A un mes de comparecer ante el organismo, el Gobierno logró contar con una carta que podría anular, o al menos mitigar, los efectos de la presentación. La reciente luz verde al plan de expansión de Santiago permite ahora al Estado alegar que los malayos ya no tienen problemas para construir en Pirque.
Tras aprobarse el Plan de Expansión de Santiago, el Estado de Chile quedó en una mejor posición para enfrentar la demanda por 28 millones de dólares interpuesta el año 2001 ante el Ciadi por inversionistas malayos que vieron paralizado un proyecto inmobiliario que pretendían emplazar en la comuna de Pirque.
La vía de solución que tenía el Estado para hacer frente o al menos mitigar los efectos de la demanda presentada por el consorcio MTD llegó, tras cinco años de negociaciones, justo un mes antes de que ex autoridades de Vivienda debieran comparecer ante el organismo internacional: la expansión urbana que abarca dicha zona fue aprobada el 12 de noviembre y para mañana miércoles están citados a declarar los ex ministros Edmundo Hermosilla y Sergio Henríquez, quienes ostentaron el cargo durante el Gobierno de Eduardo Frei.
Las ex autoridades viajaron a Washington, sede del Centro Internacional de Arbitrajes de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, la primera semana de diciembre junto con abogados del Comité de Inversiones Extranjeras. Pero antes, el 21 de noviembre, habían presentado el documento de aprobación del nuevo plan regulador.
La apuesta del Gobierno, según sostuvieron altas fuentes del ministerio de Vivienda a El Mostrador.cl, es exponer que el Estado ya solucionó las limitaciones urbanas que no permitieron emplazar el proyecto inmobiliario en Pirque. Así, quedó el camino libre para que los demandantes puedan materializar el negocio planificado en 1997. El objetivo final es que los malayos se desistan de la demanda.
Sin embargo, las alegaciones del consorcio asiático no se restringen a la posibilidad de construir, sino también a que el Gobierno de la época no advirtió que el uso del suelo en la zona prohibía la edificación planeada pues los cambios al plan regulador sólo eran un proyecto del Ejecutivo, no una realidad. En la cartera aseguran, en cambio, que siempre se ha actuado con transparencia en cuanto a las normas que rigen la construcción en el país.
El proyecto malayo originalmente incluía un 50 por ciento del terreno para áreas verdes y seis opciones de viviendas. También, colegios, clínicas y bancos, entre otras edificaciones. Con una inversión aproximada de mil millones de dólares, se estimaba que ésta sería recuperada transcurridos 10 años.
Expansión "a la medida"
Constantemente, diversas entidades como la Coordinadora de Acción Ecológica y el organización Defendamos la Ciudad se han mostrado contra el plan de Vivienda. Incluso estas realizaron una presentación en la Contraloría General de la República pues argumentaron que vulneraba el plan de descontaminación de Santiago y que estaba hecho a la medida de los intereses inmobiliarios.
El último organismo en plantear sus reparos fue el ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien sostuvo que el plan resta áreas cultivables a las Región y no contempla criterios respecto a la conservación del suelo.
También ha sido un férreo opositor al proyecto el alcalde de Pirque, Alejandro Rosales. Respecto al emplazamiento inmobiliario, Rosales, en conversación con El Mostrador.cl , afirmó que éste es "de tal impacto, que va a tener más personas viviendo en la comuna y no somos capaces de atenderlos en cuanto a escuelas, hospitales y caminos".
A juicio del alcalde, la expansión de Santiago fue aprobada "a la medida de este grupo económico" asiático. "El permitir el uso del suelo para un proyecto inmobiliario de esta clase, permite que el Estado pueda argumentar que ahora están las condiciones para invertir y que no ser demandados", estimó Rosales.
Afirmó que si el proyecto inmobiliario es finalmente materializado en su comuna "debe poseer las mitigaciones necesarias para que el municipio no deba invertir en éste. Los recursos son escasos para la atención social, por lo tanto, más personas con más necesidades es complicado para nosotros".
El fundamento del alcalde Rosales es que, junto con las viviendas VIP, el proyecto asiático, como todo aquel acogido al plan regulador, debe contemplar espacios para emplazar viviendas sociales. De hecho, el 40 por ciento de los terrenos debe ser destinado a ese fin. Con ello, la carga de personas que debe atender el aparato municipal será mayor, por ejemplo, en salud y educación.
Fisco v/s CIADI
Históricas demandas contra el Estado chileno se han interpuesto ante el CIADI. Uno de los casos más emblemáticos es el del diario Clarín. El español Víctor Pey presentó una demanda por 500 millones de dólares contra el Estado chileno ante el ICSID por desconocer que él fue el último dueño de la publicación.
Otra demanda que tramita el organismo es la que interpusieron más de 28 mil docentes, que buscan una indemnización de perjuicios por no pago de la asignación docente establecida en el artículo 40 del Decreto Ley 3.551.
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