fue la estrategia que Chile puso sobre la mesa?

Este caso indica que las alianzas con las grandes compañías tecnológicas, como con cualquier otra, pero en especial con el círculo de la oligarcas tecnológicos, deben responder a una estrategia nacional de desarrollo de capacidades, garantizar neutralidad tecnológica y abrir oportunidades a las empresas, universidades y centros de investigación instalados en Chile.

Creo que hay distintas maneras de mirar lo que hasta ahora conocemos del memorándum de cooperación. La primera tiene relación con OpenAI como empresa. Estamos hablando de una de las compañías más influyentes del mundo tecnológico, con una enorme capacidad de inversión, investigación y desarrollo, pero también con controversias, litigios y cuestionamientos públicos respecto de su modelo de negocios, el tratamiento de la información y los límites de sus tecnologías.

No hay demasiado misterio en eso. Tampoco hay misterios respecto de quiénes son las grandes tecnológicas del mundo. Sin ir más lejos, también el gobierno del Presidente Boric firmó un acuerdo comprometiendo recursos públicos con Google para construir el cable submarino Humboldt. La pregunta ahí pudo haber sido por qué Google y no la industria con capacidad instalada en nuestro país fuera la que construyera esa infraestructura digital.

La segunda dimensión, que me parece mucho más interesante para Chile, tiene relación con el diseño institucional que lleva al Estado a establecer un acuerdo de esta naturaleza. Una decisión de cooperación tecnológica no debiera ser un hecho aislado. Debiera responder a una estrategia, a un diseño institucional y a una política de desarrollo de capacidades nacionales.

Por eso, además de preguntarnos por qué OpenAI, deberíamos preguntarnos cuál es el plan estratégico de Chile y cómo este acuerdo contribuye a cumplirlo.

Sabemos que el acuerdo con OpenAI se inscribe en una iniciativa internacional de la propia compañía, OpenAI for Countries, que cuenta con respaldo del programa estadounidense SI Exports, del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es decir, existe una estrategia de promoción internacional de tecnologías estadounidenses, que busca ampliar su presencia y establecer alianzas con distintos países.

Y eso es absolutamente legítimo para Estados Unidos, pero también lo debe ser para empresas de China y otras potencias tecnológicas que promueven sus industrias, sus capacidades de innovación y sus intereses estratégicos mediante instrumentos de diplomacia tecnológica.

Entonces corresponde preguntarnos cuál es la estrategia de Chile, porque conocemos el programa internacional que impulsa esta cooperación, pero necesitamos comprender con mayor claridad cuál es el diseño nacional que orienta nuestra participación, qué objetivos persigue y cómo contribuye a desarrollar capacidades tecnológicas propias.

No podemos confundir la estrategia internacional de una compañía o de una potencia tecnológica con una estrategia nacional de desarrollo.

Chile puede y debe aprovechar estas oportunidades de cooperación, pero debe hacerlo desde una política propia, con prioridades definidas por nuestras instituciones, neutralidad tecnológica, autonomía estratégica y oportunidades de participación para las empresas ya instaladas y con servicios en Chile, universidades y centros de investigación que operan en el país.

El Estado de Chile debe mantener absoluta independencia frente a los intereses comerciales de cualquier proveedor. Chile cuenta con normas de transparencia, probidad y contratación pública que permiten establecer relaciones de cooperación con la industria, pero que también obligan a resguardar el interés general. Es necesario garantizar que sus mecanismos de implementación, sus instancias de gobernanza y las decisiones que eventualmente se desprendan de él no generen ventajas indebidas ni condicionen la autonomía de las instituciones públicas.

Esta discusión tampoco puede reducirse solo a la protección de los datos personales. En un ecosistema tecnológico crecientemente articulado alrededor de la inteligencia artificial, la soberanía sobre la información exige conocer y controlar toda su cadena de valor. Desde el origen y linaje del dato hasta su almacenamiento, procesamiento, transformación, utilización y eventual eliminación. Esto supone establecer condiciones verificables de trazabilidad, seguridad, interoperabilidad y auditoría, así como límites expresos sobre el uso de información pública para el entrenamiento de modelos. Son exigencias que deben aplicarse a cualquier empresa que colabore con el Estado, sea OpenAI u otro proveedor nacional o internacional.

Chile cuenta con una arquitectura normativa y regulatoria en materia de protección de datos personales, transparencia y seguridad de la información que entrega garantías institucionales a la ciudadanía y obliga a las empresas, nacionales o extranjeras, a respetar nuestra legislación. Más allá de las legítimas preocupaciones que puedan surgir, existen mecanismos de control y fiscalización para prevenir y sancionar eventuales incumplimientos. La confianza en nuestras instituciones también debe ser parte de esta discusión.

Este caso desata una de las conversaciones más importantes que tenemos pendientes. Hemos puesto buena parte de nuestros esfuerzos en discutir cómo regular y gobernar la inteligencia artificial, cuestiones que son en sí absolutamente necesarias, pero que resultan insuficientes frente a una transformación tecnológica de esta magnitud.

El desafío no consiste únicamente en preguntarnos quién gobierna la IA o quién será dueño de las tecnologías del futuro, sino quién tendrá las capacidades, el conocimiento, la infraestructura y el poder para construirlas.

Durante mucho tiempo hemos entendido el papel del Estado principalmente desde su capacidad de regular, corregir las fallas del mercado y redistribuir los beneficios del crecimiento. Todas esas funciones siguen siendo fundamentales, pero hoy necesitamos un Estado que contribuya a crear valor, desarrollar capacidades y abrir nuevas oportunidades.

Desde esta perspectiva, necesitamos superar la falsa contradicción entre innovación y derechos, entre Estado y mercado, entre desarrollo económico y bienestar colectivo. Un nuevo humanismo tecnológico debe ser capaz de articular esas dimensiones y ponerlas al servicio de las personas y al desarrollo del país.

Lo cierto en esta materia es que nuestro país presenta importante limitaciones de escala y capacidad de cómputo. Y ahí está precisamente una de nuestras principales brechas. No basta con disponer de profesionales altamente calificados si no contamos con la infraestructura, el procesamiento, las GPU y las condiciones necesarias para investigar, entrenar modelos y desarrollar soluciones propias. El desafío no es solamente formar talento, sino construir las capacidades materiales que permitan transformar ese conocimiento en innovación y desarrollo tecnológico. Es acá donde el Estado debe volcar su capacidad transformadora.

Tenemos que saltar de una narrativa centrada principalmente en adoptar y regular tecnologías desarrolladas por otros, hacia una estrategia nacional que también nos permita participar activamente en su creación.

Cuando planteamos en 2017 con la Presidenta Bachelet a Chile como hub digital del Cono Sur nos dijeron “locos”, y luego de nueve años nuestro país ha construido capacidades relevantes en infraestructura digital y ha alcanzado un reconocimiento regional en inteligencia artificial. Pero ese liderazgo no garantiza por sí solo soberanía tecnológica ni transformación productiva.

Necesitamos una estrategia nacional de capacidades que articule infraestructura digital, capacidad de cómputo, investigación, talento, emprendimiento e innovación pública y privada. Una estrategia donde las universidades, las empresas, los trabajadores y las comunidades no sean solamente usuarios o beneficiarios de tecnologías desarrolladas por otros, sino protagonistas de su creación.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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