El organismo fiscalizador entregó los resultados de la investigación del sistema financiero y operacional del plantel, los que dan cuenta que el desorden impera: se han pagado millonarios sueldos a docentes que no hacen clases, no hay control de lo que se gasta ni de lo que ingresa y la deuda total asciende a 18 mil millones de pesos.
El descontrol reina en la Universidad de Santiago (USACH). Esa es una de las principales conclusiones hechas por la Contraloría General de la República tras una investigación sobre la situación financiera y operacional que ha tenido ese plantel en los últimos tres años.
La completa indagación -entregada el 2 de marzo pasado por el organismo fiscalizador y que se mantiene en reserva por parte de los directivos universitarios- se conoce en momentos en que se realiza una reestructuración en esa casa de estudios por parte de las autoridades. Algunos de los cambios que se harán obedecen a las múltiples falencias en distintos ámbitos, los que son reflejados en detalle en este informe al que tuvo acceso El Mostrador.cl.
Uno de los resultados más preocupantes es el referido a los pagos irregulares a personal académico pues, según se remarca en la investigación, la universidad "en sus diferentes niveles carece de procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de los servicios y en consecuencia, nadie certifica su realización".
Este medio intentó contactare en reiteradas oportunidades con el rector de la casa de estudios, Ubaldo Zúñiga, pero éste no respondió a los llamados.
En el documento, se establece que a 55 académicos de un total de 527, a los cuales se les cancelaron remuneraciones por un total de 553 millones de pesos, en el primer semestre del 2003 "no dieron cumplimiento en ese periodo con el número máximo de veinte horas de docencia ni con el mínimo de 8 horas", tal como establece la rectoría de la universidad para la actividad docente en jornada completa.
Además, el informe detalla los casos de las facultades de Administración y Economía e Ingeniería. De 460 profesores contratados por horas de clases sólo 237, es decir, "el 51,5 por ciento, aparecen con menos horas de docencia real que las que se indican en sus contratos, 140, el 30,43 por ciento aparecen realizando un mayor número de horas según contrato y tan sólo 83 de ellos, el 18,04 por ciento, aparecen dando cumplimiento a sus respectivas jornadas".
Según las conclusiones del organismo fiscalizador en esas facultades, de un total de 1.893 horas de docencia contratadas "sólo se efectuaron 518 horas, lo que representa que en promedio cada profesor llevó a cabo un total de 2,19 horas de clases, debiendo haber realizado 7,99 horas. (Jornadas semanales)".
Las pérdidas por el 51 por ciento de profesores con incumplimiento alcanzaron la suma mensual de 33 millones de pesos "cifra que en periodos de 6 y 12 meses representa eventuales pagos indebidos por 199 millones de pesos y 398 millones de pesos, respectivamente", afirma el documento.
El organismo sugirió que se haga una investigación independiente sobre este problema y que se ordene el reintegro de los recursos si así procede.
Las deudas
En el análisis de la Contraloría se asegura que la universidad en varias oportunidades ha formado comisiones para evaluar la situación económica -la última evacuó su informe el 11 de marzo del 2003- y que "en general las autoridades convergen en que la actual crisis de la universidad es muy grave y en ella se visualizan componentes de carácter económico-financiero así como administrativos, de gestión y culturales".
Se expresa que el déficit de las finanzas proviene de años anteriores, el que se ha incrementado "sustantivamente en los últimos ocho años, como consecuencia, principalmente, del crecimiento de la universidad y por mantener una estructura de sueldos de alta significación en términos de gastos".
Se consigna que debido a los "constantes desequilibrios se ha desembocado en la contratación de fuertes compromisos financieros con la banca, proveedores y acreedores en general, hecho que ha agravado aún más su posición financiera, comprometiendo el normal desarrollo de las actividades de esa casa de estudios superiores".
En esa línea se señala que las autorizaciones de endeudamiento en distintos periodos no han sido uniformes. "Basta con señalar que entre los años 1991 y 1994 el total de autorizaciones emitidas para endeudarse alcanzó la suma de 4 mil 900 millones de pesos; entre los años 1994 y 2000 tal cifra aumentó a 22 mil 500 millones; y desde el 2000 al 2006 figuran autorizaciones, a la fecha, por un monto de 18 mil 740 millones de pesos".
