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OpenAI en Chile: ¿quién gobierna las promesas del progreso?
El riesgo para Chile no consiste simplemente en utilizar herramientas de OpenAI. Consiste en que la urgencia por modernizar el Estado termine concediendo a una corporación una influencia desproporcionada sobre las capacidades y prioridades que deberían construirse mediante decisiones públicas.
Las estrategias nacionales de inteligencia artificial no son únicamente instrumentos regulatorios ni programas destinados a incorporar nuevas tecnologías. También constituyen formas mediante las cuales los Estados intentan gobernar la incertidumbre, estabilizar expectativas y construir representaciones de un futuro deseable, a su manera. En sociedades donde las promesas tradicionales de progreso han perdido parte de su capacidad para ofrecer certezas, la inteligencia artificial aparece como una nueva posibilidad de modernización, eficiencia y control sobre procesos cada vez más complejos. Sin embargo, detrás de esta promesa emerge una controversia que merece mayor atención, como ¿quién está adquiriendo el poder para definir ese futuro?
El reciente acuerdo entre el Ministerio de Ciencia de Chile y OpenAI permite observar una dimensión particularmente significativa de esta transformación, no porque inaugure la relación entre Estados y corporaciones, una historia tan antigua como el propio capitalismo moderno, sino porque introduce nuevas posibilidades de influencia empresarial sobre las capacidades institucionales, los conocimientos y las decisiones que orientan la acción pública.
La relación entre Estados y corporaciones atraviesa la historia del capitalismo moderno, desde las compañías comerciales de la expansión colonial hasta las grandes empresas industriales y tecnológicas. Karl Polanyi mostró cómo la economía, históricamente incrustada en las relaciones sociales, terminó subordinando progresivamente estas últimas a las exigencias del mercado.
La inteligencia artificial reactualiza esta tensión, pero introduce una dimensión particularmente significativa: las corporaciones no solo proporcionan infraestructuras y servicios, sino que pueden influir en la producción del conocimiento, las capacidades institucionales y las prioridades que orientan la acción pública. La cuestión es hasta qué punto la modernización del Estado responde a un proyecto colectivo o comienza a organizarse alrededor de intereses corporativos.
El memorándum firmado el 16 de noviembre por la ministra Ximena Lincolao se inscribe en OpenAI for Countries, una iniciativa lanzada en 2025 para promover la cooperación con gobiernos en materia de infraestructura, adopción tecnológica y modernización de servicios públicos. La empresa presenta estas alianzas como una vía para fortalecer capacidades nacionales. Sin embargo, su expansión también responde a una estrategia corporativa de posicionamiento internacional, en un mercado donde el control de modelos, infraestructuras y conocimientos tecnológicos se encuentra extraordinariamente concentrado.
El acuerdo chileno no establece al menos en el papel exclusividad ni compromisos inmediatos de inversión o contratación. Pero contempla un grupo de trabajo conjunto encargado de identificar prioridades, explorar aplicaciones, organizar programas de formación y establecer indicadores de éxito. Es precisamente aquí donde aparece el problema más relevante. Una empresa interesada comercialmente en la expansión de sus tecnologías podrá participar en espacios donde se definirán necesidades y orientaciones de instituciones públicas.
La influencia corporativa sobre el Estado no comienza cuando se adjudica un contrato, se privatiza un servicio o se transfieren recursos. Puede comenzar mucho antes, cuando las empresas participan en la definición de los problemas que los gobiernos consideran prioritarios, en la formación de sus capacidades y en la construcción de las expectativas que orientarán sus decisiones.
Esta posibilidad adquiere especial importancia en el ámbito de la inteligencia artificial. La formación de funcionarios y funcionarias puede fortalecer capacidades públicas, pero también familiarizar a las instituciones con un ecosistema tecnológico determinado. Del mismo modo, indicadores como el ahorro de tiempo, la adopción de herramientas o la satisfacción de las personas usuarias pueden demostrar mejoras administrativas sin revelar qué autonomía adquiere el Estado para comprender, modificar o sustituir las tecnologías utilizadas.
La tensión es evidente: un gobierno puede aumentar su capacidad operativa y, simultáneamente, profundizar su dependencia de quienes proporcionan los instrumentos para ejercerla. La eficiencia no garantiza autonomía, del mismo modo que la adopción tecnológica no equivale necesariamente al desarrollo de capacidades científicas e industriales propias. La filosofa española Carissa Véliz recuerda que, durante el Holocausto, los registros de población facilitaron la identificación y persecución de personas judías. Sin establecer equivalencias históricas, su advertencia sigue siendo pertinente: el conocimiento acumulado para administrar una sociedad también puede convertirse en un instrumento de dominación. El problema, por tanto, excede la privacidad y alcanza al control político de la información.
