Incógnitas respecto a decisión del mandatario surgen en varios ámbitos: si las reparaciones económicas serán vitalicias o se otorgarán una sola vez, si serán "simbólicas y austeras"; si al igual que Aylwin pedirá perdón a nombre del Estado y si las medidas reparatorias serán integrales o sólo pecuniarias.
La APEC no sólo era uno de los eventos más esperados y preparados de los últimos meses, sino que además fijaba un plazo. Después de esta importante cumbre económica el Presidente Lagos daría a conocer al país el informe realizado por la Comisión sobre Prisión política y Tortura y presentaría sus propuestas de reparaciones para los afectados.
Desde el lunes el Presidente Lagos ha estado repasando cuidadosamente el informe que le entregó la comisión Valech y desde ayer comenzó a recibir a distintos actores para escuchar sus propuestas de lo que debe ser la reparación para quienes fueron víctimas de la tortura.
Primero se entrevistó con la vicepresidenta ejecutiva de la comisión, María Luisa Sepúlveda, luego con el senador socialista Carlos Ominami y con una delegación de personeros de distintas entidades de derechos humanos.
Aunque el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, pidió "paciencia" para que el Presidente Lagos pueda hacer una buena propuesta, y el ministro del Interior le puso fecha, asegurando que no sería después del 10 de diciembre, según trascendió, el mandatario daría a conocer el informe hoy o mañana a través de cadena voluntaria de televisión y radio.
Si bien lo qué dice el informe es una de las cosas más esperadas -pese a que ya se han publicado innumerables reportajes que cuentan cómo se torturaba en Chile-, para los miles de afectados es tanto o más importante conocer de su boca la política de reparaciones que presentará el Presidente.
Hasta ayer, las incógnitas respecto a la decisión del mandatario surgían en varios ámbitos: si las reparaciones económicas serán vitalicias o se otorgarán de una sola vez, si éstas serán "simbólicas y austeras" o si serán "justas"; si al igual que el ex presidente Aylwin pedirá perdón a nombre del Estado y si las medidas reparatorias serán integrales o sólo pecuniarias.
Lo que piden las víctimas
Cuando el Presidente Lagos creó la Comisión sobre Política y Tortura aseguró que las víctimas recibirían una reparación "simbólica y austera". Tras terminar el trabajo de la comisión, parlamentarios socialistas aseguraron que las reparaciones no deben ser ni austeras ni simbólicas, sino que "justas", abriendo así el debate sobre el monto y la forma en que debe entregarse.
Pero hasta ayer nada habían dicho las víctimas.
Los distintos organismos que representan a víctimas que han sufrido violaciones a los derechos humanos aseguraron ayer que tan importante como las reparaciones económicas son las de carácter social, moral y memoria histórica.
Sobre el monto, aseguraron no tener un planteamiento definido "pues es un tema muy sensible para nosotros para ponerlo de ese modo" y afirmaron que "el Presidente Lagos sabrá hacer una propuesta justa".
No obstante, se inclinaron por una pensión vitalicia y no de una sola vez y asimismo le solicitaron al Presidente Lagos que además "existan consideraciones particulares para aquellos que quedaron con alguna incapacidad, que por alguna u otra situación no quedaron al 100 por ciento en condiciones de enfrentar la vida laboral, y que para las personas mayores de 60 años o a quienes vayan cumpliendo esa edad también existan consideraciones especiales".
En la reunión que ayer sostuvieron con el Presidente Lagos los organismos le entregaron una minuta que contiene "tres grandes tópicos relacionados con el tema de la reparación que refleja lo que nosotros consideramos debe ser recogido en términos de reparación integral. El Presidente nos escuchó con mucha atención".
En el plano social, los organismos plantearon que las reparaciones debe incluir atención médica "verdaderamente integral», pues según dijo Mireya García -vocera de los organismos- es necesario que "las personas que tienen problemas de salud no se enfrenten además a este sistema tan deshumanizado, que significa tantas complicaciones en definitiva y que hacen más amarga la vida de quienes fueron torturados".
Pese a esto, García dijo que "la prisión política y la tortura no son reparables, estas son medidas reparatorias, pero no hay nada que pueda reparar lo que cada uno de nosotros, lo que cada uno de los 35 mil chilenos que formamos parte de ese informe, ha padecido en términos de que no vivamos lo que ya vivimos y no tengamos en nuestro corazón las secuelas de lo que ya vivimos".
Memoria
Pero además de lo pecuniario y lo social los organismos plantearon al Presidente Lagos que el informe debe servir para reparar moralmente y para recuperar la memoria histórica.
En este sentido se le solicitó al mandatario que el informe de la comisión Valech se publique y se envíe a todos los colegios y bibliotecas y que además existan medidas simbólicas de reparación como monumentos y recuperación de centros de reclusión.
También le plantearon que "la educación en derechos humanos es fundamental en la sociedad chilena. No podemos seguir dilatando algo que partió con el informe Rettig hace 12 o 13 años y que todavía no se implementa. Necesariamente tenemos que integrar a la educación formalmente en los planes de estudio, los derechos humanos, el informe Rettig, el informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y el de la Comisión de Prisión Política y Tortura a la formación cotidiana de los ciudadanos".
En el ámbito legislativo, las organizaciones pidieron que se integren a las leyes nacionales "todas las convenciones y tratados internacionales en materias de derechos humanos y sobre todo en materia específica de tortura que Chile ha firmado. Que se ratifique el protocolo de la Convención Internacional contra la Tortura, que nos parece una vía y un mecanismo eficiente para realmente materializar el nunca más".
Incorporación de las otras víctimas
Una de las peticiones más sentidas para los organismos es la que realizó la directora del Codepu, Paz Rojas, quien aseguró que las más de 35 mil personas que declararon ante la comisión son sólo aproximadamente un tercio del total de torturados que hubo en Chile y que por distintos motivos no se acercaron a la comisión. Es por esto que le pidieron al mandatario que establezca algún mecanismo para que pueda incorporarse al informe a los que no declararon.
Además solicitaron que Chile cumpla con las recomendaciones especiales sobre prisión política y tortura que hizo la ONU, en el sentido de que no sólo debe publicarse el listado de víctimas sino también de victimarios.
Pese a que este antecedente no aparece en el informe, pues no estaba dentro del mandato de la comisión, el Codepu anunció que una vez que el Presidente Lagos de a conocer el informe "nosotros vamos a publicar el listado de los nombres que las personas que hemos atendido dieron de sus torturadores".