Mediante un escrito presentado ante la Corte de Santiago, los abogados de dos de los militares encausados por el doble homicidio piden ratificar a estos testigos, consignando el derecho de las partes a contrainterrogarlos. Si la solicitud es denegada por Solís, apelarán al tribunal de alzada capitalino.
Las defensas del general (r) Manuel Contreras y del brigadier (r) José Zara, solicitaron al ministro Alejandro Solís que Michael Townley y Armando Fernández Larios sean interrogados en Chile, en el marco de la investigación por el asesinato del general de Ejército Carlos Prats y su esposa, ocurrido en Buenos Aires en 1974.
Así lo informó a El Mostrador.cl el abogado de Zara, José Luis Sotomayor, precisando que este requerimiento se basa en el derecho a ratificar a los testigos, el cual consigna que las partes de un proceso tienen el derecho a contrapreguntar a los declarantes de una causa si, a su juicio, los dichos de alguno de ellos aparecen como poco claros o falsos.
Un antecedente importante es que la petición precisa que esta diligencia debería cumplirse antes del cierre del sumario que instruye el ministro Solís, quien reiteró que espera cerrar la investigación en dos o tres meses más, ya que sólo está a la espera de realizar dos diligencias derivadas de los interrogatorios a los ex agentes de la DINA que residen en Estados Unidos.
En caso de que Solís no dé curso a esta solicitud, el abogado Sotomayor adelantó que recurrirán a la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que "en derecho, correspondería que esto se cumpliera porque si no, se estarían vulnerando los principios de un debido proceso".
Desde este punto de vista, la petición de estos procesados puede tomarse como una estrategia para aplazar el cierre de las indagatorias por parte del magistrado, ya que en caso que el tribunal de alzada capitalino deba resolver el requerimiento tendrá que solicitar los tomos del proceso a Solís, lo cual podría significar un retraso en su labor.
Diligencia provechosa.
Al reasumir sus funciones en el palacio de Tribunales, el ministro Alejandro Solís calificó como provechosa la diligencia realizada en Washington el jueves pasado, jornada en que entrevistó a Townley por cerca de tres horas y media y, luego, a Fernández Larios por casi dos horas.
Fuentes del caso informaron que el magistrado pudo confirmar los antecedentes que ya le había entregado "el gringo" Townley a la jueza argentina María Servini de Cubría en 1999, quien investiga estos hechos en el país trasandino.
En ese sentido, reiteró que fue el entonces mayor de Ejército Pedro Espinoza Bravo quien le habría ordenado y facilitado los medios materiales para llevar a cabo el atentado, que cobró la vida de Prats y su esposa Sofía Couthbert, el 30 de septiembre de 1974.
Según lo dichos de Townley, fue el propio jefe de la Junta Militar -Augusto Pinochet- quien habría mandado a asesinar al uniformado (refugiado en Argentina), ya que consideraba que éste podía liderar un levantamiento militar en contra de su régimen dictatorial, dada la adhesión que aún tenía al interior del Ejército.
Por otra parte, sostuvo que fue el jefe del Departamento Exterior de la DINA, coronel Raúl Iturriaga Newmann, quien le dio el dinero necesario para adquirir los explosivos que finalmente utilizó en el crimen, junto con mostrarle la residencia que Prats ocupaba en Buenos Aires, ubicada en el barrio de Palermo.
En tanto, según versiones de prensa también habría involucrado a Francisco Ferrer Lima, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), en este atentado, por lo cual el ministro Solís estaría próximo a dictar su procesamiento en este caso.
Dos agentes DINA aún no procesados
Sin referirse a la veracidad de esta información, uno de los abogados de la familia Prats, Hernán Quezada, precisó que a través de los testimonios de Townley y Fernández Larios, el magistrado que instruye el proceso logró acreditar la participación de otros dos agentes de la disuelta DINA en este doble homicidio, quienes aún no están procesados.
Por otra parte, se manifestó confiado en que la traducción de estos testimonios -que llegarán a Chile en cerca de tres semanas más- puedan ser agregados a la vista del desafuero del general (r) Augusto Pinochet por parte de la Corte Suprema, instancia que deberá confirmar o revocar lo resuelto en este caso por el tribunal de alzada de Santiago.
Según estimó el querellante, los alegatos por el desafuero de Pinochet no se concretarán antes de abril, por lo cual sería posible que la traducción de estos testimonios ya esté lista para esa fecha.
Actualmente, en esta investigación judicial se encuentran procesados el ex director de la DINA, general (R) Manuel Contreras, el general (R) Raúl Iturriaga Neumann y los brigadieres (R) Pedro Espinoza, José Zara y Christoph Willike, además de los agentes civiles Jorge Iturriaga Neumann y Mariana Callejas.
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