Organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International que han mostrado particular vehemencia y espíritu fiscalizador con Cuba, han mantenido una prolongada reserva respecto al pacto político entre civiles y militares en Brasil, para evitar la apertura de un registro de violaciones a los DDHH.
Miles de brasileños de la diáspora por causa de las gruesas violaciones a los DDHH de más de dos décadas de dictadura militar (1964-1986), no han regresado a su país por un temor arraigado de que nunca las fuerzas represivas en el Brasil se desactivaron por completo. Más aún, muchos sostienen que éstas continúan formando parte del aparato de elite de las fuerzas de seguridad. "En el mejor" de los casos, señala uno de ellos, contactado por El Mostrador.cl, "autores directos de este tipo de atropellos forman parte del aparato de seguridad del sector privado".
Desde que asumió el Presidente Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, se conocía su política económica y social y hasta se podía "adivinar" su inteligente "jogo de cintura",(modismo brasileño para denotar habilidad política) en política internacional y también respecto al omnipresente Presidente de los EEUU.
Sin embargo, la actitud que tendría frente al tema de los derechos humanos y la Ley de Amnistía de 1979, que excluye de cargos criminales a la guerrilla y a los militares, constituía un misterio. Varios de los colaboradores de su Gobierno se han beneficiado con esta ley que es un pilar en la estabilidad política del Brasil.
En términos generales, las agrupaciones de DDHH brasileñas han mantenido un discreto protagonismo desde el inicio de los gobiernos civiles, donde el bajo caudal de iniciativas de los mismos ha sido un factor de inhibición. Sin ir más lejos, el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (él mismo un refugiado político) introdujo en 2002 un decreto donde se congela el acceso a información de inteligencia del ejército por 50 años.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International que han mostrado particular vehemencia y espíritu fiscalizador con Cuba, han mantenido una prolongada reserva respecto al pacto político entre civiles y militares en Brasil, para evitar la apertura de un registro de violaciones a los DDHH que expone a muchas personas en servicio activo, sean éstas civiles o militares.
Últimamente el Gobierno de Lula ha sido fustigado por agrupaciones de DDHH brasileñas, para que dé a conocer documentación clasificada que incriminaría a oficiales de las FFAA y funcionarios de estado aún en servicio. Y se ha hecho alusión en este caso al decreto firmado en 2002 por el ex presidente Fernando Enrique Cardoso que impide el acceso a la referida documentación por 50 años. Posteriormente se divulgó la noticia de que el Ejército habría destruido la mayor parte de la información.
Una analista política brasileña residente en un país del cono sur de África y que se resiste a regresar a Brasil mientras no se desactive a los funcionarios comprometidos en las violaciones a los DDHH, sostiene que el aparato represivo está intacto y más aún está modernizado. Según su argumentación, el ejército brasileño es una fuerza de reserva para los EEUU, en caso de que ciertas situaciones críticas dentro de Brasil o en la región, se descontrolen. "Brasil tiene fronteras con diez países, y es un tutor central del Amazonas con todo el peso geo-estratégico que eso conlleva. Es un enclave gigante dentro de la región, y opera como vector hacia al Atlántico y África. Una inversión de capital en control militar y que operó exitosamente en represión política, no se puede desvalorizar por presiones políticas del momento. Hay que tener una mirada de largo plazo", agrega.
La situación de Brasil es comparable con la de Sudáfrica, que ejerció un rol de control y dominio regional importante. En ambos casos, las fuerzas armadas han jugado un papel clave en establecer a ambas naciones como poderes regionales. "No porque el apartheid se acabó, ese capital de control político y militar que Sudáfrica posee, va a permanecer inutilizado en las condiciones actuales; no se puede ser ingenuo todas las veces ", sostiene.