Y por otro lado, Cecilia Rikap ha examinado cómo las grandes corporaciones tecnológicas concentran poder mediante el control del conocimiento y las infraestructuras digitales, produciendo relaciones de dependencia que exceden ampliamente la propiedad de los datos. En Chile, la socióloga Carolina Gainza y otras investigadoras han advertido sobre el riesgo de consolidar una inserción subordinada en la economía tecnológica internacional. Estas preocupaciones adquieren una dimensión adicional cuando las empresas no solo comercializan soluciones, sino que participan en la construcción de las capacidades institucionales que permitirán utilizarlas.
La expansión internacional de OpenAI for Countries muestra, además, que estas relaciones no responden a un único modelo. En Emiratos Árabes Unidos, la iniciativa Stargate UAE contempla un gran centro de computación en Abu Dabi, desarrollado junto con empresas como G42, Oracle, Nvidia, Cisco y SoftBank, además de inversiones vinculadas a infraestructura estadounidense. Se trata de una estrategia que combina recursos financieros, ambición geopolítica y una estrecha articulación entre Estado y corporaciones. La magnitud de la inversión permite al país negociar desde condiciones distintas a las chilenas, aunque tampoco elimina necesariamente su dependencia respecto de tecnologías controladas por proveedores extranjeros.
En América Latina, Argentina ofrece otro antecedente significativo. En octubre de 2025, OpenAI y Sur Energy firmaron una carta de intención para explorar un proyecto de infraestructura de gran escala, presentado como una posible primera instalación Stargate en la región. No es un acuerdo equivalente al chileno ni supone que la infraestructura se haya construido, pero revela cómo estas iniciativas se insertan en estrategias nacionales de desarrollo, inversión y posicionamiento internacional. En ambos casos, la promesa tecnológica se articula con expectativas de progreso económico, aunque mediante instrumentos y capacidades muy diferentes.
Esta comparación permite identificar una tensión más profunda. Los Estados buscan reducir la incertidumbre mediante tecnologías cuya producción y evolución dependen de un número limitado de corporaciones. Al hacerlo, pueden terminar ampliando la influencia de esas empresas sobre los horizontes de desarrollo que pretenden construir. La promesa de autonomía tecnológica convive así con nuevas formas de interdependencia asimétrica.
Tampoco podemos ignorar la dimensión geopolítica. OpenAI for Countries fue presentado como una iniciativa desarrollada en coordinación con el Gobierno estadounidense, mientras que la alianza chilena cuenta con el apoyo de un programa del Departamento de Comercio de Estados Unidos orientado a promover exportaciones tecnológicas. La cooperación no se desarrolla, por tanto, en un espacio neutral. Forma parte de una competencia internacional por mercados, infraestructuras, conocimientos y capacidad de influencia.
En este contexto, resulta especialmente cuestionable que la discusión pública chilena se concentre en si el “memorándum” implica gastos inmediatos o compromisos contractuales. La ausencia de una compra no elimina sus posibles efectos institucionales. Por el contrario, obliga a examinar con mayor atención qué condiciones se están estableciendo antes de cualquier contratación.
¿Qué evaluación independiente justificó esta cooperación? ¿qué alternativas fueron consideradas? ¿cómo participarán las universidades públicas, los centros de investigación y las comunidades científicas nacionales? ¿qué garantías permitirán evitar dependencias tecnológicas difíciles de revertir? Y, sobre todo, ¿por qué una corporación debería participar en la definición de prioridades públicas antes de una deliberación suficientemente amplia sobre el proyecto tecnológico del país?
Estas preguntas no implican rechazar la cooperación internacional ni desconocer los beneficios que la inteligencia artificial puede ofrecer a la administración pública. Significan reconocer que las relaciones entre Estados y corporaciones están atravesadas por desigualdades de poder que no desaparecen mediante declaraciones de colaboración o innovación.
La historia del progreso demuestra que las tecnologías pueden ampliar extraordinariamente las capacidades colectivas sin distribuir de manera equivalente el poder sobre sus beneficios y consecuencias. La inteligencia artificial reactualiza esta contradicción en un escenario donde el conocimiento, la infraestructura y las expectativas sobre el futuro se encuentran cada vez más concentrados.
El riesgo para Chile no consiste simplemente en utilizar herramientas de OpenAI. Consiste en que la urgencia por modernizar el Estado termine concediendo a una corporación una influencia desproporcionada sobre las capacidades y prioridades que deberían construirse mediante decisiones públicas, conocimiento independiente y deliberación democrática, porque la autonomía estatal no se erosiona únicamente cuando se entrega una función pública. También puede debilitarse cuando se pierde la capacidad de decidir qué funciones deben transformarse, mediante qué tecnologías y al servicio de qué proyecto de sociedad. Y esa es la cuestión que el acuerdo debería abrir: no cuánto puede modernizarse Chile gracias a OpenAI, sino quién tendrá el poder de definir el futuro que esa modernización promete.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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