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El fantasma del estallido Opinión

El fantasma del estallido

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Mauro Basaure
Por : Mauro Basaure Director Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual UNAB.
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No hubo estallido. Esta vez la negociación alcanzó al conflicto mientras aún conservaba interlocutores capaces de cerrarlo.


Afirmar hoy que el paro de camioneros y transportistas fue “solo sectorial” supone saber más de lo que sabemos. Quizá nació y murió como un conflicto acotado al diésel. Pero también pudo haber sido una suerte de estallido en ciernes que terminó pareciendo sectorial porque el Gobierno intervino antes de que pudiera convertirse en otra cosa. La negociación no solo cerró el episodio: pudo haber producido retrospectivamente el carácter acotado con que lo recordaremos.

Por eso tampoco sabemos si el precio pagado por Jorge Quiroz fue exorbitante o una ganga. La Dipres estima en US$820 millones el costo del acuerdo, casi un 50% más que el proyecto original. Si la movilización nunca tuvo posibilidades reales de pasar del diésel, es una suma enorme. Pero si la intervención evitó una agregación capaz de convertirse en estallido, resulta baratísima. La prevención exitosa borra la prueba del peligro evitado.

El riesgo no era puramente imaginario. Desde el Caracazo venezolano de 1989 hasta diversos episodios en Ecuador, Bolivia, Honduras y Guatemala, las alzas de los combustibles o del transporte han actuado reiteradamente como detonantes de protestas que después desbordan su motivo inicial.

El punto es que en Chile pudo haber prendido. Un estallido no resulta simplemente de sumar desempleo, inflación, desconfianza y un detonante. Las condiciones estructurales configuran un campo de posibilidades; el detonante inicia un conflicto, pero no explica por qué se propaga. El cambio de fase ocurre cuando actores, demandas y territorios empiezan a reforzarse entre sí: problemas vividos privadamente se reconocen como una experiencia común, las adhesiones producen nuevas adhesiones y la protesta deja de pertenecer a quienes la convocaron. El “ingrediente secreto” no es una variable adicional, sino el instante impredecible en que la mezcla comienza a comportarse como algo distinto de la suma de sus partes.

La movilización comenzó con pequeños y medianos camioneros y una demanda precisa: contener el alza del diésel. Pronto se sumaron agrupaciones como No Más TAG y otros actores del transporte; los bloqueos parciales alcanzaron diversas regiones. A la discusión sobre el diésel se agregaron el funcionamiento del MEPCO, el impuesto específico, los peajes, el TAG y las tarifas de fletes. “El precio del diésel” comenzaba a transformarse en algo más general: cuánto cuesta circular para trabajar y sostener la vida cotidiana. No aumentaba solamente el tamaño de la protesta; cambiaban sus escalas actoral, temática, territorial y simbólica.

También los propios dirigentes podían ver cómo el movimiento se les desdibujaba. La entrada de otros actores y demandas ampliaba su fuerza, pero al mismo tiempo amenazaba con sobrepasarlos y quitarles el control del proceso. Negociar no era solo conseguir concesiones: era cerrar el conflicto antes de que dejara de pertenecerles.

Ese desplazamiento era especialmente significativo porque el paro poseía una legitimidad social inusual. Criteria registró un 80% de apoyo a la movilización y un 88% de justificación de sus demandas, con respaldo mayoritario incluso entre votantes de derecha. No se trataba únicamente de un sector pequeño utilizando su poder infraestructural para imponer un interés corporativo. Podían coexistir una capacidad desproporcionada de interrupción y un reconocimiento social transversal. Para sumarse al conflicto, otros grupos no necesitaban convertirse en camioneros: bastaba con que reconocieran allí su propio problema.

En varios indicadores, Chile enfrenta hoy un cuadro más adverso que antes del 18 de octubre de 2019: desempleo de 9,8%, frente al 7,3% de entonces; inflación anual de 4,5%, frente al 2,1%; y aprobación presidencial de 18%, mientras Piñera registraba un 33%. A ello se agregan expectativas económicas crecientemente negativas. Estas cifras no predicen un estallido, pero describen un campo en el que una demanda particular puede adquirir resonancias mayores y un Gobierno debilitado dispone de menos autoridad para contenerlas.

