En la mira del órgano contralor estarían, ahora, un contrato del año 2000 que involucra otra lista de sobresueldos pagados a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y académicos del plantel universitario. Léala los descargos de uno de ellos.
Suman y siguen los cuestionamientos a los contratos celebrados entre el Ministerio de Obras Públicas y el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de Empresas -Ciade- de la Universidad de Chile. En los próximos días la Contraloría General de la República evacuaría el resultado de una segunda investigación de un contrato celebrado el año 2000, que incluiría otra nómina de sobresueldos cancelados a funcionarios del MOP y académicos del plantel, la cual también será derivada a la justicia.
El sumario administrativo habría sido iniciado días después de que los fiscales del organismo contralor Marcelo Freyhoffer y Pedro Berríos, remitieran la denuncia al Séptimo Juzgado del Crimen, donde dan cuanta de que el Ciade suscribió un contrato, con fecha 13 de agosto de 2001, con la dirección de Obras Públicas por un monto de 270 millones de pesos. El cual, según el organismo contralor, reviste carácter de delito.
La ampliación de la investigación se centra en los contratos celebrados entre el Ciade y el MOP, a través del jefe de gabinete de la Subsecretaría, Gonzalo Castillo, e involucraría a funcionarios del departamento de Vialidad y Planeamiento, entre otros, que prestaron "asesorías" al centro de investigación universitario.
El Mostrador.cl se contactó con una funcionaria del Ministerio de Obras Pública que aparece en la nueva lista, quien confirmó que extendió boletas a la entidad universitaria "por una asesoría muy especifica realizada, aproximadamente, el año 2000".
"Se me pidió la opinión de experta en un estudio muy acotado a través de la Dirección General de Obras Públicas DGOP y realice el trabajo", sostuvo. La funcionaria afirmó desconocer la existencia de contratos entre el MOP y empresas externas. "No estoy al tanto de la relación contractuales con el Ciade, u otras empresas, con el Ministerio, pero así como se me pidió mi opinión, también sé que se le solicitó a otros expertos".
Consultada si era el jefe de gabinete de la Subsecretaría, Gonzalo Castillo, el encargado de realizar los contactos, se limitó a contestar que "alguna vez hablé con él", agregando que, hasta ahora, no ha sido llamada a declarar y que está dispuesta a "colaborar con la justicia".
De vieja data
La relación contractual entre el Ciade y el Ministerio de Obras Públicas data de 1994 y, según fuentes allegadas a la investigación, ésta nunca se ha interrumpido. Los trabajos realizados por la corporación, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la principal universidad del país, abarcan distintos proyectos y estudios lo que han sido realizado para la mayoría de los departamentos del MOP.
Quienes conocen el tema al interior del Ministerio aclararon que la única institución que suspendió los servicios con la secretaría de Estado fue el Instituto de Economía Idecom-, que perdió la licitación de la unidad de Concesiones que fue adjudicada el 2000, a la empresa GATE de propiedad de Héctor Peña Véliz, actualmente procesado por estafa residual.
Según trascendió en fuentes de tribunales, el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera, está a la espera de que este nuevo documento llegue a sus manos, que contendría otra lista de funcionarios del MOP y de académicos de la Facultad y el Ciade, quien se les habría cancelado "sobresueldos".
En el marco de la investigación que sustancia, el magistrado Rivera tendría reconstruido el caso "tanto administrativamente como judicial". Según las fuentes, el juez ya tendría en dos nuevas nóminas de funcionarios y académicos que recibieron "suples" vía Ciade, además de la ya conocida que incluye a los seremis del MOP
CDE
En tanto, fuentes del Consejo de Defensa del Estado adelantaron que hoy concurrirán hasta el Séptimo Juzgado del Crimen para presentar un escrito -"de tres líneas"- pidiendo hacerse parte en la causa, acceso al sumario y la instrucción de nuevas diligencias.
La misma fuente explicó que la responsabilidad para llevar el caso podría recaer en los abogados Claudio Arellano o Víctor Hugo Rojas, pues ellos han analizado el fondo de la denuncia realizada por la Contraloría que involucra al MOP y al Ciade.
Las platas tampoco le cuadran el juez
Fuentes judiciales explicaron a El Mostrador.cl que el juez Rivera, por ahora, está abocado a entrevistar a los seremis involucrados en el contrato de 2001, citándolos "un por día". Trámite que ya ha cumplido con tres de ellos. Una vez terminado estas diligencias, el magistrado pasaría a una segunda fase de interrogatorios, llamando a declarar a los académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la "U", y luego a los funcionarios del Ciade.
Lo que no excluye que en los próximos días concurra al tribunal el ex director del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa, Nassir Sapag, quien ha prestado declaraciones, en dos oportunidades, ante la Bridec, y el ex decano de la Facultad, Ricardo Paredes.
Sin bien, el magistrado Rivera tiene claro el organigrama de la investigación y quienes, por ahora, aparecen involucrados en esta trama, su objetivo sería despejar todas las dudas sobre las responsabilidad que cada uno tiene en este nuevo escándalo. Para ellos, habría solicitado nuevos informes y peritajes.
Hasta ahora, el Ministerio de Obras Públicas, a través del subsecretario Juan Carlos Latorre, ha insistido ante la Contraloría sobre la legalidad de los contratos celebrados entre el MOP y el Ciade, descartando irregularidades en el pago de los seremis. Su aporte -subrayan en el Ministerio- habría sido muy valioso para la cartera.
Sin embargo, cercanos al juez Rivera aseguraron a El Mostrador.cl que los montos que en definitiva se cancelaron a los seremis no cuadran. Según la contabilidad que obra en poder del tribunal habría cerca de 24 millones de pesos pagados a estos funcionarios "dando vueltas".
En los interrogatorios a que han sido sometidos los tres primeros seremis citados por Rivera, estos habrían reconocido la existencia de pagos que no pueden justificar. "Más de uno se quebró emocionalmente", aseguran las fuentes.
Las diligencias en curso
En ese contexto, el juez solicitó al MOP le remita los nombres de todos aquellos funcionarios que tenían conocimiento de los pagos, además de los flujos de dineros de todos los contratos entre el ministerio y el Ciade, y los nombre de quienes celebraron los convenios.
Respecto a los funcionarios involucrados, solicitó a los seremis y académicos que aparecen en la primera denuncia -realizada por la Contraloría el 30 de enero pasado- que entreguen una relación de sus patrimonios, cuentas bancarias y otros bienes.
Asimismo, Alejandro Rivera solicitó un informe al Ministerio de Justicia sobre los trabajos que realizó el Instituto de Economía de la U al MOP. La solicitud buscaría conocer los balances financieros que la entidad universitaria sin fines de lucro, entrega, anualmente, a dicha cartera.
La respuesta del Ministerio de Justicia -que sería evacuado en los próximos días- debería explicitar, además de los balances de Instituto de Economía, la totalidad de los trabajos realizados, a qué instituciones prestó servicios, y las actas levantadas con dichos clientes. Además de la nómina de socios integrantes con las fechas de ingreso y de retiro, cuando corresponda.
Lea además:
Nassir Sapag vuelve a declarar ante la Bridec
Artículos relacionados:
Nassir Sapag contraataca: Denuncia «errores» de Contraloría
MOP-Ciade: Todo los caminos conducen a un eventual fraude al Fisco (7-3-2002)
La caja del CIADE también tiene sus «murciélagos» (6-3-2002)
Universidad de Chile dicta cátedra a escándalo Gate (5-3-2002)
Hermano de Peña Véliz recibía pagos de la U. de Chile (4-3-2002)
