La herencia que dejó el cuestionado grupo -el «hurto» de papeles de la Corfo por US$100 millones- abrió un conflicto entre sus involuntarios afectados: el gobierno y el sistema financiero. Conozca también la actualidad judicial en el caso.
Incertidumbre es la palabra que más resonaba ayer entre los diferentes actores y operadores del mercado de capitales. Versiones que iban desde el tranquilizador «mañana no va a pasar nada especial, quizás algunas empresas van a tener problemas de caja cuando no les paguen sus papeles, pero nada más», hasta la apocalíptica presunción de que se producirá una «corrida» en el mercado, que terminará con algunas cesaciones de pago, colas y otras desgracias.
Ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, le bajó el perfil al tema, señalando que la cantidad de dinero comprometida en estas operaciones fraudulentas no era más que el 0,1 por ciento de lo que se transa diariamente en el mercado chileno, buscando dar una señal de tranquilidad al sector bursátil y de valores.
Lo que está claro es que a partir de ayer el mercado de capitales ha estado bastante inestable, con intervenciones del Banco Central tratando de dar señales, que no han sido necesariamente bien recibidas por los actores. «La máquina está un poco trancada y puede trancarse aún más», señaló una fuente. De hecho, en la mañana del lunes el Central trató de colocar papeles sin buenos resultados y en la tarde salió a comprar instrumentos, para aportar liquidez, con incredulidad del mercado.
Según explicó otra fuente, para entender el problema que hoy vive el mercado de capitales, hay que comprender que «el tiempo financiero es diferente del tiempo judicial», ya que si bien es cierto el total involucrado en el problema de la circulación de los papeles Corfo es de aproximadamente de sólo US$100 millones, lo que ocurre es que cuando la Corfo avisa que ha dado orden de no pago a los documentos y que no los pagará a sus tenedores, y que serán los tribunales de justicia quienes tendrán que determinar quién legítimamente puede cobrarlos, el mercado sabe que la solución es a largo plazo y que -entre tanto- habrán muchas personas e instituciones con problemas de liquidez.
La dictación de medidas judiciales decretadas ayer a solicitud de la Corfo, de incautación y prohibición de celebrar actos y contratos, le dan seguridad a este órgano de mantener un «statu quo» mientras se tramita el juicio (y se determina quién es el verdadero y legítimo dueño de los papeles), pero consolida la situación de «frenazo» al mercado de capitales.
En un problema como éste, no aparecen como conciliables las necesidades de la Corfo por proteger su patrimonio con las necesidades del sistema financiero de tener continuidad en operaciones que se cierran minuto a minuto, donde están comprometidos la confianza, la fe pública y la estabilidad del sistema.
Paralelamente, la SVS ha oficiado a las instituciones bajo su supervisión y que sean tenedoras de papeles Corfo, para que los castiguen a valor «cero».
Pugna gobierno-privados
Durante la jornada de ayer, quedó más claro que nunca que el gobierno no quiere responder por los delitos de que fue víctima la Corfo, más allá de la responsabilidad política asumida al renunciar el vice presidente ejecutivo de la entidad. Sobre todo, no quiere «meterse la mano al bolsillo» y ser él quien pague los documentos, ni aún para garantizar la buena marcha de los mercados. En esta línea han cerrado filas los personeros gubernamentales, partiendo por el propio Presidente de la República, con su controvertido ejemplo del «robo del jarrón».
Por su parte, los actores privados del mercado de capitales se han unido en torno a la exigencia de que la Corfo responda y pague, dada la buena fe con que terceros habrían adquirido los instrumentos financieros «sustraídos» (los actuales tenedores), máxime si en el origen del lío estaría una gruesa falla en los controles y procedimientos internos de la Corfo. La Asociación de Bancos dio una clara señal en este sentido.
Puede complicarse la estrategia de la defensa gubernamental, si se comprueba el rumor que circula por los mercados de que la entidad que apareció «circulando» los papeles de la Corfo, en muchos casos, fue CB Capitales y no Inverlink. Con esto, no cabría aplicar el argumento del ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, en el sentido de que quien compró a Inverlinck sabía que podía estar comprando un problema y pagando mal.
