De todos los remezones políticos del 2002, el más duro fue el generado por una serie de denuncias por supuestas irregularidades que habrían cometido funcionarios de gobierno al momento de adjudicar las plantas de revisión técnica de la Sexta Región. El caso terminó por involucrar a conspicuos personeros de la Concertación.
Puede no ser el primer escándalo de dineros que enfrenta el gobierno de Ricardo Lagos -el 2001 el caso indemnizaciones le costó al menos un par de puntos en las municipales-, pero es el primero que amenaza con echar abajo a gran parte del gabinete, con desarmar la Concertación para siempre y con asegurarle a Joaquín Lavín la presidencia el 2006.
Esta vez, la crisis generada por el Caso Coimas que se desató a mediados de octubre tras la publicación de la revista Qué Pasa, es más profunda: la derecha ha dicho, no sin cierta razón, que la alianza de gobierno perdió la superioridad moral que la había caracterizado: en el gobierno cada cierto tiempo alguna voz recordaba que varios pinochetistas pasaron de empleados a dueños de empresas del Estado, mientras que ellos podían ufanarse de que los hombres que componían la multipartidaria habían venido a servir al Estado, no a servirse de él, y que el Parlamento, por muy bajo que estuviera entre las instituciones más confiables, no había sido penetrado por la corrupción.
El caso coimas lo cambió todo y el año fácilmente podría dividirse en un antes y un después. Un "antes" caracterizado por un intento de reafirmar la agenda legislativa del gobierno donde se destaca la reforma a la Salud, la ley de divorcio, el término de la censura cinematográfica y la búsqueda de consenso en torno a las reformas constitucionales; y un "después" cuyo vértice son las medidas relativas a la Agenda Probidad y el esperado cambio de gabinete con que Lagos pretende, a semanas de cumplir tres años de gobierno, dar un golpe de timón y comenzar de nuevo.
En las principales denuncias que han remecido a la opinión pública la prensa ha tenido un papel fundamental. La rebelión que empezó hace algunos años, con directores de medios que no se resignaban sólo a recoger declaraciones, sino que exigían hechos, se ha asentado gracias a que el desprestigio de la clase política la ha vuelto un blanco más fácil en la medida que la prensa va descubriendo -y a veces creando- nuevos escándalos. Es un círculo que no terminará sino que, por el contrario, se incrementará, y para el cual no parece haber más antídoto que la más amplia apertura informativa.
Pero la Concertación atenta contra la propia Concertación. El Caso Coimas reveló que los mismos funcionarios llevan años ejerciendo en distintos cargos, pasando por el aparato del Estado protegidos por sus partidos. El caso de Alejandro Chaparro es todo un símbolo: cuando el nuevo intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, decidió llenar los cargos de seremi mediante concurso público a través de la consultora Ernst & Young -proceso que fracasó debido a la presión de los partidos por poner a sus hombres en los cargos- Alejandro Chaparro fue elegido para la seremi de Transportes. El nuevo ministro Javier Etcheberry se opuso, pero entonces Trivelli le consiguió un puesto en la Intendencia para el cual no se requería concurso público. El estallido del Caso Coimas pilló a Chaparro como miembro del directorio de una sanitaria.
Algunas "muertes" políticas
Entre los más afectados por el Caso Coimas y a la espera de la resolución que tome la Corte Suprema -la Corte de Apelaciones de Rancagua sólo dejó fuera del caso al PPD Aníbal Pérez- vienen con la recomendación de ser desaforados los diputados PPD Víctor Manuel Rebolledo, el socialista Juan Pablo Letelier, el el radical Eduardo Lagos y los dos parlamentarios de la DC Jaime Jiménez y Cristián Pareto. Además como piezas fundamentales de todo el caso están el ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini y dos ex militantes del PPD: Eric Leyton y Alejandro Chaparro, este último es jefe de gabinete de Carlos Cruz en Transportes.
