EDITORIAL
Víctor Huenante/Agencia Uno
Hoy, viernes 15, el Pleno del Consejo Constitucional comienza a votar las enmiendas presentadas al texto base que acordó y redactó el grupo de expertos designado por las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria. Muchas de estas enmiendas son expresiones de agendas identitarias y partisanas, y fueron preaprobadas en comisiones controladas por la extrema derecha. Esta vez, el peso de la prueba está en la centroderecha política: ¿se dejará arrastrar o no por la ultraderecha? ¿Le dará Chile Vamos los votos al Partido Republicano para que imponga enmiendas que intoxican el borrador de los expertos?
El país enfrenta un proceso institucional de plazo breve, quizás el más importante de su historia como República: redactar un texto de Constitución Política posrechazo del texto plebiscitado el 4 de septiembre de 2022, en un nuevo y último esfuerzo, para ser sometido a referéndum ciudadano de voto obligatorio en diciembre de este año.
El momento es muy delicado, porque el juego pendular de la política en los últimos años ha generado una desorientación cívica de carácter integral, que mueve la política y las opciones de pacto constitucional de un extremo a otro. Esto, olvidándose que una Constitución, en una sociedad democrática, no puede ni debe ser partisana ni programa de gobierno, sino que el marco general normativo y de principios para que los hechos sociales y políticos –colectivos o individuales– puedan expresarse, con la sola limitación de adherir a ella.
Hoy, viernes 15, el Pleno del Consejo Constitucional empieza a votar las enmiendas presentadas al texto base que acordó y redactó un grupo de expertos, mandatados para tal efecto por las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria. Enmiendas aprobadas por las comisiones del Consejo, controladas por la ultraderecha, muchas de ellas meras expresiones de agendas identitarias o acápites de sus programas de gobierno, demasiado distantes de lo que algunos han denominado la “casa común” que Chile necesita: pocas pero buenas reglas de convivencia y de organización del poder.
Cuidar el texto constitucional propuesto por los expertos –amplia y públicamente reconocido como aceptable por un vasto espectro político–, llegando a acuerdos razonables y aceptables en el Pleno del Consejo, que no signifiquen torcerlo o violentarlo, permitirá (o puede permitir) que el proceso constituyente termine bien, con una nueva Constitución aceptada por la ciudadanía en diciembre de este año, culminando así positivamente este agotador ciclo constituyente.
No se debe tirar por la borda lo avanzado hasta ahora, imponiendo –la actual mayoría circunstancial de extrema derecha– normas maximalistas que pondrían en serio riesgo la aprobación del texto. No tropecemos dos veces con la misma piedra.
Ambos extremos continúan empeñados en hacer imposible la redacción de un texto que permita la adhesión ciudadana a él. Chile es una sociedad que tiene vocación democrática, libertaria y de equidad social, y que solo desea no sentirse amenazada en sus opciones esenciales de bienestar y derechos hacia el futuro.
El texto base de la nueva Constitución elaborado por la Comisión Experta, perfectible como todos los documentos de esta naturaleza, es un aporte valioso y equilibrado que expresa una importante base de consenso político. La votación que se inicia hoy no debiera desestructurar o desechar ese punto de partida, aprobando enmiendas que nieguen la racionalidad y el diálogo que caracterizaron su elaboración.
La responsabilidad de llevar a buen término el proceso constitucional actual depende de la buena voluntad de todas las fuerzas políticas, pero –ahora– especialmente de aquellas que son mayoría por capacidad propia o posibilidades de alianza con sectores ideológicos afines o cercanos, tal como ocurre con Republicanos y Chile Vamos y que, en este caso en particular, tienen en sus manos resolver con racionalidad y equidad, o –por el contrario– imponer un sello autoritario y estrecho a la propuesta.
La historia republicana de Chile no es breve en sus ensayos institucionales y formas de gobierno. Así lo plasma Julio Heise González en su ensayo 150 Años de Evolución Institucional (1960). Períodos consecutivos caracterizados por cambios culturales y de época, y no pocos sucesos sociales y políticos, controvertidos o violentos. El periodo más cercano, que va de 1973 hasta hoy (el libro de Heise se publicó en 1960), tuvo 17 años de dictadura militar, con la Constitución de 1980 que nos rige, legalizada en un lento proceso de reemplazo. Y debiera terminar, si todo sale bien, en diciembre de 2023 con la legitimidad de una nueva Carta Magna, aprobada en un referéndum.
En ese andar histórico es posible encontrar el ADN institucional del país, bien representado en el texto elaborado por la Comisión Experta y que la votación que se inicia hoy puede respetar o no. Tal como señala Heise al final de su breve ensayo, “el problema medular de toda democracia es procurar las mejores condiciones de vida al mayor número de seres humanos. Para que el Estado democrático sea capaz de ello, es necesario vigorizarlo desde el punto de vista de su estructura política, (…) y muy particularmente desde el punto de vista de su espíritu, fundándolo en un auténtico sentimiento de comunidad”.
Ni más ni menos, eso es lo que se decide a partir de hoy en las votaciones del Pleno del Consejo Constitucional. Esta vez, el peso de la prueba está en la centroderecha política: ¿se dejará arrastrar o no por la ultraderecha? ¿Le dará Chile Vamos los votos al Partido Republicano para que imponga sus enmiendas que intoxican el borrador de los expertos?
