El ex jerarca del enclave, Paul Schaefer, será procesado el lunes como autor del secuestro calificado del dirigente del Mapu, Juan Maino, en la causa que instruye el ministro Jorge Zepeda. En tanto, por el momento se descarta que todos los procesos contra Villa Baviera sean acumulados por un solo magistrado.
Mientras ya suman seis los magistrados que han requerido la comparecencia del ex jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schaefer, la lista de casos en que debiera prestar testimonio aún no se encuentra definida, pero, en opinión del ex abogado de Amnistía Internacional Chile, Sergio Corbalán, las presuntas víctimas desaparecidas en el enclave superarían las 132.
En entrevista con El Mostrador.cl, el profesional precisó que a través de los registros elaborados por la Iglesia Católica, a través de la desaparecida Vicaría de la Solidaridad, los antecedentes sobre detenidos desaparecidos cuyas últimas pistas apuntan a ese asentamiento llegarían incluso a cerca de 200 opositores al régimen militar.
"Hay antecedentes de, por lo menos, 132 personas en que hay indicios recopilados en procesos judiciales, donde personas aportan elementos que conducen a la pista de ese recinto y, si la investigación fuera exhaustiva no cabría duda que se encontrarían más casos", sostuvo.
En ese sentido, Corbalán aclaró que en las vinculaciones entre la ex DINA y la jefatura de Villa Baviera no pueden ser incluidos todos los colonos alemanes que habitan en esa comunidad.
Sin embargo, sí hubo personas que colaboraron con el organismo represor, no sólo en la detención y tortura, sino también en la desaparición de ciudadanos chilenos que tenían una postura ideológica divergente con los militares que se tomaron el poder en 1973.
"Muchos de esos antecedentes llegaron a los tribunales de justicia, de modo que también están disponibles en el archivo judicial y en las causas reabiertas, pero además está el trabajo de la Comisión Chilena de DD.HH., del Codepu y de otros organismos humanitarios, entre los cuales está Amnistía Internacional Chile y en las filiales del organismo en otros países", argumentó.
Juicio de 23 años para frenar las denuncias
El abogado recordó que toda esa información también se ventiló en un juicio que iniciaron los ex jerarcas del enclave – a través de una empresa de pantalla llamada Social Misión Alemana- en el país germano, contra Amnistía Internacional en la segunda mitad de la década de 1970.
El objeto de esta acción judicial fue lograr que las denuncias contra el enclave, por parte de esta organización, fueran interrumpidas. "Fue un largo proceso y Amnistía, a raíz de su propia labor humanitaria de denunciar violaciones a los derechos humanos y de tener que defenderse en ese juicio, reunió a lo largo de los años muchísimos antecedentes que conozco, ya que fui abogado junto a Máximo Pacheco y Guillermo Ceroni en esa causa", señaló.
En total, la tramitación de este proceso se extendió por 23 años, tras lo cual fue cerrado por parte de la justicia alemana.
Además de eso, fue de público conocimiento que la Comisión Retigg también concluyó que Colonia Dignidad era un centro de torturas y, a lo menos en un caso, el de Álvaro Vallejos Villagrán, está comprobada la participación de personas de esa nacionalidad.
"Obviamente que esta instancia conoció también otros casos. Lo que sucede es que por el reducido tiempo de investigación y porque este organismo no era tribunal de la República, no se pudieron reunir estas pruebas que existen y existían", añadió Corbalán.
"Es muy importante que la justicia chilena tenga a una de las personas que, no solamente tiene conocimiento, sino que participó y otorgó asesoría en los métodos de interrogación y de torturas. En Chile hubo una violación sistemática de los derechos humanos, con un método propio de desaparición de personas, mediante la asesoría de gente con experiencia y, especialmente extranjeras. Un equipo de esos asesores fue gente de la Colonia Dignidad y Paul Schaefer", concluyó.
Nuevo procesamiento
En tanto, luego de interrogarlo el pasado jueves, el ministro en visita Jorge Zepeda ya tiene afinado un nuevo procesamiento contra Paul Schaefer Schneider, en el marco de la investigación por la desaparición del militante del MAPU Juan Maino Canales, quien fue detenido en mayo de 1976 por agentes de la DINA.
Según fuentes de tribunales, este segundo encausamiento contra el ex soldado nazi por causas de derechos humanos sería en calidad de autor de secuestro calificado y sería dado a conocer el lunes de la próxima semana por el mismo magistrado. De esta forma, el llamado "tío permanente" acumularía un total de 3 procesamientos, dos por derechos humanos y uno por 26 abusos sexuales contra menores.
Si bien las declaraciones formuladas por Schaefer en el marco de este proceso no fueron de gran valor para esclarecer el caso, el expediente de la causa acumula pruebas suficientes para acreditar su participación en la desaparición de Maino Canales. Esa situación no se repite en el caso del sacerdote Antonio Llidó Mengual, por lo cual no sería encausado en esta investigación.
Asimismo, en los próximos días el ex líder de Villa Baviera deberá comparecer ante el magistrado Sergio Muñoz, quien investiga la desaparición del diputado PS Carlos Lorca. Luego será el turno del ministro Alejandro Solís, quien indaga el destino que tuvo el físico Boris Weisfeiler, y luego el del juez Juan Guzmán, quien intenta esclarecer el paradero de los dirigentes comunistas Víctor Díaz y Jorge Muñoz.
Una vez que dichos interrogatorios hayan tenido lugar, Schaefer deberá declarar ante el ministro en visita de Talca, Hernán González, y ante el juez especial de la misma ciudad, Gerardo Bernales, quien investiga violaciones a los derechos humanos que se relacionan con la colonia.
Además, es probable que se reactive una querella por asociación ilícita -radicada en el 14 Juzgado del Crimen de Santiago- que interpuso el Consejo de Defensa del Estado y que fue sobreseída temporalmente.
Sin embargo -al menos en esta etapa de los distintos procesos judiciales-, se descarta que puedan ser acumulados en un solo ministro que investigue los delitos cometidos por Schaefer, ya que esa posibilidad es bastante remota debido a un acuerdo de la Corte Suprema que aumentó los requisitos para condensar causas de derechos humanos en un solo juez.
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