Una situación anormal se vivió ayer en el juzgado. Al menos 15 policías concurrieron ante la jueza, quien careó a algunos con los detenidos por la sustracción del PC. Se informó que estos habrían acusado a los detectives de no entregar toda la información a la ministra.
Un insólito movimiento policial se verificó ayer en el 17° Juzgado del Crimen de Santiago, donde la ministra en visita Gloria Ana Chevesich investiga el caso GATE y sus derivados. Tanto así que la jueza sólo se retiró del tribunal pasadas las 11:30 de la noche, en vísperas del feriado de Viernes Santo.
El inusual ajetreo -que incluyó un ir y venir de al menos quince efectivos de Investigaciones, incluida una larga visita al tribunal del jefe de la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC)- se vio intensificado cerca de las siete de la tarde, en momentos en que la jueza se encontraba en el tribunal con tres detenidos por su presunta responsabilidad en el robo del computador de Sergio Cortés.
Hasta el lugar incluso llegaron efectivos del Laboratorio de Criminalística, quienes fueron llamados por la ministra a fin de tomar algunas fotografías.
Durante todo el día circularon rumores en torno al cariz de las declaraciones prestadas por los detenidos, uno de los cuales, Carlos Rojas, quedó procesado por el delito de receptación.
Algunas de las versiones apuntaban a que los detenidos habían acusado directamente a funcionarios públicos como los autores intelectuales del robo. Sin embargo, fuentes cercanas al caso descartaron que los dichos de los aprehendidos hayan sido acogidos finalmente por la ministra.
Otro de los trascendidos daba cuenta de contradicciones de los detenidos con los policías. Los primeros acusaban a los funcionarios de Investigaciones de no haber incorporado en los testimonios derivados por la policía a la magistrada algunas declaraciones, supuestamente la parte de la declaración prestada por los inculpados que comprometía a los personeros públicos.
De hecho, la ministra debió carear a algunos efectivos policiales con los mismos aprehendidos. La diligencia fue confirmada por la propia jueza Chevesich, quien señaló que "todo juez, cuando advierte que pueden haber eventuales contradicciones en las declaraciones, tiene que practicar los careos". Trascendió que tras la diligencia, habría quedado claro que los dichos de los detenidos eran dudosos.
Cabe recordar que los funcionarios de Investigaciones que aprehendieron a Carlos Rojas, el receptador, pertenecían a la Brigada de Robos de la Región Metropolitana (BIROM). Fueron estos policías los que, luego de tomar declaración al detenido, lo traspasaron a la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC), quienes lo interrogaron nuevamente. Tras ello, fue puesto a disposición de la ministra para un nuevo testimonio. Todo, mientras el segundo detenido, Marcos Valenzuela Hernández, quien habría participado como autor material del robo, era individualizado como partícipe del delito y trasladado desde Villarrica a Santiago. Existe un tercer detenido, cuya identidad aun no ha sido dada a conocer.
El martes, el equipo de la BIROM que participó en la primera detención fue requerido por la ministra para algunas tomas de declaraciones, lo que permite concluir que el tema de las posibles contradicciones en los testimonios venía investigándose desde hace, por lo menos, dos días.
Una de las hipótesis que se baraja respecto a lo sucedido ayer es que los aprehendidos declararon ante los policías que el encargo de perpetrar el delito les había sido encargado por personeros de inteligencia del gobierno. Pero los interrogatorios prosiguieron hasta detectar, por parte de los efectivos de Investigaciones, que tales dichos carecían de asidero.
Una frase de la ministra a un efectivo de la BRIDEC pronunciada al finalizar el día da cuenta de que el tema, aparentemente, fue despejado anoche mismo: «Vaya a descansar tranquilo», le dijo la jueza.
Esposa de Sapag con apercibimiento de arresto
En otro plano, fuentes judiciales informaron ayer jueves que el magistrado Alejandro Rivera, quien investiga los contratos entre la Universidad de Chile con el ministerio de Obras Públicas, se apresta a emanar una citación con apercibimiento de arresto contra Cristina Bonilla, esposa del ex director del CIADE, Nassir Sapag.
Aunque esta versión fue descartada por cercanos al matrimonio, que aseguran que se le solicitó al tribunal la postergación de la declaración de Bonilla para el próximo martes 22, lo que habría sido aceptado.
El matrimonio Sapag-Bonilla es dueño de la Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Necul-Hual SA., y a través de ella, según la investigación de la Contraloría que derivó en la denuncia judicial, el también ex decano (s) de la Facultad de Economía de la U se habría autocancelado 8 millones 913 mil 600 pesos por "externalización de servicios".
El magistrado Rivera había citado a declarar a Bonilla para ayer jueves, pero la mujer no se presentó ni se comunicó con el magistrado, aseguran fuentes judiciales, para informar que no concurriría.
Finalmente, cercanos a la investigación dan cuenta de que es posible que entre martes y miércoles de la próxima semana el magistrado Rivera haga traspaso oficial de la causa a la ministra Chevesich.
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