Secretaria Técnica de la Comisión de Acreditación de Pregrado, María José Lemaitre, afirma que un »inevitable» efecto que traerá esta evaluación será la formación de un ranking. Además, no considera "grave" que universidades privadas se nieguen a acreditarse, pues contemplan sólo el 14 por ciento de la matrícula del país.
Los resultados del proceso de acreditación voluntaria de 13 instituciones de educación superior en el país -que examina la gestión interna, investigación, docencia e infraestructura de los planteles- para obtener un sello de calidad, traerá como inevitable efecto la creación de un ranking, a partir del cual los alumnos podrían elegir dónde estudiar.
Así lo aseguró María José Lemaitre, Secretaria Técnica de la Comisión de Acreditación de Pregrado, organismo encargado de analizar la calidad de las universidades e institutos profesionales por un lapso de dos años.
Aunque la profesional es contraria a la formación de estos listados, reconoció que "son inevitables». «Confío en que existan después varias publicaciones que hagan rankings distintos y que las ordenen por su calidad en distintos ámbitos", precisó.
Anticipó que el Gobierno no elaborará ningún instrumento de este tipo a partir de los resultados que se entregarán a mediados de julio -sobre gestión, docencia de pregrado, infraestructura e investigación de las entidades, entre otras áreas- pues hay que considerar que las instituciones son "muy complejas, donde pasan muchas cosas».
«¿Cómo reduces todo a un número? ¿Cómo pones en la misma escala a universidades como la Chile, Católica o de Santiago, con la Universidad Adolfo Ibáñez, que son cualitativamente distintas en complejidad, funciones o carreras?", se preguntó.
A la espera de una Ley
Este plan de acreditación por ahora es experimental y financiado por del Gobierno, pero con la promulgación de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación -actualmente en trámite en el Senado-, la Comisión Nacional de Acreditación o Agencia Pública tomará las riendas del tema.
La legislación contempla que la evaluación de carreras las harán agencias de acreditación y será obligatorio el proceso en medicina y pedagogía, consideradas como base.
La garantía de calidad la dará una comisión de 14 expertos que deben ser independientes a las casas de estudio examinadas. La acreditación será por un periodo mínimo de dos años y un máximo de siete. Lemaitre aseguró que si un plantel se acredita por un periodo mínimo no implica que sea de bajo nivel, «sino que puede que sus mecanismos sean precarios o no son eficaces. Sin embargo, en caso de acreditarse se cumple con un umbral".
Problema ideológico
La crítica más fuerte que ha surgido al proyecto de ley sobre acreditación ha surgido desde las universidades Mayor, Finnis Terrae o Los Andes, pues lo consideran estatista. Estos planteles -ligados a la derecha- ya no se harán parte del proceso experimental del 2005. Sostienen que no están en contra de acreditarse, pero no a través del proyecto que propone el Gobierno, pues creen que el sistema impone pautas uniformes y que será encabezado por una agencia única de acreditación.
Sin embargo, María José Lemaitre afirmó que muchas universidades aluden el alto precio que tendría el proceso: «No debemos disfrazar esto con el costo, esa no es la razón. Uno de los rectores alguna vez me relató que el problema no era quién participara del proceso, sino que era ideológico. Si el problema no es la agencia o los parámetros de evaluación, entonces debemos aclarar si el tema es ideológico o pragmático".
Según la profesional no es un problema que las casas de estudio privadas no se plieguen al proceso, debido a que «sólo representan el 14 por ciento de la matrícula nacional». El otro 86 por ciento ya está incluida en el sistema.
Explicó que el precio de una agencia internacional por examinar una institución oscila entre 25 y 35 mil dólares. En cambio, el costo de las actuales visitas es de sólo siete mil.
Aseguró que la instancia para conversar con los privados para que se integren al proceso es el Parlamento. "Mesas de conversaciones sobre el tema hemos tenido permanentemente en varias instancias, los lugares de discusión hoy son las comisiones de educación del Senado y la Cámara. Diálogo ha existido hasta el cansancio, no se necesita más. Esas son las instancias que dan las democracias para conversar y eventualmente votar", expresó.
Artículos relacionados:
Cinco agencias dominarían mercado de la acreditación educacional
