A pesar del exiguo monto de indemnización para las víctimas -112 mil pesos mensuales-, la propuesta global del Mandatario apunta a garantizar el respeto de los derechos humanos y que haya un reconocimiento de la sociedad para quienes sufrieron torturas. La frase final de su discurso intentó resumir esta idea de un modo muy decidor: »Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo».
Una de las materias más esperadas del Informe sobre Prisión Política y Tortura por las víctimas de la represión política, eran las reparaciones que recibirían a raíz de los apremios ilegítimos a los que fueron sometidos durante el régimen militar.
En concreto, acogiendo la propuesta del grupo de trabajo que por más de un año encabezó el obispo católico Sergio Valech, Lagos anunció una serie de medidas que se agrupan en tres grandes ejes: de reparación individuales que van en directo beneficio de las víctimas; simbólicas y colectivas; e institucionales.
"Si está comprometida la responsabilidad de los agentes del Estado, lo que corresponde es que el Estado adopte medidas que ayuden a mitigar los efectos de tanto dolor", sostuvo el Mandatario en su discurso del domingo, precisando que éstas "tienen que estar orientadas a sanar las heridas, no a reabrirlas".
La propuesta de reparación económica de Lagos apunta a que cada una de las víctimas reciba de forma vitalicia una pensión equivalente a una y media pensión mínima, aproximadamente $112 mil mensuales, monto que se incrementará cuando cumplan 70 y 75 años. Sin embargo, quienes estén recibiendo una indemnización por otra causa de derechos humanos, ese monto se les descontará del que recibirán por este concepto.
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| Lagos el pasado 10 de noviembre, al recibir el informe de parte del obispo Sergio Valech |
La comisión desechó cualquier posibilidad de escalonar el monto de las reparaciones en función de las secuelas, la duración de la prisión o la intensidad de las torturas, pues los años que han pasado desde que se cometieron estos hechos hacen "imposible generar el conocimiento empírico necesario" para justificarla.
En materia de reparación jurídica, se propuso eliminar antecedentes prontuariales y restituir derechos civiles; apoyar la reforma constitucional que reconoce la nacionalidad a los hijos de chilenos nacidos en el exterior; posibilidad de que hijos y nietos de las víctimas queden eximidos de realizar el servicio militar; y revisar y poner término a órdenes de detención o arraigo contra las víctimas, al sobreseer o archivar procesos judiciales pendientes.
Lagos también anunció que las personas que sufrieron apremios ilegítimos podrán acceder a los beneficios del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), que desde 1991 tiene la misión de acoger a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Sobre este tema, la comisión explicó que la necesidad de otorgar un tratamiento radica en que la mayoría de las personas que dieron su testimonio, sufrió secuelas de salud física y sicológicas, muchas de las cuales no han podido superar y, en algunos casos, hubo un impacto en los familiares.
En el ámbito de la educación, la propuesta apunta a desarrollar programas que les permita terminar los estudios, sean básicos, medios o universitarios, que cursaban al momento de su detención y que acrediten que esta situación motivó que los interrumpieran. Además, se otorgarán becas a los hijos de las víctimas, tal como se ha hecho con el resto de las personas que sufrieron otro tipo de violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, el gobernante anunció beneficios en materia de vivienda, los que serán precisados en los próximos días por el Ministerio del rampo. Sin embargo, la Comisión propuso un bono especial a aquellas víctimas que no hayan accedido a una vivienda a través del subsidio estatal, carezcan de ella y estén en situación de precariedad habitacional.
Instituto de Derechos Humanos
Quizás uno de los aspectos más importantes, que ya fue anunciada el año pasado, es la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que por una parte resguardará toda la información existente sobre esta materia -Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, Informe Rettig, Mesa de Diálogo, Informe Valech-, y, por otra, será el encargado de promocionar el respeto de éstos.
"Dicho Instituto debiera ser el organismo público que ayude a la sociedad chilena a reflexionar y profundizar en las lecciones del pasado, a impulsar iniciativas que ayuden a ir construyendo una convivencia respetuosa de los derechos de las personas, y a estar alerta frente a eventuales situaciones de discriminación o de violaciones de estos derechos", señala la propuesta de la Comisión.
Además, debiera "ayudar a continuar la labor destinada a conocer la verdad sobre las violaciones pasadas y obtener justicia respecto de ellas", "promover el estudio y el desarrollo de buenas prácticas en materia de difusión y promoción de los derechos humanos, así como de resolución pacífica de controversias", y "hacer el seguimiento de la materialización de las medidas propuestas por esta Comisión".
Prevención
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| El equipo que trabajó en la recolección de los testimonios |
El grupo de trabajo propuso dar garantías para que estos hechos no se vuelvan a repetir, través de la ratificación de las convenciones sobre Desaparición Forzada de Personas, sobre Tribunal Penal Internacional, y sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad.
También recomendó revisar el Código de Justicia Militar, para asegurar garantías de debido proceso, limitar la competencia de los Tribunales Militares -que deberían estar sometidos a la Superintendencia de la Corte Suprema- a delitos militares y cometidos por funcionarios castrenses, y adecuarlos a la reforma procesal penal, y permitir la realización de diligencias en recintos militares por parte de jueces y fiscales ordinarios.
Además, pidió una ley que establezca sobre los derechos y deberes de las personas privadas de libertad; revisar la normativa relativa a procedimientos policiales y al procedimiento penal a fin de excluir cualquier posibilidad de aplicación de torturas; y las leyes sobre estados de excepción constitucional, a fin de regular en forma restrictiva la posibilidad de incomunicación administrativa de los detenidos.
Reconocimientos
La comisión también propuso que las instituciones del Estado involucradas en estas prácticas, así como todas personas que se sientan "interpelados" por estos hechos, se comprometan a que estos hechos no se volverán a repetir. Hasta ahora, sólo el Ejército se ha pronunciado, pero se espera que en los próximos días otras ramas castrenses o instituciones hagan lo propio.
Además, que se establezca una fecha de conmemoración del compromiso con el respeto a los derechos humanos; y la entrega a todas las personas consideradas víctimas de prisión política y tortura de un ejemplar del informe, como un gesto de reconocimiento de parte de la sociedad.
Además, se recomendó que los principales centros de tortura sean declarados monumentos nacionales y se creen memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política; crear un fondos concursables para proyectos de investigación en materias de respeto a los derechos humanos (permanente), publicación de testimonios (temporal) y obras de arte (temporal).
Finalmente, como una manera de promover los derechos humanos, se propuso continuar y revisar constantemente la educación en materia de derechos humanos en todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, así como en los diferentes niveles de la enseñanza, básica, media y universitaria.
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