Para el gobierno, sin duda, uno de los temas más complejos que deberá enfrentar será el de las reparaciones. Por una parte, debe resguardar los caudales fiscales y por otra éstas no podrán ser ni tan austeras ni tan simbólicas. En el mundo político, el informe ya genera la exigencia de un mea culpa del mundo civil.
Cuando a mediados del año pasado el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira, tomó el toro por las astas y comenzó a hablar de derechos humanos de una forma proactiva y no reactiva, como había sido hasta el momento, no sólo la Concertación se estremeció al ver una de sus principales banderas de batalla en manos de la oposición, sino que el gobierno también.
En el oficialismo no sólo consideraban que en la UDI eran unos desvergonzados y que no tenían calidad moral para representar a familiares de víctimas del régimen militar, como pretendieron hacerlo ante una supuesta inacción de La Moneda, sino que además veían que en los 14 años de gobiernos de la Concertación se había avanzado un buen trecho en materia de "reconciliación" aunque faltaban preocupaciones y logros concretos.
Es por esto que en medio de una reunión en que se analizaba la arremetida de la UDI, personeros de gobierno decidieron poner a la derecha a prueba: "Si vamos a hablar de derechos humanos, hablemos de derechos humanos de verdad y en toda su dimensión", dijo un personero que prefirió mantener en reserva su nombre.
Bajo esta premisa comenzó a elaborarse el documento "No hay mañana sin ayer", en el que por primera vez se reconocía a los prisioneros políticos y las torturas que sufrieron.
Aunque el documento también incluía una serie de proyectos de ley -que han sufrido más de un traspié en el Congreso- sin duda la creación de la Comisión sobre Política y Tortura (también llamada comisión Valech) fue uno de los anuncios más concretos y que el martes rindió su primer fruto al entregar sus resultados al Presidente Lagos.
El resto es historia conocida, o semi conocida.
La cifra que se salió de las manos
La comisión se tomó poco más de un año para instalarse, recibir los testimonios, procesarlos para ver a los que calificaban y los que no y para redactar el informe final. Pero además tenían la misión de proponer reparaciones para las víctimas.
Y fue ahí donde comenzaron los problemas. Aunque el Presidente ya había anunciado una reparación "austera y simbólica que determinará el Ejecutivo" para quienes la comisión haya acreditado como víctimas de la prisión política y/o tortura, hoy el tema es definir cuál será ese monto "austero y simbólico".
Según explicaron fuentes de gobierno, nunca se pensó que serían tantos los testimonios que se recibirían y se acreditarían. Esto, porque el análisis que se realizó es que si en el informe Rettig había cerca de tres mil casos de detenidos desaparecidos, la cifra se podría duplicar o máximo triplicar en el número de prisioneros. Es decir, cerca de nueve mil personas.
Pero la realidad superó con creces las expectativas iniciales. Se acercaron más de 35 mil personas a la comisión y la mayoría de dichos testimonios se validaron.
Es por esto que hoy una de las discusiones gira en torno a cómo reparar simbólicamente a las víctimas. Aunque ya se ha hablado de posibles prestaciones médicas, como una especie de AUGE para las víctimas que incluya atenciones sicológicas y aquellas especialidades que requieran las víctimas, además de reparaciones similares a las de la ley 19.123 en el ámbito educacional.
Sin embargo, cuando se trata de un beneficio económico directo la discusión es más compleja. Esto porque cualquier monto que se fije será un gasto enorme para el Estado y probablemente no signifique ninguna mejora para las víctimas.
Aunque en un momento se habló de una reparación de 25 mil pesos por víctima son 875 millones de pesos para el Estado y, tal como dijo una fuente parlamentaria, "una burla" para los indemnizados.
Es por esto que tanto en el mundo de los derechos humanos como en el mundo político éste será, sin duda, uno de los problemas "concretos" que deberá resolver el gobierno mientras el Presidente Lagos lee el informe.
Detrás de los civiles
"Si vamos a hablar de derechos humanos, hablemos de verdad". Si bien fue esta frase la que dio el impulso para incluir por primera vez a las víctimas de la prisión política, hoy es sin duda el nuevo caballito de batalla de la Concertación.
Hoy nadie niega que existieron víctimas, aunque con matices. El Ejército ya reconoció una política institucional al respecto, mientras las otras ramas de las Fuerzas Armadas, y especialmente la Armada, "analizarán en su mérito" si lo hacen o no.