Todo vendido
En tanto, aunque no existe todavía una información oficial al respecto, ha quedado claro que la totalidad de los cien millones de dólares (75 mil millones de pesos) en papeles de la Corfo circularon y se comercializaron profusamente en el mercado de capitales antes de que «explotara» el caso el viernes último, habiéndolos adquirido terceros aún por determinar. Con esto, se descarta la versión entregada por Monasterio durante el fin de semana consistente en que dichos papeles sólo se habrían utilizado para garantizar algunas operaciones de la corredora de bolsa Inverlink, pero que no se habrían vendido.
Según exigencias de la Superintendencia de Valores y Seguros hoy a mediodía todos los actores del mercado de capitales deben informar dónde están los papeles Corfo y quién los adquirió, trabajo nada de sencillo si se tiene presente que muchos de ellos han tenido varios propietarios durante su circulación por el mercado. Por lo que se ha sabido, la mayor parte de los documentos Corfo transados son depósitos bancarios a plazo tomados por el órgano público de fomento en bancos de la plaza, aunque también existen «papeles» emitidos por otros órganos, que habrían sido adquiridos por la Corfo como inversión.
Luego, la recuperación de dichos instrumentos por la Corfo -tan reforzada en estos días por el gobierno-, será bastante más compleja de lo que se pensaba y augura una larga batalla judicial.
La importancia de llamarse Moya
Aparece como un punto central en la disputa entre la Corfo y el sistema privado el rol que jugó el ex jefe de la mesa de dinero de la Corporación de Fomento, Javier Moya. Según la entidad estatal, el operario habría sustraído ilícitamente documentos valorados desde la caja de seguridad de la Corfo y los habría endosado, sin facultades para ello, para que pudieran circular por el sistema financiero, todo con la connivencia de la corredora Inverlink, que hizo las utilidades.
Por su parte, los agentes privados han sostenido que Javier Moya sí tenía poderes de la Corfo para entregar y endosar los documentos, lo que, de ser efectivo, pondría en serios aprietos a la estrategia gubernamental. De hecho, ha circulado por los medios de comunicación una copia de una resolución del Vicepresidente Ejecutivo de la Corfo, donde aparece estampada la autorización del secretario general de la entidad, Yerko Koscina, que señala y pormenoriza poderes bastante amplios para operar en el sistema financiero por parte de Moya, pero personeros de la Corfo enfatizan al respecto de que dichos poderes no incluyen -para nada- la facultad para endosar documentos en favor de terceros.
Aún no se sabe con exactitud desde cuándo Javier Moya entregaba y/o endosaba los papeles de la Corfo a Inverlink, pero se presume que desde hace no menos de un año, cuestión que habría sido descubierta cuando la «bicicleta» de Inverlink se «trancó», con el descubrimiento de la fuga de información desde el Banco Central, y un banco «sospechó» de los papeles (el Banco Santander) y dio aviso a la Corfo.
Y ahora, qué pasa con Massad
Con la renuncia de Gonzalo Rivas, al asumir su responsabilidad política y, eentualmente, administrativa por el problema generado con la comercialización ilegal de documentos valorados de la Corfo por 100 millones de dólares, ha quedado en el aire y en la mente de los actores políticos y económicos la evidente pregunta de si Massad también renunciará a su cargo, asumiendo así la responsabilidad por la fuga de información privilegiada desde el Banco Central hacia Inverlink, y, posiblemente, también hacia otros actores relevantes del mercado.
Máxime después de la carta que le dirigió la directiva de su propio partido, la Democracia Cristiana, donde le conmina «a asumir su responsabilidad».
Y dónde está la plata
La gran pregunta que ronda por todas partes, incluídos los círculos judiciales, es a dónde fueron a parar los, aproximadamente, 75 mil millones de pesos que pudo haber recaudado Inverlink gracias a la comercialización ilegal de los papeles de la Corfo.
Poco o nada se sabe al respecto, pero es posible que parte importante de dicha cifra, más o menos, 45 mil millones de pesos, habrían sido destinados por el grupo de Monasterio a pagar a los participantes de sus tres fondos mutuos.
