Los abogados de las familias pehuenches no lograron «convencer» a la empresa eléctrica de pagar 200 millones a 15 familias -hasta ayer eran 14-, por lo que anunciaron la presentación de una medida precautoria ante los tribunales para que se ordene la paralización de las faenas de la central.
Tal como lo habían adelantado el subsecretario de Mideplan, Jaime Andrade, y el abogado de las familias pehuenches que se oponen a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, Roberto Celedón, no hubo acuerdo en la reunión que hoy sostuvieron las familias pehuenches con representantes de Endesa.
Después de más de cinco horas de negociaciones, la empresa eléctrica controlada por capitales españoles, se negó rotundamente a cancelar una indemnización a las 15 familias que perderán sus tierras bajo las aguas del embalse. El monto solicitado alcanza a los 200 millones de pesos, además de la entrega de predios de 77 hectáreas para cada familia.
En primera instancia las comunidades habían pedido la indemnización para cuatro familias, entre ellas las de Nicolasa y Berta Quintremán, lo que fue aceptado por la multinacional. Sin embargo, posteriormente se sumaron otros diez núcleos familiares, que se encontraron con el rechazo de la empresa.
Tras la reunión, los abogados de las familias anunciaron que harán efectiva la presentación de la medida precautoria para paralizar las faenas de construcción de la central en el alto Biobío. Opción que quedó abierta tras la anulación del Estudio de Impacto Ambiental -EIA- que dictó el Sexto Juzgado Civil de Santiago el 15 de mayo pasado.
El Coordinador de Políticas Indígenas, Jaime Andrade, en conversación con El Mostrador.cl afirmó que "lamentablemente no se llegó a un acuerdo en el marco del diálogo amistoso entre el gobierno, Endesa y los representantes de las familias indígenas".
"No se llegó a un acuerdo en el tema material, e incluso se aumentó el número de familias que debían ser reparadas de 14 a 15, situación con la que no estuvo de acuerdo la empresa", aclaró.
Tras la reunión, los abogados de las familias anunciaron que se va a presentar una medida precautoria para paralizar las faenas de la central Ralco, lo que entregó "una variable nueva a la mesa de trabajo", remarcó la autoridad.
Pese a esta decisión, creen que todavía es posible llegar a un acuerdo satisfactorio. Para ello, dijo Roberto Celedón, se pidió al gobierno que «asuma un rol activo en el tema de las reparaciones a las familias». Es decir, que cubra las diferencias entre los montos solicitados por los grupos indígenas y lo que está dispuesta a pagar la empresa.
Andrade señaló que aunque ahora se va a judicializar el problema "el gobierno está dispuesto a ser un enlace para diálogo entre las partes para lograr un pronto acuerdo".
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