En el mundo civil son pocos los que hablan de hechos aislados o excesos. Pero es a este mundo al que hoy la Concertación apunta, especialmente a la UDI.
Es a ellos que el oficialismo pide un mea culpa, especialmente a quienes colaboraron con el régimen militar y hoy están en el Congreso. Entre ellos, el ex ministro del Interior, Sergio Fernández, el ex subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, el ex subsecretario general de Gobierno, Jovino Novoa, el ex alcalde designado por Santiago, Carlos Bombal, el almirante (R) Jorge Arancibia y el ex director de Carabineros, Rodolfo Stange.
Si bien hay otros senadores que también fueron miembros del régimen militar, los dardos comenzarán a apuntar especialmente a ellos, pues hoy "son democráticamente electos, olvidando un pasado de apoyo a la dictadura".
La primera arremetida
Ayer tras la entrega del informe de la comisión al Presidente Lagos, desde todos los sectores del oficialismo comenzó a exigirse un mea culpa a los civiles, aunque la respuesta no se hizo esperar.
De hecho, fue el vicepresidente del Senado, Jaime Gazmuri, quien abrió la polémica en el Senado cuando llamó a los civiles que participaron en la conducción del Estado durante el régimen militar a hacer un gesto y reconocer su responsabilidad en la política sistemática de violaciones a los derechos humanos. Fernández, quien fue ministro del Interior de Pinochet no tardó en responder que "jamás se siguió una política de esa naturaleza, al contrario, se reprimió absolutamente cualquier tipo de apremio ilegítimo".
Ante esto, el senador PS señaló que hay una paradoja ya que el Ejército, sostén principal del régimen militar, reconoce su responsabilidad y se compromete a tomar resguardos para que estos horrores no vuelvan a ocurrir en Chile, pero los políticos que participaron en la gestión del gobierno militar, "no reconocen nada ni hacen un solo gesto".
"Es inaceptable la declaración entregada por el senador Sergio Fernández, en la cual no sólo no asume ninguna responsabilidad sino que pretende desviarla exhibiendo un documento tardío, de 1987, cuando ya la dictadura estaba en sus postrimerías y se anticipaba el plebiscito en el que los chilenos se pronunciaron abrumadoramente en contra de ella", dijo Gazmuri.
Agregó que "la política sistemática de violación a los derechos humanos comenzó en 1973 y se mantuvo, obviamente, entre los años 1978 y 1982, período en el cual Sergio Fernández fue ministro del Interior. Si él ahora se lava las manos quiere decir que no estaba informado, lo que resulta poco creíble tratándose del Jefe de Gabinete ministerial, o guardó silencio ante las atrocidades que se estaban cometiendo. Sea cual fuere la situación, los ciudadanos merecen una explicación coherente".
"Si los civiles que tuvieron responsabilidades en el gobierno militar no son capaces de hacer un examen acerca de su participación en uno de los períodos más oscuros de nuestra historia reciente, están dándonos la razón a todos los que dudamos de la solidez de sus principios y vocación democrática", añadió.
En tanto, Fernández reiteró que "en lo que a mí respecta, como ex ministro del Interior, señalo categóricamente que jamás se siguió una política de esa naturaleza; al contrario, se reprimió absolutamente cualquier tipo de apremio ilegítimo y es más se dictaron instrucciones precisas para castigar a toda persona que cometiera estos ilícitos".
El senador dio a conocer un decreto de agosto de 1987 en el cual se señala que: "Que se reitera de manera muy enfática, conforme a los textos constitucionales, legales y ministeriales citados, la prohibición absoluta, de aplicar apremios ilegítimos a las personas detenidas, cualesquiera fueren los motivos o circunstancias de su detención".
En el decreto se agrega que "el Supremo Gobierno será inflexible en la aplicación de las sanciones para aquellos funcionarios que se les compruebe haber efectuado o aplicado apremios ilegítimos o violencias innecesarias".
El parlamentario dijo que en la época que se facilitó la labor de la justicia y para ello "cada vez que los tribunales requirieran cualquier información al respecto, debieran ser dados todos los elementos necesarios para facilitar la labor de tribunales".
Además sostuvo que, tal como lo señalan los documentos, "cada detenido tenía que contar con un certificado médico al ingreso y otro una vez que era dejado en libertad ya sea por los tribunales o por las autoridades administrativas".
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