Sepa quiénes en el holding eran los encargados de pagar a los operadores de corredoras bancarias por la «triangulación» que realizaban. Ministro Patricio Villarroel dictó, además, dos nuevas órdenes de detención.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) presentará -hoy a las 10:30 horas- la primera querella de un organismo público en contra de toda la plana mayor de Inverlink por el delito de «asociación ilícita». Lo que implica que la SVS llegó a la convicción que Eduardo Monasterio y los demás procesados en el caso tenían una organización criminal que contaba con infraestructura -medios y sitios de reunión-, continuidad en el tiempo y la intención de cometer delitos.
Básicamente, comentaron fuentes confiables, la querella -que será presentada por el abogado Jorge Bofill- es el producto de los innumerables interrogatorios e investigaciones de la SVS.
Uno de los «detalles» en que se basa la presentación de la querella, es la constatación de que al interior de la organización encabezada por Eduardo Monasterio existía una «estructura» dedicada a operar ilegalmente en el mercado, cuyos tentáculos para actuar alcanzarían hasta importantes organizaciones bancarias formales, como quedó demostrado con el «pago» que recibían desde Inverlink los dos operadores de bolsa que, actualmente, están denunciados por la SVS: Gino Tirapegui y Juan Pablo Prieto, de las corredoras del Scotiabank y el BBVA, respectivamente.
Los encargados de «retribuir» los servicios de Tirapegui y Prieto, y de otros «ayudistas» de la organización ubicados en puestos claves de otros actores del mercado de capitales, eran Eduardo Tapia, actualmente procesado junto a Monasterio por apropiación indebida de valores, entre otros delitos, y Lawrence Fletcher, miembro de la mesa de dinero del holding, quien fue involucrado por Juan Pablo Prieto cuando reconoció, a los investigadores de la SVS, la existencia de «premios» que recibía.
Esta ampliación del libelo de la SVS, se suma a la hecha la semana pasada por el abogado de la Municipalidad de Viña del Mar, Cristián Muga, quien agregó dentro de la asociación ilícita al ex secretario general de la Presidencia y ex director de la aseguradora Le Mans, Álvaro García.
Apelaciones y careos
En tanto, ayer el ministro en visita Patricio Villarroel, realizó careos entre los ejecutivos de Inverlink Eduardo Tapia y Luis Hernández Palma. Luego continuó con el ex socio principal del holding Eduardo Monasterio y el ex directivo Pablo Schaffhauser.
Villarroel también se apresta a citar a Álvaro García por la querella presentada por Muga, aunque declinó referirse en qué fecha lo hará.
Al mismo tiempo el magistrado dictó dos nuevas órdenes de detención en contra de otros eventuales operadores, aunque declinó entregar sus identidades.
En otro plano, el abogado Gustavo Zevallos, quien representa al ex operador de la mesa de dinero de Inverlink, Luis Hernández Palma, apeló al auto de procesamiento dictado por el juez el sábado pasado por el delito de apropiación indebida de valores. El plazo para que sea puesto en tabla, podría ser este misma semana o eventualmente para el próximo lunes.
Zevallos declinó referirse a los argumentos que esgrimirá en sus alegatos, pero indicó que no estaba de acuerdo con la resolución que afectó a su cliente.
Fuentes judiciales comentaron que durante el interrogatorio del sábado pasado, el magistrado intentó que Hernández asumiera su responsabilidad en los hechos, pero no tuvo éxito. Sin embargo, Eduardo Monasterio, quien se encontraba en la misma sala con Hernández, medio en broma, medio en serio, le habría dicho: "ya po’ guatón, confiesa, si ya todos hicimos lo mismo", tras lo cual Hernández decidió relatar parte de su participación en los hechos.
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