Se sostiene que en las actas respectivas de la Junta Directiva de la Corporación fue posible advertir que no se acompañan "los respaldos y el análisis efectuado, en materia de autorizaciones para adquirir la deuda, con el objetivo de conocer los criterios que se tuvieron a la vista para definir con exactitud los montos aprobados". Según la Contraloría lo anterior es necesario para poder "incluir y vincular correctamente los compromisos presentes y futuros que requerían de financiamiento con la real capacidad de pago de la universidad".
Presupuesto
El informe precisa que el presupuesto inicial de cada año es estructurado sin considerar "bases técnicas adecuadas y la totalidad de las operaciones de la universidad". Se explica que lo anterior "viene a debilitar cualquier medida tendiente a racionalizar gastos e implementar políticas restrictivas en el uso de los recursos y han significado permanentemente transgredir permanentemente el articulo 45 del D.F.L. N° 149 del Estatuto Orgánico de la Universidad".
En cuanto a los saldos iniciales y finales de caja presupuestarios "no siempre representan estimaciones confiables". Al respecto se precisa que el saldo inicial el año 2003 se estimó en 35 millones de pesos "sin restar los fondos provenientes de los proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) y de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (Mecesup) por 988 millones de pesos y 1.864 millones de pesos", respectivamente.
De acuerdo al informe, tampoco se descontaron los fondos Mecesup y Fondef (por alrededor de 900 millones de pesos) el 2001, cuando el saldo inicial fue de 121 millones de pesos. Lo mismo ocurrió el 2002, año en que se informó "verbalmente" de un saldo inicial de 14 millones de pesos "sin acompañar respaldo que acreditara su determinación".
Según la investigación los saldos finales aparecen en 0, lo que "no es coincidente con la realidad".
Se consigna que en el presupuesto universitario no son incluidos los recursos derivados de los convenios firmados con su empresa Sociedad de Desarrollo Tecnológico (STD) -que para el 2001 y 2002 ascendieron a 7.100 millones de pesos y 8.200 millones, respectivamente-, ni los gastos imputados a ellos "contraviniendo" normativas de los ministerios de Hacienda y de Educación. Se puntualiza que esta situación había sido advertida por el organismo y que las autoridades no han hecho nada para subsanarla.
Sobre este punto, el organismo fiscalizador concluye que las situaciones expuestas no sólo representan «riesgos» para el control del presupuesto, sino que «el criterio adoptado en la determinación de los saldos iniciales y finales de caja no reconoce, ni permite discriminar, del total de recursos disponibles». Según el informe, esto contribuye a que se consideren como propios fondos que no lo son, permitiendo disponer libremente de ellos. Este es el caso de los proyectos Mecesup, cuyos fondos se usaron en el financiamiento de actividades ajenas a lo previsto, lo que es objeto de un sumario administrativo de la Contraloría.
Desorden interno
Según la investigación el desorden financiero se pueden explicar por problemas en el control y coordinación entre los organismos encargados de los procesos financieros como la Unidad de Contabilidad del Departamento de Finanzas de la Universidad, la Dirección de Planes y Presupuestos y la Unidad de Control Presupuestario, dependiente de la Dirección de Economía y Finanzas. Además, en la empresa Sociedad de Servicios de Gestión Informática y Computación, residen las bases de datos sobre presupuesto, gestión financiera, recursos humanos y control de activos.
La Contraloría asevera que el personal de esas unidades "no siempre se encuentra ubicado en los mismos recintos, no cuentan con la información precisa del tipo, cantidad y calidad de información que manejan, ni disponen de coordinación adecuada entre ellas pese a que la labor que desarrollan se estima de alto impacto en el control de los recursos".
Lo anterior se ve "agravado", según la investigación, por la "excesiva rotación de algunas jefaturas, situación que no contribuye a asegurar una continuidad en las acciones que desarrollan, en especial, la de supervisión".
El informe señala que la Unidad de Control Presupuestario -entidad que entrega los antecedentes para la publicación anual del presupuesto- no se encuentra creada oficialmente por las autoridades por lo que "resulta riesgoso que una dependencia que no cuenta con los resguardos necesarios, ni con la formalidad debida emita información que es publicada a nombre de la Universidad sin que ella sea validada y confrontada por otra instancia".
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