En sus conclusiones, la policía civil enfatiza que la diputada no contestó al periodista que mencionó a los senadores Novoa y Bombal como los posibles parlamentarios vinculados a Spiniak, provocando dudas sobre la honorabilidad de ellos. La lógica adoptada para un caso donde se investiga un delito de acción y expresión resulta a lo menos audaz para RN.
Asumiendo que la máxima el que calla, otorga puede ser utilizada en este caso, el Departamento Quinto de Investigaciones incluyó en el informe despachado al ministro de fuero Juan González, una conclusión que para nada favorece a la diputada María Pía Guzmán en la querella por injurias y calumnias que lleva adelante la UDI.
Aunque no tiene fuerza legal, el informe ayudaría a los querellantes a sustentar la tesis de que la parlamentaria incurrió en delito. También entrega argumentos que, para la UDI, permitirían alegar ante estrado que el desafuero es necesario para aclarar contradicciones que no pudieron ser resueltas en esta etapa de la investigación.
El análisis de la policía civil pone énfasis y cuestiona el silencio que guardó la parlamentaria a la salida del 33° Juzgado del Crimen de Santiago, cuando fue consultada por la prensa si los senadores vinculados a la red pederasta de Claudio Spiniak eran Jovino Novoa y Carlos Bombal.
En sus conclusiones, el Departamento Quinto destaca que ‘si bien es cierto que la diputada María Pía Guzmán no dio nombres específicos, permitió que la opinión pública circunscribiera sus imputaciones a un grupo limitado’. Agrega: ‘Es más, al momento que el periodista de radio Bío- Bío le pregunta (por los senadores Bombal y Novoa), ella no responde’.
La lógica adoptada para un caso donde se investiga un delito de acción (y expresión) resulta a lo menos audaz para RN. Si bien el informe no es vinculante, sus contenidos serán conocidos por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago al momento de analizar el desafuero de Guzmán, solicitud de la UDI que el ministro Juan González elevaría hoy al tribunal de alzada capitalino conjuntamente con el expediente.
Las conclusiones del Departamento Quinto podrían tener un valor orientador para los ministros en una causa donde, por la naturaleza de la misma, el juez que instruye el sumario no ha entregado un pronunciamiento favorable o contrario a la petición de la UDI, de quitar el fuero parlamentario a la diputada. El magistrado no ha elaborado ningún informe en uno u otro sentido, siendo la elevación de los antecedentes sólo un trámite formal.
El trabajo de la policía de Investigaciones en este caso no ha caído bien en círculos políticos cercanos a la diputada. Ella misma, incluso, en una entrevista con El Mercurio, atribuyó a una pregunta formulada por un detective, a Sebastián Piñera el que se haya adjudicado al diputado Maximiano Errázuriz el haber declarado que la directiva de RN tenía conocimiento de los nombres que manejaba la parlamentaria, cosa que, según Guzmán, nunca declaró su compañero de partido.
El informe del Departamento Quinto también pone el acento en las contradicciones existentes entre la diputada y quien ella adjudica como su informante, la directora de Arasi, Claudia Fuentes. En este punto, destaca el que Fuentes asegure haber alertado a Guzmán que se trataba sólo de rumores.
Los querellantes podrían hacer valer este punto en los alegatos que se llevarán a cabo ante la Corte de Apelaciones. De hecho, abogados de esa parte reconocieron a este medio que las contradicciones existentes podrían dar más fuerza a la opción del desafuero, pues sería necesario acreditar si la información que dice haber recibido la parlamentaria fue real o imaginaria. Lo segundo, es la tesis de la UDI, redundaría en intencionalidad de provocar daño, ya que Guzmán habría actuado a sabiendas que se trataba de información no confirmada.
Aunque la preparación de los alegatos que se presentarán ante el tribunal de alzada capitalino está en pleno proceso, el abogado Gabriel Zaliasnik adelantó que una de las posibilidades que se baraja es diferenciar esta querella por injurias y calumnias de muchas otras que, por los mismos delitos, se han presentado contra parlamentarios. Esto, tomando en consideración que los tribunales acostumbran a no conceder el desafuero en causas de este tipo.
"Normalmente la Corte se pronuncia sobre dichos de un parlamentario pronunciados en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras. Pero acá no se trata de eso. Nada tiene que ver que la querella sea contra una política y que las víctimas sean políticos. Esto no es una pelea entre políticos. Acá hay una parlamentaria y abogada dedicada a este tipo de temas, que se aprovechó de su popularidad, en un tema que no entra en el plano de la fiscalización", dice Zaliasnik.
La defensa de Pía Guzmán, en manos de los abogados Jorge Boffil y Claudio Feller, optó por no comentar los alcances del informe. Tampoco accedieron a exponer algunas líneas en las que se podrían centrar los alegatos, señalando que no litigarán a través de la prensa, pues lo consideran "una falta de respeto al Poder Judicial".
