Durante la semana pasada, el ministro que procesó a Augusto Pinochet dio por finalizada sus funciones en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pese a ello, la defensa del general (r) Sergio Arellano Stark presentó una acusación en su contra ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema.
El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, quien se convirtió en un miembro emblemático del Poder Judicial tras haber sido el primer juez en procesar al ex gobernante de facto Augusto Pinochet, no reasumirá sus funciones en la magistratura luego que terminen sus vacaciones que inició el pasado jueves.
Fuentes judiciales consultadas por El Mostrador.c confirmaron el rumor que circuló por los pasillos del Palacio de Tribunales respecto a que inmediatamente después de que su descanso legal finalice, el próximo 28 de abril, no volverá a desempeñar labores e iniciará sus trámites de jubilación, tras 35 años de carrera funcionaria.
Las principales dudas respecto al retiro del judicial se basaban en que sus planes para retirarse dependían de la dictación de sentencia en la causa más trascendente en términos personales: el proceso denominado Caravana de la Muerte.
Sin embargo, dado que este juicio se encuentra paralizado mediante una orden de no innovar dictada por el tribunal de alzada capitalino, en el marco de un recurso de hecho presentado por los procesados, el juez optó por iniciar los trámites para su retiro.
En varias ocasiones el propio magistrado ya había anunciado su retiro del servicio público, sin que eso se haya concretado a tres años de haberlo dicho por primera vez, cuando las críticas por parte de algunos miembros de la Corte Suprema lo llevaron a señalar que estaba esperando cumplir la edad para dedicarse a aficiones como la literatura y la enseñanza académica.
«Ya he cumplido con mi país y presentaré mi expediente de jubilación apenas tenga los requisitos para hacerlo. A partir de los 65 años, si uno tiene vida, salud y ánimo, debe elegir entre las cosas que más felicidad le provocan, y a mi lo que más satisfacción me produce es escribir, más que trabajar en el Poder Judicial», sostuvo en octubre de 2002 al referirse al tema.
Últimos detalles
El miércoles de la semana pasada, el magistrado concurrió al 11° Juzgado del Crimen de Santiago para cumplir con su tarea de ministro visitador. Cercanos a Guzmán aseguraron que efectuar esa diligencia era una de las cosas que más le inquietaban antes de concretar su retiro.
Ello, porque el juez prefirió evitar diversas habladurías que circularían entre sus pares si no efectuaba esa tarea, en especial, por la supuesta antipatía que tendría en su contra su homóloga Gabriela Pérez, quien asumió en los procesos instruidos por este juez.
Esa sería una de las razones por las cuales Guzmán no vaciló en acogerse a retiro a penas cumpla con los requisitos legales, que establecen una edad mínima de 65 años.
Fuentes cercanas al magistrado señalaron que le ha dolido mucho la actitud de sus colegas de la Corte de Santiago, quienes -en varias ocasiones- habrían hablado mal de su persona e, incluso, estaban por aplicarle sanciones en la investigación administrativa que se abrió por el uso de viáticos.
Avances en procesos
Durante la semana pasada también avanzó en la mayoría de sus causas de derechos humanos que aún mantiene abiertas. Entre el lunes y el martes estuvo en Puerto Montt nuevamente realizando diligencias para buscar al andinista holandés Harten Melle Visar, quien tenía 18 años en 1985, cuando desapareció en los faldeos del peligroso volcán Osorno (2.660 m), junto a otros cuatro turistas y dio por cerrado el caso.
El miércoles dictó un nuevo procesamiento en contra del general (r) César Raúl Benavides, ex ministro del Interior del régimen militar, en calidad de cómplice de secuestro calificado en el caso de Calle Conferencia. Ya lo había hecho antes en los casos Operación Cóndor y Operación Colombo.
En tanto, en el episodio "Arica" del proceso Caravana de la Muerte acogió la solicitud de la defensa del general (r) Sergio Arellano Stark respecto a reabrir la investigación sumarial con nuevas diligencias, escrito que proveyó en el mismo transcurso del jueves pasado.
Acusación ante la Comisión de Ética
Por otra parte, y pese a que Guzmán acogió la solicitud de reabrir sumario en uno de los episodios de Caravana de la Muerte, el abogado de Arellano Stark -principal encausado en el proceso- Viviane Bullemore, presentó ayer una acusación contra el juez ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema.
Esta presentación daría cuenta de supuestas actitudes que demostrarían la animadversión del magistrado en contra de los uniformados involucrados en este caso. Asimismo, detallaría un conjunto de decisiones adoptadas por Guzmán que serían contrarios a las normas de procedimiento ético que rige la actuación de los jueces.
No obstante, este escrito no tiene mayor futuro, dado que quedará sin efecto dado el retiro del magistrado del Poder Judicial.
Un juez emblemático
El ministro Juan Guzmán Tapia se transformó en un juez emblemático en las causas de derechos humanos cuando en el año 2000 resolvió someter a proceso al general (r) Augusto Pinochet, en el marco de la causa Caravana de la Muerte.
Asimismo, tuvo a su cargo la investigación de más de 200 querellas contra el ex gobernante de facto, las que posteriormente fueron distribuidas entre varios integrantes de la Corte de Santiago.
A fines de la década de 1960, obtuvo su título de abogado en Ecuador, el cual validó en Chile y permitió su ingreso al Poder Judicial en 1970. Ese año fue designado como juez titular en un tribunal letrado (pleitos menores en asuntos civiles) en el poblado de Panguipulli, una zona rural del sur chileno.
Luego fue magistrado suplente de un juzgado de la localidad campesina de Santa Cruz, a unos 150 kilómetros al sur de Santiago, y de allí ascendió a la Corte de Apelaciones de la ciudad de Talca, en la Séptima Región, para posteriormente ser trasladado al tribunal de alzada de Santiago.
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