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Relator ONU concluye sobre realidad indígena: Leyes generan ‘tensión’

Rodolfo Stavenhagen constató que las comunidades indígenas siguen viviendo problemas como la desigualdad social, que la Justicia criminaliza "movimientos de protesta sociales" de comuneros y que los recursos para la compra de tierras por parte del Gobierno siguen siendo escasos.


Tras diez días de trabajo en Chile, el relator especial de políticas indígenas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rodolfo Stavenhagen, concluyó que en el país se vive una situación de "tensión" en esta materia y deslegitimó los mecanismos que ha utilizado el Estado para enfrentar la problemática de la demanda por tierras de los pueblos originarios.



Según Stavenhagen el escenario está comprimido producto de una legislación sectorial que no respeta los derechos humanos y que está principalmente orientada a hacer valer aquella que rige las actividades productivas.



"Existe una tensión en cuanto al sistema de leyes pues al parecer priman ciertas leyes sectoriales por sobre los principios generales de protección a los derechos humanos establecidos en la normativa internacional y que los gobiernos tienen obligación de respetar", dijo.



El relator de la ONU ejemplificó esta situación con el desplazamiento que han debido sufrir las comunidades pehuenches debido a la construcción de la represa Ralco, en el Alto Biobío. También, con el conflicto de comunidades mapuches del sur producto del emplazamiento de empresas forestales en zonas indígenas.



Leyes datan de otra época



Uno de los puntos clave que plantearon las comunidades originarias al relator durante las reuniones sostenidas fue el "reconocimiento de la territorialidad ancestral".



Ante ello, Stavenhagen dijo que el problema es enfrentado con un plan de compras de tierras, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Sin embargo, la autoridad internacional hizo ver que este programa, hasta la fecha, "ha sido insuficiente porque no ha tenido los recursos adecuados para resolver el problema".



"Los indígenas se sienten frustrados con los resultados de este programa (de compra de tierras del Gobierno), lo que ha dado lugar a situaciones de enfrentamiento y conflicto que son el resultado de esa larga historia de despojos que han sufrido los indígenas", explicó.



El relator constató, entre otras cosas, que en Chile "existe una criminalización o penalización del movimiento de protesta social".



De acuerdo a su criterio, llama la atención que en un país donde se discute el problema de los derechos humanos durante el gobierno de Augusto Pinochet, "no se contemplen los derechos de los pueblos indígenas". Así, constató el contrasentido de que cada vez que se habla del tema indígena "da la impresión de que fuera otra cosa".



Rodolfo Stavenhagen, antropólogo de nacionalidad mexicana, advirtió que "existe una criminalización o penalización del movimiento de protesta social, lo que es preocupante pues estos problemas deben ser resueltos en el marco del diálogo, de la negociación y con políticas sociales".



El relator se mostró en desacuerdo con que a raíz de la reivindicación de tierras reivindicadas por grupos indígenas, se haya procesado a varios manifestantes por delitos comunes. Según la autoridad, esto es "preocupante".



"En el proceso que se les sigue se les aplica no sólo el Código Penal, sino también leyes como la antiterrorista, que data de otra época, y la de Seguridad del Estado. Ellas vulneran los derechos del procesado y no deberían ser aplicadas en casos de conflictos de tipo social".



Por eso, Stavenhagen formuló un llamado a las autoridades chilenas y a "la dirigencia del movimiento reivindicatorio" para que encuentren "soluciones negociadas en el marco del diálogo". En todo caso destacó que los indígenas, pese a la situación en que viven, deseen una solución "pacífica y negociada".



Aunque las conclusiones del funcionario internacional no implican una sanción al Estado de Chile, sus apreciaciones serán incorporadas en el informe a la comisión de DDHH de la ONU que entregará el relator en abril del 2004. A su vez, el organismo, que se constituye en un referente internacional, podrá efectuar observaciones respecto a los puntos que este país debe mejorar en torno a la problemática.




Agua y pobreza



Uno de los aspectos que cuestionó Stavenhagen en lo relativo al conflicto entre las leyes sobre protección a los DDHH y aquellas sectoriales se refiere al uso del agua.



"El agua para comunidades campesinas que viven de los productos de la tierra es un recurso esencial. Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Aguas es posible que cualquier empresa pueda inscribir un título de derecho, con lo que se privatiza en función de intereses económicos muy particulares. Esto causa fuertes consecuencias negativas para la sobrevivencia de algunas comunidades, en especial para comunidades quechua y atacameña".



En la misma línea, mencionó la Ley de Pesca como un problema para las comunidades que viven en la costa, por el limitado acceso que tienen a los recursos marinos.



Respecto a la situación de pobreza en el mundo indígena, destacó que todos los indicadores nacionales demuestran que este factor prevalece. "La situación de pobreza y a veces de indigencia de las comunidades es muy grave y preocupante para las autoridades del Estado. Los grados de desigualdad en la distribución del ingreso siguen siendo altos y los segmentos mas bajos de la curva de inequidad en que se encuentran las poblaciones indígenas", precisó.



Como ejemplo, citó el caso de San Pedro de Atacama: "un pueblo tan vibrante como éste carece incluso de una clínica maternidad y las madres parturientas de ese lugar deben viajar a Calama para tener a sus hijos".



Otro dato preocupante en la sociedad chilena, según el relator, es que existe un "gran desconocimiento" de lo que sucedió en cuanto a la incorporación histórica de los pueblos indígenas al Estado a partir del siglo XIX y de la historia posterior de "despojo de sus tierras ancestrales y de apropiación de recursos, lo que da origen a un movimiento indígena".



Durante su estadía en el país, el representante internacional se reunió con autoridades de gobierno, académicos, parlamentarios y comuneros de distintas etnias.





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