La fiscal sigue afinando los últimos detalles para dar a conocer una fundada recomendación que afectará a los oficiales de inteligencia Wllington Sarli, Tomás Casella, Ramón Rivas y Eduardo Radaelli, decisión que ya había sido informada por el ministro en visita que sustancia el caso, Alejandro Madrid, el año pasado.
La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, recomendará en su informe a la Segunda Sala (penal) del máximo tribunal que dé curso a la petición de extradición de cuatro militares de inteligencia uruguayos involucrados en la asociación ilícita que terminó con el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, dijeron a fuentes ligadas al caso.
La decisión, que será conocida la próxima semana, es el primero de varios pasos que si es confirmada por los cinco ministros de la sala penal, generará más de algún dolor de cabeza en el gobierno uruguayo.
Maldonado estudió y hasta hoy sigue afinando los últimos detalles para dar a conocer, se indicó, el lunes, una fundada recomendación que afectará a los oficiales de inteligencia Wllington Sarli, Tomás Casella, Ramón Rivas y Eduardo Radaelli, decisión que ya había sido informada por el ministro en visita que sustancia el caso, Alejandro Madrid el año pasado.
Los informes de los fiscales no tienen fuerza vinculante, por lo que el análisis que hagan los magistrados será de vital importancia no sólo para saber cuál será el destino que podría tomar el caso, sino también porque sentaría un precedente en los juicios de derechos humanos.
Recordemos que, para el caso del proceso que sustanció en Argentina, la jueza María Servini de Cubría, la Suprema prefirió iniciar una investigación criminal en Chile antes que enviarlos al país limítrofe, tomando en consideración el "principio de ejecución del delito".
Ahora bien, si la Suprema acoge esta tesis jurídica, el pedido de extradición saldría de la secretaría del máximo tribunal al ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que lo derivará a Uruguay. En ese país seguiría un camino similar. En todo caso, los abogados vinculados al proceso en Chile no guardan muchas esperanzas de que la justicia uruguaya acoja esta solicitud.
Ayer, en tanto, declaró ante el ministro Alejandro Madrid, el ex chofer del fallecido presidente Eduardo Frei Montalva, quien fue expulsado de la DC por haber sido informante de la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército DINE, publicada por la revista Siete + 7.
Fuentes ligadas al proceso indicaron que una de las materias que intenta establecer el magistrado es, primero, si recibía dinero por la información que entregaba; segundo que tipo de datos daba a conocer y tercero si eventualmente si conoce algunos detalles de la muerte del ex mandatario.
En el último tiempo el ministro Madrid ha avanzado sustancialmente en la investigación sobre la muerte de Frei, aunque hasta ahora no ha logrado establecer si efectivamente fue envenenado, aunque las sospechas se han ido engrosando cada vez más.
Historia y procesados
Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a la Argentina, donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay. En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos Intentó escapar en el balneario de Parque del Plata. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.
Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE:
Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.
Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.
En tanto, el ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.
El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde el ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, estuvo secuestrado en Uruguay.
En tanto, le agregó un segundo delito a Eugenio Covarrubias, y le imputó el delito de secuestro con homicidio.
También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial, Erika Silva.
Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y a Eugenio Covarrubias.
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