La necesidad de no abrir cajas de Pandora respecto a los DDHH, está relacionada directamente con la imperiosa necesidad de mantener la integración entre civiles y fuerzas armadas. Las últimas gestiones políticas de los grupos de DDHH en Brasil, apuntan a generar un debate público respecto a registros de violaciones y violadores existentes o destruidos. "Este debate en Brasil no existió, a diferencia de lo ocurrido en Uruguay, Argentina o Chile», señala una dirigente de una de las agrupaciones. "La energía se ha ido en las manifestaciones antiglobalización", acota. Estos últimos movimientos de agrupaciones tales como " Tortura nunca Más" , han generado una creciente inquietud militar sobre una situación que se pensó estaría definitivamente archivada "en el estante empolvado ", parafraseando a Fred Hallyday (The Observer, 30 de enero 2005), connotado internacionalista al parecer cansado de las luchas de los nostálgicos de Marx.
Aún así, esas mismas gestiones de los grupos de DDHH que molestan hoy a los militares brasileños, impensadas en los gobiernos anteriores, han servido para detectar una insuficiencia en las estrategias del Partido del Trabajo y de su líder Lula al asumir el Gobierno.
¿Lula republicano?
Un mes antes de la reelección del Presidente Bush, Lula impactó al mundo antiestadounidense, sobre todo, al haber declarado que "Bush en la Casa Blanca era conveniente para Brasil". Estaba devolviendo el halago. Bush poco antes había dicho que se podía trabajar con Lula y en otro contexto había manifestado el interés de los EEUU para que Brasil se integrara al selecto grupo de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Brasil siempre ha estado en la mira de los EEUU. Como dice el editor de un periódico latinoamericano, "Brasil avanza con 20 o 30 años de anticipación respecto al resto de la región, y eso incluye no sólo progreso económico, sino también una destacada participación en las violaciones a los DDHH". Son legendarias las historias del funcionamiento de las fuerzas de seguridad brasileñas y los estragos cometidos a prisioneros políticos y refugiados como parte del legado militar. Lo que no está claro en esa precocidad del Brasil, es si es el producto de un rasgo propio, o más bien el resultado de una estrecha interacción con los EEUU.
Generalmente, en gran parte de la región, la respuesta política de las autoridades implicadas en las violaciones, siempre aduce que se cometieron bajo el espectro de la lucha estadounidense contra el expansionismo soviético de los años 60 a los 80, y en el marco de la Guerra Fría, como intentando aminorar un grado de responsabilidad propia. Sin embargo en Brasil, la represión fue presentada como un acto del más genuino nacionalismo, entroncada en gobiernos militares con políticas que se apartaron de los modelos de desarrollo más clásicos impuestos por dictaduras militares profundamente influenciadas por la Casa Blanca en la región.
Los gobiernos brasileños, civiles o militares, a la hora de discutir presencia militar norteamericana en su territorio adoptan siempre la vía de la integridad territorial, y a este respecto son legendarios las "impasses" diplomáticas entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos del Brasil. No son pocos los analistas actuales o más antiguos, que solemnizan aquella visión básica con solo observar el mapa: Brasil le puede hacer el peso a los EEUU. Basta que forme una confederación de naciones con pichones chicos y grandes a su alrededor, y es toda América del Sur sin las Guyanas.
Con sus dimensiones en producto y geografía, por su ubicación y base política, incluyendo su probada trayectoria en control militar, Brasil es candidato número uno a ejercer una suerte de poder subrogante para los EEUU en una región que no tiene asegurada de antemano su estabilidad. En un clima donde debe prevalecer una gran cohesión política entre los que están investidos con la prerrogativa de manejar instrumentos de poder, una pequeña desavenencia entre un sector de la civilidad y las FFAA, que pueda derivar en una pequeña fractura por muy mínima que sea, es por cierto motivo de preocupación.
En la época pos Segunda Guerra Mundial, no ha habido estructura de poder militar en la región y en el continente, que haya tenido acceso a un dominio territorial e institucional tan vasto, y al mismo tiempo con posibilidades de formular políticas de estado durante tanto tiempo, como la de los brasileños. El manejo "militar" de la sociedad civil en el Brasil es sólo comparable con el de China. Los grupos de DDHH tienen una tarea colosal para saber lo que se ha mantenido congelado hasta el momento. Al parecer nada está tan congelado: para un ministro de Defensa de la época, José Viegas, los documentos fueron quemados, según reporta la Associated Press el 1 de febrero de 2005.
