La eventual incostitucionalidad de la instancia ha puesto a los parlamentarios de la derecha ante dos posibilidades para revertir la situación: arreglar el texto actual en la comisión de Economía o presentar a la sala un nuevo proyecto de acuerdo que anule el anterior, donde se permite investigar a una empresa privada.
Un cambio de estrategia deberá hacer la oposición en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados este martes, tras reconocer que el proyecto de acuerdo que presentaron y que fue aprobado por la sala, y que permite investigar a la escuela de conductores Siglo XXI, es inconstitucional.
Según uno de los patrocinadores de la iniciativa, Cristian Leay (UDI), sólo les queda plantear en la comisión de Economía que no es del interés de los firmantes -los UDI Julio Dittborn, Iván Moreira, Javier Hernández y los RN Carlos Vilches y Nicolás Monckeberg, quien es miembro de la comisión de Constitución-, iniciar una investigación a la cuestionada escuela de conductores, en tanto empresa privada, sino que en base al informe emitido por la Contraloría se desea investigar al Sence en relación a Siglo XXI.
«Quien entrega la franquicia es el Sence y quien debe velar para que esa franquicia sea bien entregada de acuerdo a lo que establece la ley es el Sence, queremos investigar los procedemientos de control e investigación que tiene este organsmo público y no a Siglo XXI porque no nos compete», afirmó.
Consultado respecto a los problemas que puede implicar el que la iniciativa ya está redactada y aprobada en la sala, Leay comentó que o se soluciona en la propia comisión «o bien presentamos un nuevo proyecto de acuerdo que deje sin efecto el anterior».
Agregó que no es necesario que la sala se pronuncie sobre el actual texto que permite a la comisión de Economía investigar a la escuela de conductores, desechándolo por inconstitucional, sino que basta con presentar otro proyecto de acuerdo que establezca la anulación del anterior.
El proyecto que fue aprobado por 51 votos a favor, 26 en contra y una absteción, determina que «la comisión de Economía se contituya en investigadora a objeto de recabar, en un plazo de 90 días, toda la información respecto de las presuntas irregularidades cometidas por las Escuelas de Conductores y en especial por la ‘Escuela Siglo XXI’, basadas en el informe que entregara días atrás la Contraloría General de la República».
Sin embargo, la Cámara de Diputados no tiene facultades para iniciar investigaciones referidas a la acción de privados, sino sólo respecto de organismos públicos.
Leay explicó que la aprobación del cuestionado proyecto de acuerdo se debe a que nunca fue intención de la sala investigar a la empresa y que durante el debate en la sala se explicó que la iniciativa buscaba estudiar al Sence.
El proyecto en cuestión fue rechazado por inconstitucional por dos miembros de la comisión de Constitución de la Cámara: Jorge Burgos (DC) y Guillermo Ceroni (PPD).
«Creo que caen en un contrasentido. Me llama la atención que lo haya firmado Nicolás Monckeberg, a quien considero un muy buen abogado: es un hombre que sabe mucho de derecho… creo que esto se va a morir, es demasiado descuadrado», comentó Burgos al ser consultado sobre el hecho que la oposición patrocine una iniciativa que permite la investigación a privados.
Según el parlamentario, es muy probable que la comisión de Economía le pida a la de Constitución un informe sobre la legalidad del proyecto, antes de abocarse a su cometido. «Es muy claro que fue una votación política y no pensada desde el punto de vista de las atribuciones.
Por su parte, Guillermo Ceroni afirmó que la aprobación en la sala se debe a una actitud demagógica de un grupo de diputados de resaltar un tema más allá de lo que significa una investigaicón en los tribunales. Por ello, dijo, la idea de iniciar una investigación en la Cámara es absolutamente inoficiosa. «La cosa está en un tribunal de justicia, los tribuales nos dan garantía que lo harán bien y nosotros deberíamos esperar el resultado de la investigación judicial».
