Opinión
Ley de Datos Personales: la evaluación de impacto no espera a la Agencia
Con la postergación aprobada, la discusión no termina: se traslada. Diez meses y medio adicionales tienen sentido si se usa para designar el Consejo Directivo, instalar la Agencia y publicar a tiempo las orientaciones que la ley le encarga.
A dos semanas del 1° de diciembre de 2026, fecha en que debía comenzar a regir la Ley N° 21.719, el Congreso despachó a ley el proyecto (Boletín N° 18.623-07) que posterga su entrada en vigencia y refuerza la institucionalidad de la futura Agencia de Protección de Datos Personales. Sin embargo, hay una obligación que ninguna postergación elimina y que no depende de que la Agencia esté funcionando: la evaluación de impacto en protección de datos personales (EIPD).
Principales cambios del Boletín N° 18.623-07
El mensaje proponía trasladar la vigencia al 1° de diciembre de 2027. El Senado lo aprobó el 28 de octubre, por 33 votos contra 6, pero adelantó la fecha al 15 de octubre de 2027. El texto despachado contiene, además, otros dos cambios relevantes:
- Consejo Directivo de la Agencia: pasa de tres a cinco consejeros, designados por el Presidente de la República con acuerdo de dos tercios del Senado. Como regla general, la primera propuesta de consejeros deberá enviarse al Senado a más tardar nueve meses antes de la entrada en vigencia. Pero si al publicarse la ley modificatoria faltan menos de doce meses para esa fecha, como ocurrirá con el 15 de octubre de 2027, la propuesta deberá presentarse dentro de los diez días siguientes a la publicación. El plazo original para designar al primer Consejo (1° de junio de 2026) venció sin que se nombrara a nadie.
- Amonestación durante el primer año: el Ejecutivo propuso extender a todos los responsables la posibilidad de sancionar solo con amonestación escrita durante los primeros doce meses. El Senado eliminó esa propuesta, y la Comisión de Constitución de la Cámara rechazó una indicación para reponerla. Ese beneficio sigue limitado a las empresas de menor tamaño.
Las obligaciones de fondo de la ley no cambian. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados lo aprobó el 17 de noviembre en segundo trámite y, con ello, quedó despachado a ley. Solo restan su promulgación y publicación en el Diario Oficial. Si eso no ocurre antes del 1° de diciembre, la Ley N° 21.719 entrará en vigencia en esa fecha, con el texto aprobado en 2024.
La EIPD: una obligación del responsable, no de la Agencia
El artículo 15 ter que la Ley N° 21.719 incorpora a la Ley N° 19.628 dispone que, cuando sea probable que un tratamiento pueda producir un alto riesgo para los derechos de los titulares, el responsable deberá realizar una EIPD antes de iniciar las operaciones de tratamiento. La exige siempre en cuatro casos: 1) la evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basada en decisiones automatizadas o perfilamiento con efectos jurídicos significativos; 2) el tratamiento masivo o a gran escala; 3) el monitoreo sistemático de zonas de acceso público, y 4) el tratamiento de datos sensibles y especialmente protegidos en las hipótesis de excepción del consentimiento.
Es aquí donde conviene corregir una idea extendida. A diferencia del Reglamento General de Protección de Datos europeo, que obliga a consultar a la autoridad cuando persiste un riesgo residual alto, la ley chilena establece que los responsables «podrán» consultar a la Agencia para obtener recomendaciones. La consulta es facultativa. Por lo tanto, la falta de una Agencia operativa no impide completar la EIPD ni suspende la obligación de hacerla.
El vacío real está en otra parte: la ley encarga a la Agencia publicar una lista orientativa de tratamientos que requieren o no una EIPD, y fijar orientaciones mínimas para realizarla. Mientras esa guía no exista, cada organización deberá decidir con criterio propio qué tratamientos evaluar y cómo hacerlo, guiándose por el contenido mínimo que la propia ley señala: descripción de las operaciones, finalidad, necesidad y proporcionalidad, riesgos y medidas de mitigación.
La experiencia comparada muestra el costo de ese vacío. En España, el RGPD comenzó a aplicarse sobre una autoridad consolidada, con guías y canales disponibles. En Brasil, en cambio, la Autoridad Nacional de Protección de Datos se consolidó después de la entrada en vigor de la LGPD, y la falta inicial de directrices produjo criterios dispares que obligaron a las empresas a ajustar sus evaluaciones a medida que el regulador las publicaba.
El Decreto N° 662, de 2025, del Ministerio de Hacienda, que reglamenta los modelos de prevención de infracciones y que fue tomado de razón el 28 de agosto de 2026, refuerza esta lectura: entre las funciones del Delegado de Protección de Datos incluye asesorar al responsable en el cumplimiento del deber de realizar la EIPD del artículo 15 ter. La evaluación de impacto queda así integrada al programa de cumplimiento y a su matriz de riesgos, no como un trámite ante el regulador.
Qué conviene a las organizaciones hacer de cara a la nueva fecha
Para los equipos de cumplimiento y directorios, la postura más defendible comprende tres acciones:
- Identificar los tratamientos que requieren EIPD y evaluarlos ahora: a partir del inventario o registro de actividades de tratamiento, determinar cuáles caen en las hipótesis del artículo 15 ter. La postergación cambia la fecha, no la obligación, y los tratamientos nuevos que se inicien después de la entrada en vigencia deberán contar con su EIPD previa.
- Documentar la metodología y el riesgo residual: dejar constancia de los criterios utilizados ante la ausencia de orientaciones de la Agencia (por ejemplo, referencias internacionales), de las medidas adoptadas y del riesgo residual aceptado, con su justificación. Es preferible un expediente que reconozca sus límites a uno que simule una certeza que el marco institucional todavía no ofrece.
- Mantener las evaluaciones en revisión: ajustarlas cuando la Agencia publique su lista orientativa y sus orientaciones mínimas y, en los casos de alto riesgo, evaluar si conviene ejercer la consulta facultativa una vez que existan canales para hacerlo.
Una postergación solo sirve si se usa
Con la postergación aprobada, la discusión no termina: se traslada. Diez meses y medio adicionales tienen sentido si se usa para designar el Consejo Directivo, instalar la Agencia y publicar a tiempo las orientaciones que la ley le encarga. De lo contrario, en octubre de 2027 las organizaciones enfrentarán el mismo escenario: obligaciones exigibles sin las guías necesarias para cumplirlas de manera uniforme.
Para las empresas, la conclusión es más simple: la evaluación de impacto no depende de la Agencia ni de la fecha que fijó el Congreso. Quienes la hagan ahora tendrán resuelta buena parte de la adecuación, cualquiera sea el calendario final.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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