Aunque Lavín instó a los representantes de todos las fuerzas políticas a colaborar para que los proyectos antidelincuencia de su sector sean aprobados en el Congreso, todo parece indicar que la Concertación le restó seriedad a la iniciativa. Parlamentarios oficialistas anuncian que se mantendrán en la línea trazada. Los expertos en lo penal enjuiciaron los proyectos.
Las señales en orden a que la delincuencia será un tema primordial para la derecha, en las futuras campañas, son cada vez más nítidas. Lo mismo que la necesidad del sector de no quedar ante la ciudadanía como una cofradía negativa que sólo critica y no es capaz de hacer propuestas, por lo que no sería de extrañar que la Alianza por Chile aproveche el Período Legislativo Ordinario para intentar promover iniciativas que apunten, particularmente, a temas que le son propicios: los que "le preocupan a la gente".
En este contexto se enmarcan los proyectos antidelincuencia anunciados ayer por el líder del sector, Joaquín Lavín, y que podrían terminar siendo un verdadero volador de luces, tomando en cuenta que, dado los últimos acontecimientos ocurridos en el Congreso, no parece haber mucha disposición de llegar a acuerdos que impliquen un trasvasije de votos de una alianza a otra.
Ni siquiera parece que pueda causar mucho efecto entre los senadores oficialistas la advertencia de uno de los patrocinantes y gestores de los proyectos, el presidente de la Comisión de Constitución, senador Alberto Espina (RN), que plantea que el respaldo o no que le den sus pares de la Concertación a las iniciativas constituirá una "prueba de blancura. De que todos estamos dispuestos a remar para el mismo lado".
Mientras tanto, el senador Andrés Zaldívar (DC), aunque admitió desconocer los contenidos de los proyectos, destacó que la acción emprendida por Lavín es "una muestra más de populismo barato" y que no se puede politizar el tema de la delincuencia. En su opinión no se saca nada con subir las penas y proponer medidas efectistas del estilo de "cortarle la mano al ladrón", porque es obvio -dice- que la gente la va a apoyar.
El ex presidente del Senado agregó que siempre hay voluntad política para solucionar estos temas, pero que la Concertación continuará en la línea trazada por el gobierno. De lo que se puede inferir cuál será la línea de los senadores oficialistas en esta materia. Por otro lado, aunque en la derecha dicen esperar que el oficialismo respalde las iniciativas, están concientes que eso no será fácil y que es muy probable que el proyecto duerma en el Congreso.
Los proyectos de la derecha
Las iniciativas anunciadas por Lavín son dos. Una reforma constitucional que le otorga "al legislador la facultad para fijar los casos en que por la gravedad del delito o por la peligrosidad o reincidencia del delincuente, no procede la libertad provisional, debido a que esas conductas constituyen un peligro para la seguridad de la ciudadanía".
El segundo proyecto "agrava las penas y limita los beneficios carcelarios para los delincuentes reincidentes, respecto de los delitos de secuestro de personas, robos, hurtos y violación". Esta iniciativa establece que cuando el delincuente es primerizo, se le aplicará la pena que rige actualmente en el Código Penal. Cuando cometa el delito por segunda vez, no tendrá derecho a las atenuantes "de irreprochable conducta anterior y la de haber reparado con celo el mal causado".
Para una tercera vez, el delincuente no tendrá derecho a las atenuantes que ya se le restan en la segunda oportunidad, pero además la pena tendrá como piso la aplicada la segunda vez e incluso podrá ser aumentada en dos grados. Tampoco tendrán derecho a reclusión nocturna quienes reincidan y se aumentará la pena para quienes cometan delito actuando en grupo o pandilla. Por otra parte, el proyecto precisa que "para ser considerado reincidente, basta que la sentencia anterior esté ejecutoriada, dado que actualmente los tribunales exigen que se haya cumplido efectivamente la pena para tener ese carácter".
Estas iniciativas están basadas en diversos planes antidelincuencia aplicados en Estados Unidos, como son "Tolerancia Cero" -en Nueva York- y el más reciente al que ha echado mano la Alianza por Chile, "Three Strikes and You’re Out" (tres faltas y estás fuera) -que se aplica en Baja California, pero que tuvo sus orígenes también en Nueva York-. Esta última, creada por el senador Chuck Schumer, quien en su larga carrera política cuenta con un extenso currículum y ha patrocinado y ayudado a escribir leyes como la que convierte en delito federal el hacer bromas relacionadas con terrorismo y, por cierto, aquellas antidelincuencia mencionadas, entre muchas otras.