A los parlamentarios se les investigó por haber usado su influencia para evitar el cierre de las plantas de revisión técnica, como sería el caso de Juan Pablo Letelier, o por haber recibido o solicitado pagos por realizar gestiones ante las autoridades de Transportes, como parece ser el caso de Pareto y Jiménez. Además del escándalo, la Concertación se arriesga a perder su frágil mayoría en la cámara a tres años de que concluya el mandato del Presidente Lagos.
En el caso puntual del ex subsecretario de Transportes, el terremoto político le significó no asumir la presidencia del Partido Radical, razón por la cual había dejado su cargo en el gobierno. En la DC no fueron menores la consecuencias, pues el timonel del partido, Adolfo Zaldívar; la mesa de la colectividad y el Tribunal Supremo decidieron expulsar a Jiménez y Pareto. Ambos habían iniciado la denuncia sobre el caso coimas, pero a poco para el partido había aspectos poco claros de su labor fiscalizadora, principalmente una reunión con el empresario de plantas de revisión técnica Alejandro Denham, quien los acusó de pedirle dinero a cambio de nuevas concesiones. Más tarde se sabría que Carlos Filippi les dio dinero para hacer gestiones a favor de la reapertura de su planta.
El PPD llevó el tema a su tribunal disciplinario y allí fueron expulsados Chaparro y Leyton. La situación de Rebolledo todavía depende de la resolución que adopte la Suprema, mientras que Pérez quedó fuera del caso durante la tramitación en la Corte de Apelaciones de Rancagua, aunque ahora se investiga otra denuncia que realizó un ex seremi de la zona.
Como siempre, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora para el caso, que si bien no tiene atribuciones para sancionar a los parlamentarios, al menos hará recomendaciones de cómo debe ser su proceder al momento de fiscalizar. La presidencia, en manos del RN Arturo Longton, ya ha adelantado que está claro que hubo actuaciones irregulares de los involucrados.
El caso coimas también salpicó a la derecha cuando salió a flote una denuncia contra el diputado UDI Mario Escobar (UDI) por presuntas irregularidades mientras era director ejecutivo de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, hecho conocido como el caso alpacas y que generó la presentación de una querellas por apropiación indebida de dinero y eventual estafa.
¿Quiebre en la Concertación?
El caso coimas le trajo otras consecuencias a la Concertación, esta vez de carácter interno. Por lo pronto, provocó que el PPD acusara a la DC de armar una especie de guerra sucia en su contra, motivada por el aumento que experimentó el partido del león en la parlamentarias del 2001, pero también en la búsqueda desesperada del timonel colorín de una fórmula que le permitiera diferenciarse de la Concertación y de la gestión del Presidente Lagos a fin de recuperar terreno en las próximas contiendas electorales.
Para detener la avalancha y tras reconocer el propio Mandatario que esta era la crisis más grave de la Concertación, encomendó comenzar a trabajar en una serie de medidas para hacer más transparente la labor pública, incluido un fuerte ajuste en los sueldos de las altas autoridades de gobierno, así como varias iniciativas para hacer claridad sobre el destino de los recursos provenientes del Estado. El proyecto estrella de Lagos será una ley de gasto electoral y financiamiento de las campañas políticas.
Algunas de estas iniciativas ya ingresaron al Congreso y además el Ejecutivo ya entregó un detallado cronograma de cómo quería que avanzaran.
Ricardo Lagos y su difícil convivencia con Adolfo Zaldívar.
Tras varias escaramuzas ampliamente difundidas por la prensa, Camilo Escalona, presidente del PS, fue virtualmente mandatado por Lagos para recomponer las relaciones al interior del conglomerado. Tras un largo intercambio epistolar por parte de todos los timoneles oficialistas -pues Adolfo Zaldívar se negó en un inicio a reunirse con sus homólogos- se determinó crear una comisión conocida como "Grupo de los Ocho" -integrada por los secretarios generales de las colectividades y los vicepresidentes- a fin de sentar los principales lineamientos de lo que será -se cree- una nueva etapa del pacto concertacionista.