También importa el diagnóstico del Informe de Desarrollo Humano 2024 del PNUD: una sociedad que desea cambios, pero duda de su capacidad para producirlos. Seis de cada diez personas creen que “gente como uno” puede hacer poco o nada para cambiar la situación del país. Durante años, el refugio familiar y la expectativa de progreso privado pudieron amortiguar el pesimismo colectivo y la desconfianza en las instituciones. Pero, entre octubre y noviembre, quienes esperaban un empeoramiento de la economía de su hogar aumentaron del 33% al 46%. Cuando se debilita también ese amortiguador privado, dificultades antes vividas como fracasos individuales pueden quedar más disponibles para una traducción colectiva.

Hay, sin embargo, algo que en 2019 no existía: la memoria del propio estallido. Para el Estado es conocimiento causal: una protesta pequeña puede sumar actores, ampliar demandas, expandirse territorialmente y escapar de quienes la iniciaron. Para parte de la ciudadanía es memoria de la violencia, la destrucción y la frustración posterior. Hay más combustible en algunos planos, pero también memoria del incendio. El mismo fantasma que apura al Gobierno puede inhibir a quienes podrían sumarse. La articulación del conflicto, además, de nuevo no fue organizada por los partidos de oposición. Es la propia falla de representación de los partidos de izquierda

El Gobierno actuó antes de saber si el umbral sería atravesado. Acordó revertir el alza de 42 pesos del diésel, agregar una rebaja de cien pesos y congelar los precios hasta marzo de 2027. Su éxito político no consistió solo en terminar un paro, sino en reencauzar hacia un formato sectorial y negociable un conflicto que comenzaba a desbordar su delimitación inicial. Que algunas bases y agrupaciones regionales desconocieran inicialmente el acuerdo muestra que la capacidad representativa de los dirigentes ya se tensionaba.

Fue un éxito táctico, no una solución estratégica. Las condiciones de fondo permanecen y quedó una señal ambigua: una presión suficientemente disruptiva obtiene concesiones. Para impedir que la protesta se generalizara, el Gobierno pudo haber demostrado la eficacia de protestar. Desactivó el conflicto presente, pero dejó información para el siguiente. Una democracia comienza a correr riesgos cuando sus actores aprenden que interrumpir resulta más eficaz que representar.

No podemos observar el contrafactual. Ignoramos qué habría ocurrido cuarenta y ocho horas después, tras una represión, otra adhesión gremial o la aparición de una demanda capaz de unificar agravios. La política preventiva está condenada a decidir antes de saber: si actúa temprano, puede pagar por un riesgo que nunca se habría materializado; si espera la certeza, puede descubrir demasiado tarde que la transformación ya ocurrió.

Esta incertidumbre contrasta con la seguridad de los profetas retrospectivos: quienes, después de cada estallido, se atribuyen el mérito de haberlo anticipado o acusan a otros de no haberlo hecho. Muchas de esas supuestas predicciones fueron diagnósticos generales sobre desigualdad, malestar o pérdida de legitimidad. Señalaban condiciones de posibilidad, pero no indicaban qué conflicto cambiaría de escala, cuándo lo haría ni mediante qué mecanismo. Una vez ocurrido el acontecimiento, los signos dispersos se ordenan y una posibilidad aparece como destino. La clarividencia se construye después del hecho.

No hubo estallido. Esta vez la negociación alcanzó al conflicto mientras aún conservaba interlocutores capaces de cerrarlo. Después del cambio de estado pueden quedar voceros, pero ya no representantes que puedan garantizar que un acuerdo detendrá la dinámica. Los iniciadores pierden el control y el Gobierno ya no puede negociar con un conflicto sin dueño. Antes de ese umbral, la política todavía puede interrumpir la trayectoria. Después, solo intenta alcanzar una dinámica que ya corre por delante de ella. Eso es un estallido: una protesta que ya no tiene dueño.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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