Según señalaron fuentes oficialistas, el Ejecutivo no discutirá el monto de la pensión propuesta para quienes fueron víctimas de prisión política y torturas, pero estaría dispuesto a aumentar el número de beneficiarios, incluyendo a quienes hoy reciben indemnizaciones como los familiares de ejecutados políticos.
Aunque tanto en el Gobierno como en los partidos de la Concertación se dio por cerrado el debate sobre las reparaciones propuestas el domingo pasado por el Presidente Lagos, aduciendo que lo importante son los "hechos que ocurrieron" y no "una discusión tan intrascendente como el monto de las indemnizaciones", lo cierto es que la próxima semana el Congreso comenzará a discutir las leyes de reparación a las víctimas, por lo que el debate sí o sí se trasladará al ámbito pecuniario.
Y aunque en el Partido Socialista algunos parlamentarios habían criticado lo "austero" que había sido el anuncio de Lagos en torno a las indemnizaciones, la respuesta del Gobierno fue clara: no hay más recursos y no se puede aumentar la una y media pensión (cerca de 112 mil pesos) para las víctimas. Sin embargo, en los últimos días el Ejecutivo ha dado señales de poder "conversar" sobre quiénes serán los destinatarios y sobre la forma en que recibirán los recursos.
El domingo pasado, el Presidente Lagos anunció que cada una de las víctimas recibiría de forma vitalicia una pensión equivalente a una y media pensión mínima, aproximadamente $112 mil mensuales, monto que se incrementaría cuando cumplan 70 y 75 años. Sin embargo, a quienes estén recibiendo una indemnización por otra causa de derechos humanos, ese monto se les descontará del que recibirán por este concepto.
Es por esto que esta semana los parlamentarios del PS se dedicarán a conversar con el Gobierno para que la modalidad del pago, es decir, la pensión vitalicia, pueda ser obtenida de una sola vez y para que gente que ya recibe indemnizaciones, ya sea por ser familiares de detenidos desaparecidos o exiliados, reciban también la reparación por el concepto de tortura.
Ampliando los registros
Mientras en el Congreso se discuten las leyes necesarias para cumplir con los anuncios del Mandatario en reparaciones, la Comisión sobre Prisión Política y Tortura comenzará a recibir las solicitudes de "reevaluar" los casos que no fueron calificados.
Según estableció la comisión, no fueron incluidas en el informe las personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los tribunales y que luego fueron condenadas; tampoco se incluyeron aquellas personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos, pero no prisión política y tortura (la mayoría de ellos padecieron allanamientos); tampoco fueron incluidas aquellas personas que fueron arrestada sin motivaciones políticas y sólo por abuso de poder de la autoridad, ni aquellas que ocurrieron fuera del país.
Es por esto que, según estimaciones realizadas por el oficialismo, más de la mitad de los casos serán acogidos, pues -por ejemplo- en el caso de aquellas personas que fueron detenidas sólo por abuso de poder, podrían optar al beneficio, al igual que otros casos donde no se les incluyó sólo por falta de pruebas, que ahora sí podrían adjuntarse.
En todo caso, hasta ahora, la idea de que gente que no entregó su testimonio dentro de los plazos indicados lo haga en este segundo período, ha sido descartada.
Indemnizaciones
Al interior de la Concertación hay acuerdo: no es posible comenzar a hacer "ruido" al gobierno en el monto de las indemnizaciones. Primero porque coinciden en que aunque éstas sean de varios miles de millones, igual será insuficiente para reparar lo vivido por quienes fueron torturados.
Segundo, el Gobierno fue claro. No habrá ni un peso más porque no hay de dónde sacarlo. Es por esto que en el oficialismo se atendrán a la suma de una pensión y media (112 mil pesos), pero insistirán al Ejecutivo en varios puntos.
Uno de ellos es lograr que las indemnizaciones puedan entregarse de una sola vez. Según se ha estimado, en total las víctimas recibirán a lo largo de su vida cerca de 15 millones de pesos, por lo que podría darse de una sola vez a quienes prefieran esta modalidad.
Según comentan parlamentarios oficialistas, existen experiencias como la argentina donde se entregó un bono -que en este caso podría ser del BancoEstado- en el que se entregaba un monto de una sola vez, pero castigando un poco el monto total.
Otra de las modificaciones que intentan negociar con el gobierno -y donde el Ejecutivo ya ha dado muestras de apoyo- es otorgar un monto especial a casos especiales: niños, violaciones, mutilaciones, entre otros.
