Siguiendo la hebra de Núcleo Educativo S.A. se puede concluir que a la máxima autoridad del MOP le interesaba conocer los alcances de un convenio que lo complicaba y que estaba siendo investigado por la jueza Chevesich y la Contraloría. Otras personas dan cuenta de un supuesto interés especial del ministro por acallar a quienes declararían en su contra por el tema del Consejo de Asesores.
Aun cuando la explicación del ministro de Obras Públicas sobre los requerimientos de información que llevó a cabo la subdirección de Etica de esa cartera fue la necesidad de contar con antecedentes para evaluar las incompatibilidades que pudieran tener los funcionarios, las dudas respecto a este único fin noble -en todo caso, no reglamentado por ley- toman fuerza.
Esto, no sólo debido a que las "indagaciones" se extendieron a funcionarios que ya habían salido del organismo, sino también porque fueron investigadas empresas que nunca contrajeron ni han postulado a contratos o convenios con el MOP.
La simple pregunta de por qué se requirió información sobre la compañía Núcleo Educativo S.A. -uno de cuyos socios es el ex vicepresidente ejecutivo de Codelco, Marcos Lima- abre un panorama mucho más complejo de lo que hasta ahora se pensaba.
Seguir la hebra de esa empresa lleva a suponer un especial interés del ministro Javier Etcheberry por conocer detalles de un convenio que lleva su firma y que hoy está siendo investigado tanto por la ministra en visita del caso GATE, Gloria Ana Chevesich, como por la Contraloría.
A este panorama se suma la explicación que Eduardo Arriagada, uno de los ex funcionarios del MOP "indagados" por la subdirección de Ética y quien fuera procesado por fraude al Fisco, entregó a El Mostrador.cl sobre los hechos, vinculándolos al interés de la máxima autoridad del MOP por desacreditar el testimonio que aportará sobre el funcionamiento del Consejo de Asesores creado por el ministro.
El convenio Etcheberry-Riveros
Tal como publicó este diario en abril pasado, un providencial retroceso hizo que un convenio suscrito en septiembre de 2002 entre el MOP y la Universidad de Chile, firmado por Etcheberry y el Rector Luis Riveros, y que tenía por objeto entregar capacitación a los seremis y directores regionales de OOPP, no derivara en el pago de suples a esos mismos funcionarios.
La Contraloría detectó hace poco que otros empleados de la cartera sí recibieron honorarios adicionales por este concepto, siendo muy probable que el organismo formule cargos por esta situación.
El convenio, que indaga también la ministra Chevesich, dio origen al diplomado Gestión Estratégica Regional en Infraestructura, curso impartido por el Ciade que tuvo un costo aproximado para el MOP de 300 millones de pesos.
Para la ejecución del diplomado, el Ciade subcontrató a la empresa de Marcos Lima, a la cual se le canceló una suma cercana a los 60 millones de pesos. La compañía, dedicada al desarrollo de espacios de aprendizaje individual, proveyó el servicio y desarrollo de contenidos mediante el método e-learning.
Salvo este contacto tangencial con el MOP, Núcleo Educativo S.A. no ha tenido otros con la cartera, por lo que no podría haber otra razón por parte de la subdirección de Ética para recoger antecedentes sobre esta empresa.
El que la compañía fuera "indagada" da cuenta de una posible investigación paralela a la justicia y la Contraloría, realizada por las actuales autoridades del ministerio que encabeza Etcheberry, en momentos en que ambas instancias sí facultadas para efectuar este tipo de pesquisas han dado con posibles irregularidades en el convenio original.
Una de las tesis que barajan al interior del ministerio personas que no tuvieron que ver con los hechos es que la subdirección de Ética haya conjeturado que a través de Núcleo Educativo S.A. se pudo haber efectuado traspasos de fondos no autorizados. Sin embargo, fuentes que conocen las indagaciones de la Contraloría descartaron que la empresa haya servido para estos fines.
La misma compañía, a través de su gerente general, Guillermo Briones, señaló haber puesto a disposición de la Contraloría todos los antecedentes que dan cuenta de cómo se invirtió el dinero cancelado por el Ciade. El ejecutivo descartó incluso las versiones que hablaban de pagos al rector Luis Riveros, quien dictó cátedra en el diplomado, a través de esta vía. Otras fuentes señalaron que a la autoridad universitaria le fueron cancelados honorarios mediante un mecanismo distinto y que ellos no pueden ser objetados pues Riveros trabajó en el curso.
El Consejo de Asesores
A través de una carta hecha llegar a este medio, titulada Antecedentes de la persecución a que estoy sometido en el MOP, el ex director de Vialidad y Obras Públicas, Eduardo Arriagada, procesado por la ministra Chevesich en el caso GATE, vertió una nueva acusación directa contra el ministro de OOPP.
Descartando la posibilidad de que las indagaciones efectuadas a él y su familia hayan estado orientadas a "mi presunta relación con empresas consultoras" (pues se retiró de CADE Idepe en enero de 1987 y de Cade Consultores en enero de 1997), sostuvo que "si se me investiga por este hecho también debería ser investigado el ministro (Etcheberry), fundador de CyS, empresa que acrecentó sus contratos con el ministerio después de su llegada".
Arriagada, además, sostuvo que el único motivo que pudieron haber tenido las autoridades del MOP para indagarlo a él y a su familia sería desacreditarlo en la declaración que hará ante la Justicia respecto al funcionamiento del Consejo de Asesores de Etcheberry.
"La única razón que habría para este hostigamiento es poner en duda mi honorabilidad y este perjuicio tiene que ver con que seré el principal testigo para establecer que el ministro Etcheberry continuó pagando asesorías adicionales a los directores del MOP", aseguró Arriagada.
El Comité Asesor de la Coordinadora General de Concesiones fue creado mediante un convenio entre el entonces coordinador de esa área, Germán Molina, y los directivos del MOP. Fue firmado por Arriagada y Etcheberry y a través de esa instancia se canceló, entre febrero y diciembre de 2002, sobresueldos a los directivos de la repartición luego de la llegada de la mencionada autoridad, en enero de ese año.
A través de este mecanismo se benefició, entre otros, al director de Contabilidad y Finanzas, Francisco Aldunate Santa María, quien recibió honorarios por 3 millones 500 mil pesos. Otros directivos, como David Guzmán Silva, sólo percibieron poco más de un millón de pesos. Esta fórmula también sirvió para la entrega de dineros al propio Eduardo Arriagada.
Los honorarios que se canalizaron a través del Comité de Asesores operaron como una dieta, distinto a lo ocurrido con la fórmula GATE o CIADE, donde los funcionarios eran contratados para elaborar proyectos que se cancelaban con los aportes de empresas que participaban del sistema.
Las denuncias dan cuenta de que los directivos que fueron pagados por Etcheberry (los honorarios eran firmados directamente por la autoridad) no participaron en las reuniones que debían llevarse a cabo, al menos una vez al mes.
