Con la medida se impide la construcción de un centro educacional ubicado en Lo Barnechea, antigua aspiración del consejo directivo del plantel para trasladar carreras y crear otras nuevas para habilitar en la zona. El ente fiscalizador rechazó los permisos de construcción por vulnerar el plan regulador metropolitano y el sistema de áreas verdes de la región.
La inversión de 27 millones de dólares del «centro educacional del campus La Dehesa» de la Universidad Finis Terrae, en Lo Barnechea, fue rechazada en un dictamen de la Contraloría General de la República por contravenir el plan regulador metropolitano y el sistema de áreas verdes de Santiago. De esta forma, los planes de ampliación de las actividades académicas de la casa de estudios, impulsada por los Legionarios de Cristo, se ven prácticamente terminados.
El 28 de noviembre pasado la Contraloría materializó su negativa a la propuesta, invalidando los permisos de edificación de la dirección de obras del municipio de Lo Barnechea, informes de aprobación de la seremi de Vivienda y de la Comisión Regional del Medio Ambiente.
La resolución de la entidad se fundamenta en que la construcción de un centro de educación superior en el «Cerro Medio» de La Dehesa contraviene el Sistema de Areas Verdes y Recreación por el impacto que tendría la construcción de los edificios en la zona de preservación. Además, el organismo determinó que si el proyecto se materializa se infringe el Plan de Descontaminación, pues no se preservan las áreas verdes de la capital.
Uno de los problemas que expuso la Contraloría en su dictamen fue que, además, la Comisión Regional del Medio Ambiente metropolitana aprobó la declaración ambiental del proyecto, tomando en cuenta que era un «centro científico», aunque las características del proyecto eran de «establecimiento educacional», lo que va contra el uso del suelo del sector.
Consigna además, que aunque el proyecto sea sólo para fines científicos, el ser un proyecto educativo en modo alguno tiende a perfeccionar el carácter de área verde en la zona.
La Contraloría también abrió un sumario para investigar las actuaciones de los funcionarios y así establecer responsabilidades administrativas.
Los fundamentos del dictamen acogen la presentación hecha por el director del movimiento de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, y Patricio Herman, presidente de la organización Defendamos la Ciudad, hecha en diciembre de 2002.
Sueño truncado
La decisión del organismo fiscalizador no permite que se consolide una de las aspiraciones de los directivos de la Universidad.
En 1999, el vicepresidente del consejo directivo de la universidad, Eliodoro Matte, donó los terrenos del sector de La Dehesa. Desde ese entonces, sus autoridades comenzaron a acuñar la idea de ampliar el giro comercial hacia el lugar, para trasladar algunas facultades y para crear nuevas carreras orientadas a actividades de investigación académica.
El objetivo de las autoridades era extender las actividades y ampliar las sedes -tiene cuatro en Avenida Pedro de Valdivia- tal como lo han hecho las universidades Diego Portales, Mayor y Andrés Bello, las top de las privadas.
Pese a que fuentes de la Universidad informaron que la inversión del plantel en la nueva sede asciende a 15 millones de dólares a un plazo de 15 años, en la declaración de impacto ambiental afirmaron que era de casi 28 millones de dólares.
Acciones legales
Un directivo del plantel, consultado por El Mostrador, aseguró que el consejo directivo de la casa de estudios podría interponer acciones legales para revertir la medida.
La iniciativa de la casa de estudios incluye la construcción de 11 edificios, cuatro destinados a aulas y siete a infotecas, post grados, talleres, auditorio, capilla, servicios estudiantiles, casino y laboratorios. La idea es atender a una comunidad estudiantil de unos 4 mil 200 usuarios de pre grado y 400 de post grado.
Según un ranking elaborado por la revista Qué Pasa, la Universidad Finnis Terrae se encuentra en el lugar 19 de los 25 planteles privados y públicos incluidos en la encuesta. El sondeo fue contestado por autoridades universitarias, académicos, investigadores, profesionales de distintas áreas, empresarios, representantes del congreso, gobierno, directivos gremiales y medios de comunicación.
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