Opinión
Presupuesto 2027: la política pública no es caridad
Cuando el financiamiento depende de ganar un concurso, lo que queda para los años en que no se gana es la caridad.
En Cerro Navia tenemos una lavandería que le decimos La Burbuja y una pastelería que le llamamos Los Copos. Entre las dos llegamos a alrededor de 70 personas con discapacidad intelectual participando. No son empleos, son talleres de apresto laboral, y para muchas familias son lo único que hace la diferencia entre salir de la casa o quedarse encerrado.
Este trabajo es una muestra de lo que puede lograr la sociedad civil. Fue creado hace décadas, porque sentimos que podíamos aportar con eso al país. Según el Censo 2024, casi dos millones de personas en Chile tienen discapacidad. Buena parte de los apoyos que reciben no viene de un servicio público, viene de fundaciones y organizaciones que los sostienen con lo que tienen a mano.
Estos talleres hacen falta porque la puerta del trabajo está casi cerrada. Apenas el 21% de los adultos con discapacidad intelectual tiene empleo, según estimaciones de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia. La Ley 21.690, de 2024, reforzó la ley de inclusión laboral, subió la cuota de contratación y endureció las multas. Es un avance, aunque con el desempleo que hay hoy cuesta que se cumpla. Y mide una sola cosa, cuántas personas con discapacidad están contratadas. Todo lo que ocurre antes, que es lo que permite llegar hasta esa puerta, no entra en esa cuenta.
Y el problema empieza mucho antes. Las escuelas especiales quedaron fuera de la Subvención Escolar Preferencial, de modo que 33 mil estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes no reciben los 72.770 pesos mensuales que sí recibe un estudiante prioritario en cualquier otro colegio. La misma Ley 21.690 reconoce que quien egresa de una escuela especial tiene la enseñanza media completa y puede postular al empleo público. El Estado declara que sirven para trabajar y financia con menos plata a la escuela que los preparó.
Por eso preocupa el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Fusiona tres programas de Senadis, Acceso a la Justicia, Desarrollo Inclusivo Territorial y Tránsito a la Vida Independiente, en uno nuevo que queda con 2.562 millones de pesos, una caída real de 30,9% respecto del presupuesto aprobado para 2026. Al mismo tiempo, amplía la población que puede postular, de 18 a 59 años a 18 años y más. Menos plata repartida entre muchas más personas.
Pero el problema no es solo cuánta plata hay, es cómo llega. Senadis apoya hace años casi exclusivamente por proyectos concursables, que no aseguran la continuidad de ningún proceso. Para una institución pequeña o mediana, eso significa planificar sin saber si el concurso se abrirá, y menos si se lo adjudicarán. A esa incertidumbre se suma la de siempre, si la ley de inclusión laboral se va a cumplir y si las escuelas especiales van a seguir financiadas por debajo del resto. Mientras tanto, las 70 personas llegan todos los días a La Burbuja y a Los Copos, porque su vida no se suspende.
Cuando el financiamiento depende de ganar un concurso, lo que queda para los años en que no se gana es la caridad. Y la caridad alcanza para un año, no para toda la vida. Alberto Hurtado lo decía claramente de otro modo: “La caridad empieza donde termina la justicia”. Primero las obligaciones, después la generosidad.
No lo decimos solos. La Mesa de Discapacidad e Inclusión de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que reúne a más de 280 organizaciones de la sociedad civil, pidió esta semana al Senado revisar esta materia y pedir más información a Senadis y Dipres antes de votar. El Congreso despacha el presupuesto antes de fines de noviembre, así que esto se decide en estos días.
Llevamos 33 años trabajando en el territorio de Cerro Navia y no pedimos que el Estado nos reemplace. Pedimos algo más simple: que reconozca el trabajo que ya existe y lo financie de manera estable. Un taller que funciona hace años no debería tener que demostrar cada doce meses que merece seguir existiendo.
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