No obstante, pese a que la derecha promueve la implementación de estas iniciativas antidelincuencia, pues estiman que han dado buenos resultados en Estados Unidos, lo cierto es que algunos estudios realizados por expertos de distintas universidades norteamericanas indican que, leyes como la aplicada en California, "provocan el aumento desproporcionado del período de encierro efectivo de los condenados, según el delito cometido y los antecedentes condenatorios" (Marc Mauer, "The Sentencing Proyect", y que leyes como estás surgen más bien a partir de "la crisis del modelo rehabilitador".
El académico Franklin E. Zimring, de la Universidad de California, va más allá y plantea que la política de "Three strikes and yuo’re out" "ha producido mayor grado de encarcelamiento que lo que la ley en sí permitía entrever; una aceptada presuposición de que cualquier aumento de dolor sobre los condenados produce como consecuencia un beneficio paralelo para las víctimas de los hechos delictivos (relación que se ha llamado ‘falacia suma cero’), presuposición que es conveniente para, precisamente, evitar el tener que explicar de qué forma un aumento en la respuesta punitiva es favorable para los reclamos de la víctima; y, una paradójica desconfianza en las instituciones del Estado, frente a las que se reacciona forzando la imposición de medidas penales".
Visiones similares en Chile
El jefe del Programa de Justicia Criminal, de la Universidad Diego Portales, Felipe Marín, plantea que los proyectos de la oposición no constituyen una novedad y que en Estados Unidos estas políticas que conllevan una "actitud más brusca, irracional, venden pero no funcionan".
Agrega que "Estados Unidos es uno de los países menos razonables respecto del tratamiento de los delitos. Sus cárceles están llenas y cada vez están más repletas, lo que no debería suceder si el sistema funciona. Bajo esos parámetros los delitos deberían bajar".
"Lo mismo pasa con la pena de muerte, mientras se aplica, más gente hay esperando en los pasillos de la muerte. Entonces, no es verdad que la amenaza funcione para bajar los niveles de delitos. Para lo único que sirve es para aplicar más violencia y tener a más gente presa con penas más graves", sentencia Marín.
Así las cosas, manifiesta que la propuesta de la Alianza por Chile es "un golpe mediático", ya que "uno de los principios básicos del derecho penal es que a las personas se les castiga por lo que hacen y no por lo que son. Eso es clave en el derecho penal moderno. Por ejemplo, ya no se castiga a las personas por vagancia. Antes, a los vagos se los metía presos porque son vagos; eso ya se eliminó".
A este respecto, precisa cuál es la figura, señalando que "lo que se eliminó es el derecho penal de autor. Yo no lo castigo a usted por ser quien es, sino porque ha hecho algo. Entonces, cuando a la tercera vez impongo sanciones así de graves (propuesta Lavín), lo que estoy haciendo en definitiva es presumir que usted es un delincuente, que se gana la vida como delincuente".
En su opinión, para disminuir o enfrentar el problema de la delincuencia, el punto principal está "en la eficiencia de las normas que existen. No se trata de hacer las normas en el papel con una sanción más grave, sino hacer que en los casos concretos esas normas se cumplan. El punto es trabajar en la calle para que a esas personas las detengan, no subir las penas formalmente, ganarse aplausos en los diarios, para que finalmente no se apliquen porque no los agarran".
En tanto, un abogado chileno que ha estudiado las iniciativas antidelincuencia aplicadas en Estados Unidos, especialmente en California, asegura que el modelo trajo diversas complicaciones, debido a que no se podían negociar las penas. "La gente tenía que tratar, necesariamente, por todos los medios de demostrar inocencia y eso significó que todos iban a juicio oral y colapsó el sistema, que no esta hecho para que más del uno o dos por ciento llegue a esa instancia".
En concreto, respecto al proyecto de la derecha, señala que "es muy difícil para un juez condenar a una persona a 15 años porque se robo una gallina. Además, la legislación dura existe. En este momento, si alguien salta una pandereta, entra al patio y se roba un par de calcetines, es un robo mayor y está condenado a cinco años y un día sin libertad provisional".
