El organismo sigue recopilando información para ejecutar todas las acciones de tipo civil que la ley le confiere y exigir la reparación del daño causado a los bosques de alerce. En lo penal, esta semana entregarán en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el escrito mediante el cual se hacen parte en la causa por falsificación de guías de libre tránsito de la Conaf.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encuentra evaluando los antecedentes que le permitan presentar una demanda por daño ambiental, contra los responsables del riesgo y deterioro al cual se ha sido expuesto el alerce en la X Región, declarado Monumento Natural mediante Decreto Supremo n°490 de 1976.
En ese marco, el jueves 20 de junio, la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, se reunió por espacio de una hora con un equipo de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (Aifbn), los cuales le expusieron los antecedentes presentados ese día en la comisión especial del Congreso que investiga la tala ilegal, encabezada por el diputado socialista Fidel Espinoza. Parte de dicho equipo es el mismo que participó de la elaboración del polémico catastro de madera muerta de alerce, que fue rechazado por Conaf la semana pasada.
Según trascendió, Szczaranski se reuniría los próximos días con el Presidente Ricardo Lagos, para informarle entre otros temas, del diagnóstico que tiene el CDE sobre la magnitud de la crisis ambiental que vive esta especie arbórea.
La facultad del CDE para presentar una demanda está contemplada en la ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, y permite obtener la reparación y medidas de mitigación en beneficio de los bosques de alerce dañados, a través de un juicio de carácter civil. Esto se traduce fundamentalmente en el pago de indemnizaciones millonarias, pero a la vez simbólicas, porque no se puede calcular el "valor real del daño», tal como lo explicó en mayo la propia presidenta del CDE, luego de conocer el fallo en contra del proyecto forestal Cascada Chile, responsable de la destrucción de conchales considerados patrimonio arqueológico, lo cual también sucedió en la X Región.
En este sentido, la identificación de los responsables que logre determinar el CDE, se anuncia polémica. Por una parte están las familias de escasos recursos que viven de la tala ilegal y que se han instalado a ocupar irregularmente los predios propiedad de Angel Lagomarsino y Forestal Sarao, en la cordillera de la costa de la X Región, donde se registran los mayores conflictos judiciales. Y por otra, están los dueños de los terrenos, de los cuales se podría llegar a determinar que no han tomado las medidas o no han protegido adecuadamente a la especie de la tala y los incendios.
Esto, sin contar la responsabilidad de quienes estimulan y financian la extracción y tala ilegal para su posterior comercialización, y el rol de los entes fiscalizadores y protectores de la especie.
Sin embargo, lo primero y más importante que espera el organismo es que la justicia identifique culpables, cuya misión depende del ministro en visita Hernán Crisosto, quien tiene a su cargo, la causa política y ambientalmente más importante que se lleva en la X Región, ya que a partir de ella se ordenó la detención del director nacional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Carlos Weber, cuando estuvo en manos de la jueza (s) de Los Muermos, Rosa Muñoz.
Por lo pronto, el consejo decidió materializar su preocupación por el tema y el día martes presentará un escrito mediante el cual se hace parte en la causa por falsificación de instrumento público (guías de libre tránsito de la Conaf) y tala ilegal de alerce, que lleva el ministro, según informaron a El Mostrador.cl, fuentes del organismo.
El escrito del consejo, se encuentra redactado desde la semana pasada y para presentarlo sólo se espera la llegada del ministro, quien se encuentra en Santiago realizando un curso de perfeccionamiento en la Academia Judicial.
La decisión se fundamenta en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 letra A de la ley orgánica del consejo referido a "Crímenes y simples delitos contra la fe pública, contemplados en el Título IV, párrafos 1, 2, 3, 4 y 6 del Libro Segundo del Código Penal".
Polémico Estudio
En tanto, el viernes a las 11.30 horas se reunieron el rector de la Universidad Austral y el director de Conaf X Región, Pedro Bahamondez, para aclarar por qué la corporación rechazó las conclusiones del denominado proyecto Lahuén que daba cuenta de la critica realidad que vive el alerce costero en Fresia y Purranque.
Cabe recordar que Conaf encargó dicho estudio en marzo de 2003 y no quedó conforme porque el equipo investigador no cubrió todas las hectáreas estipuladas en el acuerdo; de ahí que sus conclusiones no serían satisfactorias. Los resultados del informe son vitales para determinar la desprotección de la especie, cuyo cuidado depende en primera instancia de Conaf.
Bahamondez anunció que en los próximos días entregarán las observaciones al estudio, las que deberán ser analizadas por un equipo técnico de la universidad. Finalizada esta etapa se deberá pagar los ocho millones de pesos de la última cuota del trabajo, según informó el departamento de comunicaciones del plantel, que desestimó las versiones en torno a que este dinero no sería cancelado.
El costo total del proyecto fue de 27 millones de pesos y tenía como plazo de ejecución un año, a partir del 31 de marzo de 2003, prorrogándose su entrega en dos meses a petición del equipo de ingenieros forestales a cargo del estudio. Los mismos anteriormente habían hecho llegar a la corporación dos informes, los cuales no fueron objetados.
Las buenas relaciones en que quedaron las autoridades de dicha casa de estudio y la Conaf se manifestaron en la participación del vicerrector de la Universidad Austral en la atrasada celebración de los 34 años de la institución, suspendida el mes de mayo debido a la detención de su director nacional.
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