El bullado caso de las millonarias indemnizaciones que acordaron pagarse altos ejecutivos de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap), en 2001, llegó a su «final» con la decisión de la Corte de Apelaciones de sobreseer la causa. Tan sólo en abril parlamentarios de Renovación Nacional se habían reunido con el presidente de la Corte para «acelerar el caso».
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió sobreseer, al menos temporalmente, el caso de las millonarias indemnizaciones en la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). La medida se tomó el pasado 23 de julio, sobre de la base de los antecedentes que constan en la causa a cargo de la jueza del 19° Juzgado del Crimen de Santiago, Carmen Garay Ruiz.
Fuentes judiciales confirmaron a El Mostrador.cl que el Consejo de Defensa del Estado, que es parte en la causa, acordó conformarse con el fallo de la Corte de Apelaciones, que confirma el sobreseimiento temporal en atención a que el organismo consideró que no hay nuevos recursos que interponer.
Este no es el primer revés para el CDE. Ya en 2001 la titular del 19° Juzgado había declinado procesar a los altos ejecutivos que percibieron millonarias indemnizaciones en la empresa. Entre los que se encontraban el ex ministro de Minería Sergio Jiménez, a la vez presidente del directorio; Álvaro García Alamos, ex gerente general de Enap y padre del ex ministro secretario general de la Presidencia del mismo nombre y actual embajador en Suecia, y por último al ex secretario general de la empresa, Marcelo Rodríguez, junto al ex fiscal Jaime Jara.
A Jiménez y a García Alamos, quien falleció en 2002, se les imputaba el presunto delito de fraude al Fisco. En tanto, a Rodríguez y Jara se les atribuía el presunto delito de negociación incompatible, figura aplicable al empleado público que directa o indirectamente se interese en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo.
Sobre el caso, tan sólo en abril pasado la diputada Lily Pérez y el senador Baldo Prokurica, ambos de Renovación Nacional, se reunieron con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan González, con el objeto de pedir la agilización de la causa sobre las indemnizaciones recibidas por los ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), en 2001.
«Hemos venido a conversar con el ministro González para saber por qué los tribunales no han puesto en tabla esta causa», dijo en la oportunidad la diputada Pérez.
La parlamentaria recordó que en noviembre de 2001 habían presentado tres querellas en contra de ex ejecutivos de la estatal, quienes se pagaron 33 millones de pesos por concepto de indemnización.
El caso se recuerda porque provocó que fueran expulsados altos jerarcas de la DC, partido al cual pertenecían mayoritariamente los beneficiados.
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