El subsecretario del Mideplan y Coordinador de Políticas Indígenas, Jaime Andrade, lamentó los alcances del informe entregado por los legisladores y aseguró que solo tomaron el punto de vista de los agricultores para elaborar las conclusiones.
El Coordinador de Políticas Indígenas nombrado por el presidente Ricardo Lagos, Jaime Andrade, aseguró que el informe de la Comisión de Constitución del Senado en que se señala que en las regiones Octava y Novena se ve afectada la vigencia del principio de seguridad jurídica, «crea una visión errada de lo que sucede en el sur del país con las comunidades».
Las declaraciones de Andrade se dan después de conocido el informe de la Comisión de Constitución del Senado -y que cuenta con el voto de Andrés Chadwick, Alberto Espina, y los designados Enrique Silva Cimma y Marcos Aburto-, que concluye que en las regiones Octava y Novena está gravemente afectada la vigencia del principio de la seguridad jurídica, lo que implicaría el incumplimiento de un elemento esencial para la protección de los derechos fundamentales asegurados por la Constitución Política.
El documento de 80 páginas, dado a conocer ayer por El Mostrador.cl, sostiene que si bien las comunidades indígenas tienen "su lugar en nuestro Estado de Derecho", es «imperiosa» la intervención de las policías «para garantizar el imperio del Derecho», debido a las infracciones a «la legalidad penal, de la seguridad pública y del orden público que redundan en incendios, destrucción de inmuebles» que se han producido en la zona.
Los senadores manifestaron que «el Estado y su administración renuentes o débiles en la guarda de la legalidad penal, de la seguridad pública y del orden público, permiten, con tal renuencia o debilidad, una infracción al principio de imperio del Derecho que pone cuestión el Estado de Derecho y, al mismo tiempo, genera las responsabilidades políticas, constitucionales, administrativas y civiles o patrimoniales que la legislación prevé».
Frente a esta "visión" de los senadores, Jaime Andrade fue enfático en calificarla de parcial. Según él, las conclusiones revelan que se hizo a partir de la opinión de algunos agricultores afectados, "desconociendo la opinión de las comunidades indígenas, de las empresas forestales, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y de las personas que trabajan en el programa ‘Orígenes’. Una opinión así se debe hacer en base de todos los actores involucrados", sentenció.
El subsecretario aclaró que "no se debe judicializar un conflicto en que ha participado una cantidad muy pequeña de mapuches y se han infiltrado personas ajenas a la etnia". Así, concordó con el senador Rafael Moreno el que en el informe que consignó que "el gobierno ha cumplido su deber, al igual que la policía y el Ministerio Público. Asimismo, afirmó que la inmensa mayoría de los "hechores" está detenidos y que el gran grueso de la población mapuche rechaza la violencia.
Andrade sostuvo que en reuniones que ha mantenido con miembros del gabinete ministerial de Lagos se ha concordado que "el tema indígena tiene muchas dimensiones, y se han pasado momentos difíciles, pero no se debe crear una imagen de que existe un far west en las regiones" VIII y IX.
Corrobora informes del gobierno
Andrade aseguró que el documento senatorial "no ayuda a defender el tema indígena. Para evitar la violencia todos los actores han actuado de manera correcta: la policía, la justicia, nosotros a través de nuestros planes de desarrollo y de alguna forma es un desconocimiento del trabajo que se ha hecho".
En esa línea remarcó que el informe entregado por el ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien aseguró a la comisión que el problema mapuche está focalizado, pues del total de 2.500 comunidades sólo el 2,4 por ciento ha participado en hechos ilícitos y que, una parte importante de la etnia está contra la violencia.
Tras referirse a las diversos programas y grupos de trabajo que el gobierno ha creado para abocarse al sector, el titular del Interior informó sobre los 40 detenidos en los últimos meses y que en la Octava Región los gobernadores de Arauco y del Bío Bío han presentado seis denuncias por incendios, una querella criminal por homicidio frustrado y un requerimiento ante la Corte de Apelaciones de Concepción por infracción a la ley Antiterrorista.
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