La mirada del juez Alejandro Madrid, que investiga la muerte del ex químico de la DINA, llegó a este punto del expediente uruguayo que obra ahora en su poder, algunos días antes de que tomara su feriado legal, y le habría sido útil para decretar algunas nuevas diligencias en torno al tema.
El ministro en visita Alejandro Madrid, que sustancia el proceso por el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, tiene en su punto de mira las declaraciones de altos oficiales de inteligencia uruguayos, quienes en el proceso que se sustanció en ese país -y que ahora está en Chile en manos del magistrado- declararon que la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) les pagó altas sumas de dinero.
Así lo aseguraron a El Mostrador.cl fuentes que conocen la investigación.
La mirada de Madrid llegó a este punto del expediente uruguayo, algunos días antes que tomara su feriado legal y le habría sido útil para decretar algunas nuevas diligencias en torno al tema.
Los testimonios de los militares uruguayos son coincidentes con los dichos del coronel Wellington Sarli, en el exhorto chileno tramitado en Uruguay el año pasado, y en ellos reconocieron que tras el escándalo ocurrido en junio de 1993, cuando salió a la luz que Berríos había estado escondido en el país atlántico, viajaron a Chile con todos los gastos pagados a las Termas de Puyehue.
A mayor abundamiento, las declaraciones del expediente uruguayo entregan mayores detalles de la colaboración entre los servicios de inteligencia de ambos países. Incluso, de acuerdo a la versión obtenida por este diario en las mismas fuentes, reconocen que las órdenes para todo lo que significó la operación de salida de Berríos de Chile a través de Argentina y su posterior llegada a Montevideo, debió ser ordenada desde la más alta jerarquía del ejército chileno, en ese entonces, Augusto Pinochet Ugarte.
La historia conocida
El contacto en Chile que tuvieron los oficiales uruguayos, y quien pagó íntegramente los gastos, fue el agente de avanzada del equipo de seguridad de Pinochet y jefe de la "Unidad Especial" que se encargó de sacar a Berríos del país, comandante (R) Arturo Silva Valdés. Este ex oficial se encuentra, además, encausado como autor material en el asesinato del químico, por el delito de asociación ilícita.
Wellington Sarli, junto a sus colegas Eduardo Radaelli y Tomás Casella, viajó a Chile en junio de 1993. Fecha que coincide con el escándalo que se desató al hacerse público que la inteligencia militar uruguaya prestó su colaboración a los agentes chilenos que "cuidaban" a Eugenio Berríos en Montevideo, ciudad a la cual fue llevado para eludir la acción de los tribunales chilenos.
Según Sarli, Arturo Silva los recibió en el aeropuerto Arturo Merino Benítez y los acompañó durante toda la jornada. En Santiago, fueron instalados en "un departamento de un recinto militar", para después viajar hasta Osorno en un vuelo comercial. En la ciudad de la Décima Región, "los visitantes uruguayos" volvieron a ser alojados en un regimiento, antes de subir, por algunos días, hasta un centro termal, ubicado "cerca de la frontera con Argentina".
En su declaración, Sarli asegura que los militares uruguayos nada tuvieron que ver con el homicidio de Eugenio Berríos y que, cuando apareció el cuerpo del químico -en abril de 1995, en una playa del balneario de Pocitos-, él atribuyó la muerte del ex agente de la DINA a "militares chilenos".
Los hechos relatados por Sarli habrían ocurrido el mismo mes en que quedó al descubierto que los agentes chilenos recibieron ayuda de la inteligencia militar uruguaya para esconder a Berríos en varias residencias de Montevideo. Por lo que se hace dudoso que hayan ingresado a Chile con sus identidades reales, ya que por esos días sus nombres aparecían permanentemente en la prensa, tanto chilena como de su país. Además, tuvieron que presentarse en varias ocasiones a prestar declaraciones en las investigación que abrieron el Ejército y el Parlamento uruguayos.
Según cercanos al caso, la recalada en Chile tendría el carácter de un "premio" por servicios prestados por los militares uruguayos, dejando, en evidencia, además, que el organismo de espionaje del Ejército chileno utilizó dinero estatal en sus intentos por encubrir el crimen.
Historia y procesados
Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a Argentina, desde donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay. En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos intentó escapar desde la casa en la que permaneció recluido en el balneario de Parque del Plata, cerca de la capital uruguaya. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.
Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE:
Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.
Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.
En tanto, el ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.
El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde el ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, estuvo secuestrado en Uruguay.
En tanto, le agregó un segundo delito a Eugenio Covarrubias, y le imputó el delito de secuestro con homicidio.
También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial, Erika Silva.
Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y a Eugenio Covarrubias.
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