Los legisladores deberán pronunciarse sobre la cuestión previa, donde todo indica que el ministro volverá a registrar a su favor los votos oficialistas y en contra los de la derecha, con lo cual el libelo sería rechazado.
Lo había anunciado el propio ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, cuando la derecha presentó la acusación en su contra. Hoy por la mañana, lo reiterará al presentar la "cuestión previa" a la Sala de la Cámara de Diputados. A través de un oficio, pedirá que desestime el libelo por ser "improcedente constitucionalmente".
Después de hacer dicha solicitud, Rodríguez Grossi y su abogado entregarán los argumentos que hacen, en su opinión, improcedente la acusación. Posteriormente, intervendrán los cinco diputados miembros de la comisión que estudiaron la viabilidad del libelo: la presidenta María Antonieta Saa (PPD), Esteban Valenzuela (PPD), Alejandra Sepúlveda (DC) y los UDI Eduardo Díaz y Gonzalo Uriarte.
En la tarde de ayer, la comisión hizo público su informe donde la mayoría -los tres votos concertacionistas- estimó que la acusación era improcedente. Los votos de la oposición aprobaron el libelo, el cual fue suscrito a regañadientes por la UDI a instancias de sus socios de RN.
Según los cálculos de todos los partidos, es poco probable que el ministro pierda la votación. La Concertación cuenta con un voto más que la oposición (58-57) y, aunque para hoy , existen dos pareos, la votación debería ser 56-55, así la simple asistencia de todos los legisladores oficialistas bastarían para "salvar" al Secretario de Estado en esta instancia.
El peor escenario para el ministro sería que se tuviera que pasar al fondo, es decir, a analizar la acusación, votándose en la sala el informe de la comisión, que ya está a su favor.
Todos a votar
En la UDI, el tema de la acusación fue abordado en la hora del almuerzo por la bancada. Allí se acordó aprobarla en la comisión y apoyarla hasta el final. Según aseguró el subjefe de la bancada, Carlos Recondo, todos los parlamentarios de la colectividad estarán en el hemiciclo para votar en contra de la "cuestión previa", con la excepción de Ignacio Urrutia, quien se pareó con Guillermo Ceroni (PPD).
"Si bien pensamos que, políticamente, no era el camino correcto, nosotros tomamos la opción de apoyarla. No nos vamos a desentender, se ha formado la convicción de que habría fundamentos para acusarlo", afirmó Recondo.
En este sentido, el diputado recordó que la UDI está dispuesta a asumir el liderazgo y la unidad de la Alianza por Chile, por lo que no estaban dispuestos a no votar el libelo.
En el PS también están asegurados los votos de todos los diputados miembros de la bancada, y entre los radicales Fernando Meza está pareado con Carlos Hidalgo (RN), quién se encuentra en EE.UU. junto al presidente de la colectividad, Sebastián Piñera.
Fundamentos
Según explicó la diputada María Antonieta Saa, el voto de mayoría en la comisión recomienda a la sala rechazar la acusación constitucional por considerar que "no existe la relación jerárquica que la ley establece para hacer efectiva la responsabilidad del ministro en la administración de Corfo".
Saa agregó que, "tampoco quedó demostrado el ilícito de incumplimiento de las 24 horas que exige la ley para que una autoridad denuncie formalmente la comisión de un delito".
"Todo indica que el ministro conoció el hecho, pasaron 24 horas y se presentó la querella. Ni siquiera el informe de minoría consigna este punto, por lo que al parecer no habría ninguna validez para esto", dijo la parlamentaria.
Según la mayoría concertacionista, no pueden ser tratadas responsabilidades políticas a través de una acusación constitucional en el marco de un régimen presidencial.
En tanto, los diputados de oposición, Gonzalo Uriarte y Eduardo Díaz presentaron y respaldaron su voto de minoría, recomendando cursar la acusación, por considerar que el secretario de Estado sí tenía responsabilidad en la administración de la entidad estatal.
La oposición basó su informe en el hecho que Rodríguez Grossi preside el consejo de Corfo, por lo que, a su parecer, las acciones de ese órgano y sus omisiones corresponden y son responsabilidad del ministro.
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