La Corte de Apelaciones de La Serena aplicó medidas disciplinarias contra uno de sus subalternos, por el envío de un trabajo académico al pleno del máximo tribunal, en el cual planteaba que el Poder Judicial tenía el deber moral de reconocer en forma clara su responsabilidad en las violaciones a los DD. HH.
Por unanimidad, la Corte de Apelaciones de La Serena resolvió sancionar al juez de Garantía de Coquimbo, Daniel Urrutia Labreaux, por enviar un trabajo de carácter académico al pleno de la Corte Suprema que versaba sobre su tesis en un diplomado sobre el tema de derechos humanos.
En marzo del año pasado, el mencionado magistrado solicitó al máximo tribunal una comisión de servicios con el objeto de cursar un Diplomado en "Derechos Humanos y Procesos de Democratización", impartido por la Universidad de Chile en conjunto con el Internacional Center for Transitional Justice, el cual se llevó a cabo en Santiago durante los meses de abril y mayo de 2004.
Esta solicitud fue acogida favorablemente por la alta magistratura, quien le otorgó el correspondiente permiso para ausentarse de sus funciones. En razón de ello, el juez habría decidido remitirle copia de su trabajo final del curso, el cual fue aprobado con distinción máxima por la mencionada casa de estudio.
En dicho estudio, denominado "Propuesta de Política Pública de Introducción del Informe de Derechos Humanos en el trabajo del Poder Judicial de La República de Chile", Urrutia planteó que "para un efectivo reposicionamiento moral y ético del Poder Judicial, como garante de los derechos de los ciudadanos, su máxima autoridad de gobierno, tenía el deber moral de reconocer en forma clara y sin justificaciones, la responsabilidad de este estamento en las violaciones de los derechos humanos", proponiendo, además, las medidas que -a su juicio- la Corte Suprema debería cumplir.
Instrucciones para sancionarlo
Sin embargo, dicha propuesta no fue del agrado de los miembros del máximo tribunal, quienes instruyeron a la Corte de Apelaciones respectiva iniciar una investigación administrativa con el fin de establecer las eventuales faltas administrativas que revestiría tal conducta.
De esta forma, el mencionado tribunal de alzada abrió dicho procedimiento en diciembre pasado y solicitó al magistrado que enviara sus explicaciones respecto al envío de este documento al más alto tribunal del país.
Según explicaron fuentes interiorizadas sobre el caso, Urrutia habría señalado que la motivación de su accionar fue acreditar ante la Suprema la efectiva realización del curso, la alta calificación obtenida y hacer entrega del producto final del estudio cometido, esto es el citado informe, precisando que la producción del mencionado documento obedeció a fines estrictamente académicos.
Violación del respeto jerárquico
No obstante, sus excusas no fueron aceptadas por la Corte de La Serena, instancia que resolvió aplicarle la sanción de "censura por escrito", la cual es la segunda penalidad más baja dentro de las medidas disciplinarias que pueden aplicarse a los miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial.
Para dicho tribunal, la conducta del juez Urrutia "importa, indudablemente, una manifestación de expresión desmedida e impropia de un juez de la República para referirse a actuaciones de sus superiores jerárquicos, violándose con ello el principio del respeto jerárquico que informa toda nuestra normativa estructural del Poder Judicial", según consigna la resolución a la que tuvo acceso El Mostrador.cl
Asimismo, evaluó que esta acción implicaría "una violación a las normas prohibitivas contemplada en los numerales 1 y 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales , que en su esencia impide a los funcionarios judiciales dirigir a autoridades censuras por sus actos o publicar, o atacar en cualquier forma, la conducta oficial de otros jueces o magistrados".
Esta decisión disciplinaria significará que las calificaciones con que se evaluará el desempeño del magistrado se verán afectadas por esta sanción, por lo cual éste ya tendría resuelto apelar de la misma ante la Corte Suprema.
Sin embargo, según fuentes allegadas a la magistratura, esta revisión por parte del máximo tribunal podría significar que incluso esta medida sea aumentada en su grado de penalidad, ya que fue por orden de este alto tribunal que se abrió este procedimiento administrativo.
Posibles respaldos
En todo caso, según se informaron fuentes judiciales, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile tendría planificado realizar un acto de público respaldo a favor del juez Urrutia, ya que esta sanción implicaría que los judiciales tendrían prohibición de opinar incluso en trabajos de orden académico.
Junto a eso, la Asociación Nacional de Magistrados se mantendría a la espera de lo que resuelva la Suprema para intervenir en el caso, ya que de hacerlo antes podría implicar un perjuicio mayor para uno de sus miembros.