En la misma alianza se produjo otro suceso ampliamente comentado: la salida del senador Nelson Avila de las filas de la Concertación y el PPD. Avila justificó su decisión en que el conglomerado había perdido el norte ético que le dio origen y el PPD, en consecuencia, decidió borrarlo de sus registros tras consultar a su Tribunal Supremo, pero ahora Avila anuncia que incluso recurrirá a los tribunales para volver al partido.
El senador por la Quinta Región costa no ha negado su intención de transformarse en una carta presidenciable que represente a aquellos que están "desencantados" de la Concertación, lo que en la práctica podría significar una pérdida no despreciable de votos para el sector oficialista en las elecciones venideras.
En la DC, la conducción de Zaldívar ha experimentado una crítica no menor, al punto que se conformó el llamado grupo de los disidentes que espera, durante la Junta Nacional de enero, que el partido se decida por un rumbo abiertamente concertacionista, en contraposición al convencimiento de Adolfo de que la Concertación se terminó, al menos como la conocemos hasta el momento. El PPD también hará lo suyo luego de que el modelo fiscalizador encontrara algunas barreras entre sus mismos militantes. Dos nombres suenan para suceder a Guido Girardi: Carolina Tohá y Víctor Barrueto.
Finalmente, un asunto que llenó varias páginas de los principales medios fueron las reformas constitucionales, una de las iniciativas a las que el gobierno desea poner fin en el más breve plazo. La discusión se ha centrado en la reforma al sistema electoral y como en este plano no hay consenso, todavía quedan algunos importantes puntos por debatir con la oposición.
De dulce y de agraz
Cuando se pensaba que el tema militar no sería tema durante el gobierno de Ricardo Lagos, una bomba vino a detonar en el seno de la FACH. La Nación reveló que el Comando Conjunto se estaba rearticulando. Aunque la denuncia no pudo ser probada por los tribunales, el diario también reveló la existencia de una mujer cuyo nombre no podía ser mencionado en tribunales, pues estaba casada con un general de la Fuerza Aérea, un miembro del alto mando. La lápida la puso El Mercurio cuando reveló que ese oficial, el general Patricio Campos, había sido comisionado por el comandante en jefe, Patricio Ríos, para recopilar la información de la Mesa de Diálogo.
El trabajo posterior del juez Mario Carroza probaría que éste ocultó información y volvería a tender un manto de dudas sobre la veracidad de la información entregada por las Fuerza Armadas. Campos arrastraría en su caída a su comandante en jefe, cuya mala elección y posteriores errores políticos no se le perdonarían. Meses después la esposa de Campos, la mujer que detonó la caída de Ríos, sería procesada como cómplice de secuestro calificado.
Fue un duro golpe, sobre todo porque el general Juan Emilio Cheyre, elegido en diciembre de 2001 para encabezar el Ejército y que asumió el 10 de marzo pasado, estaba dando pruebas de modernidad, como cuando anunció que las mujeres podrían acceder a , y acercamiento al mundo civil al afirmar que en el Ejército había una nueva doctrina: plena colaboración con los tribunales de justicia.
El 4 de julio, incluso, el gobierno había cumplido una de sus más caras metas: sacar a Pinochet de la vida activa. Aunque en rigor no iba al Senado desde hacia cuatro años, cuando fue sobreseído definitivamente en el proceso por la Caravana de la Muerte la Concertación se asustó: podría volver al Senado sin inconvenientes. Mientras la Concertación reunía firmas para evitarlo por la vía legal, la familia del retirado general iniciaba su propia ofensiva para convencerlo de "jubilar" de la forma más digna posible. Finalmente, el cardenal Francisco Javier Errázuriz entregó al presidente del Senado, Andrés Zaldívar, la misiva mediante la cual Pinochet renunció a la senaduría vitalicia y cerró así un larguísimo capítulo donde Pinochet fue actor principal de la historia nacional.
_______________