El megaministro
Uno de los primeros pasos que deberá dar el ministro Patricio Villarroel tras recibir la autorización del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago para hacerse cargo de todas las investigaciones que se llevan actualmente contra el holding Inverlink, es ordenar las diligencias necesarias para definir la situación procesal de las cinco personas contra quienes ayer se despacharon órdenes de detención.
Ellos son Eduardo Monasterio, uno de los dueños y fundador de Inverlink, quien quedó detenido ayer en la Bridec y que debiera ser puesto hoy a disposición del tribunal; el jefe de la mesa de dinero de la Corfo, Javier Moya; y los operadores de Inverlik Luis Hernández Palma, ex funcionario de la Corfo, Patricio Collarte López y Eduardo Tapia Donoso. Todos ellos pueden ser procesados por malversación de caudales públicos o fraude al Fisco, en distintas participaciones.
El magistrado también deberá definir en los próximos días si somete a proceso a Cristián Schultz y José Torres, quienes fueron detenidos, ayer, por su responsabilidad en la causa por filtración y uso de información privilegiada proveniente del Banco Central a la empresa de Monasterio, a través de la ex secretaria de la entidad, Pamela Andrada.
Schultz y Torres, que enfrentan un posible procesamiento por obstrucción a la justicia, habrían participado en el borrado del disco duro del computador del ex gerente general de Inverlink, Enzo Bertinelli.
Juntos, pero no revueltos
Además, el ministro Villarroel deberá decidir hoy si tramita o no por cuerdas separadas las dos investigaciones en que Inverlink aparece efectuando acciones con caracteres de delito, es decir, la fuga de información desde el Central y el uso indebido de papeles de la Corfo. Es altamente probable que las causas sean investigadas en cuadernos aparte ya que, si bien algunos nombres se repiten (la eventual responsabilidad de Monasterio en ambas) se trata de delitos distintos cometidos en distintas fechas.
Asimismo, el magistrado deberá ratificar las órdenes de investigar ya despachadas a las unidades de la policía civil que se encontraban trabajando hasta ayer en el tema de la Corfo, decretar algunas nuevas o despachar órdenes distintas. También estará a la espera de la realización de diversos informes encargados a distintos organismos que se encuentran trabajando para entregar información valiosa al proceso, como son la Superintendencia de Valores y Seguros y la misma Corfo.
Según avancen las diligencias, el ministro también podrá citar a declarar en el caso Corfo-Inverlink a distintas autoridades del organismo estatal, como también a los representantes de las entidades financieras que adquirieron los papeles «hurtados» desde el ente público por Javier Moya, a fin de establecer si las compras se realizaron en el marco de los procedimientos legales establecidos para estas ventas.
Otra de las tareas del ministro durante el transcurso de la investigación será determinar quién deberá asumir las pérdidas monetarias derivadas de la comercialización de los papeles, si las entidades que actualmente los tienen en su poder o, bien, el Fisco (la Corfo). Para eso, antes, deberá definir, entre otros puntos importantes, si los documentos fueron o no válidamente endosados.
Artículos relacionados:
Ministro Patricio Villarroel acumula casos contra Inverlink (10 de marzo de 2003)
Imparte orden de detención contra Eduardo Monasterio (10 de marzo de 2003)
Entidades finacieras dicen que venta fue «legítima» (10 de marzo de 2003)
Juez ordena detención de operador informático (10 de marzo de 2003)
Dueño de Inverlink se autodenuncia por apropiación indebida de papeles Corfo (9 de marzo de 2003)
Millonaria sustracción de documentos valorados a Corfo (8 de marzo de 2003)
Duro golpe a Inverlink: Intervienen compañía de seguros (7 de marzo de 2003)
Duro golpe a Inverlink: Intervienen compañía de seguros (7 de marzo de 2003)
Caso BC: Juez amplió cargos contra Pamela Andrada (7 de marzo de 2003)
Renunció gerente general de holding Inverlink (6 de marzo de 2003)
BC: Massad no renuncia y adelanta medidas de seguridad (5 de marzo de 2003)
SVS: Operaciones de Inverlink dependerán de investigaciones (3 de marzo de 2003)
