La máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública descartó que en la adjudicación de los servicios del área hayan influido las vinculaciones políticas o de amistad de los oferentes. Además, precisó que los que se sienten afectados pueden presentar reclamos ante un organismo independiente.
El defensor penal nacional, Rodrigo Quintana, aseguró que todo el proceso para elegir a las empresas que prestarán servicios de defensa gratuita -en el marco de la reforma procesal penal- fue absolutamente justo y transparente para todos los postulantes.
De esta forma, el funcionario desestimó las críticas formuladas por algunos abogados que se sintieron perjudicados por el mecanismo que se eligió para evaluar las distintas ofertas. Cabe recordar que en la Región Metropolitana se licitaron un total de 127.873 causas penales, para el período que rige entre junio de 2005 y junio de 2008.
En entrevista con El Mostrador.cl, Quintana explicó que todo el sistema creado para elegir a las sociedades que se harán cargo de prestar estos servicios tuvo en cuenta disminuir "a cero" las posibilidades de discrecionalidad y arbitrariedad para escoger a los ganadores.
Sólo un 67,2 por ciento de las causas
Como primer punto, el funcionario aclaró que no es efectivo que el 80 por ciento de todos estos casos vayan a ser tramitados por sólo dos empresas. En ese sentido precisó que "Defensores Penales Metropolitanos se adjudicó 32,4 por ciento de ellas, y Defensa Jurídico Penal se le otorgó un 35 por ciento del total".
"Esta última es la que se relaciona legalmente con la Universidad Miguel de Cervantes", sostuvo, al comentar que los dueños de la casa de estudios son el ex diputado DC -y esposo de la abanderada de esa colectividad- Gutemberg Martínez, Alex Caroca y Luis Ortiz Quiroga, mientras que Francisco Cumplido -ex ministro de Aylwin- es su presidente.
Cabe aclarar que erróneamente este medio informó, siguiendo informaciones de prensa, que Defensores Penales Metropolitanos S.A. estaba integrada por el ingeniero Ángel Vargas Parga, condenado por la internación de 500 kilos de cocaína y quien luego fue indultado en 1995 por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, lo cual no es efectivo.
Quintana rechazó, en todo caso, que ese antecedente, el de que los propietarios de la Universidad Miguel de Cervantes fueran importantes personeros demócrata cristianos, pesara de alguna forma para que esta empresa ganara la mayor parte de las causas que anualmente, en promedio, se esperan tramitar en el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.
"El sistema de licitaciones que hemos construido es extremadamente riguroso y, precisamente, fue elaborado así para evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad y, de hecho, es un sistema que estableció condiciones técnicas para operar y, luego, evaluó en relación a las ofertas que sean económicamente más rentables. Por tanto, el margen que tienen las instancias que resuelven esto (que no es la Defensoría) para favorecer a uno u otro es cero", argumentó.
"Otra garantía adicional, es que la decisión de las adjudicaciones la adoptaron dos comités de adjudicación regional independientes, que están conformados por el Defensor Regional, un representante de la Defensoría Nacional, un juez de Garantía, un académico del área económica, un representante del ministerio de Justicia y creo que, en general, es un sistema que pretende evitar que haya arbitrariedad o que se pueda favorecer a alguien no sólo por razones políticas, sino por cualquier razón", añadió.
Al respecto, enfatizó que "quisiera negar, absolutamente, que hubiera existido cualquier tipo de favores políticos en esto, o de cualquier otro tipo. Creo que quienes participaron del proceso saben perfectamente que fue un proceso absolutamente transparente y que se llevó adelante con estricto apego a las reglas".
Críticas al criterio económico
– ¿Es perjudicial que hayan quedado excluidos abogados de gran prestigio, cuyo arancel es muy superior en relación a los precios con que postularon a la licitación?
-El problema es cómo se puede valorar el prestigio. Estoy de acuerdo que es muy bueno que haya abogados muy connotados que estén disponibles para trabajar con nosotros, en ese sentido es espléndido. Pero tenemos que hacer competir a todos en condiciones equivalentes.
– Pero este prestigio también se traduce en capacidad técnica, que puede ser medida…
-Por eso establecimos un criterio de calificación, que se traduce o en preparación académica o en experiencia, o en ambos. Por tanto, hay un piso que todos tienen que superar. Después de eso la competencia es económica, pero se entiende que todas las personas que pasaron la oferta técnica cumplieron con esos criterios. La medición se realizó de forma independiente. Es decir, aquellos que pasaron la evaluación técnica compitieron en igualdad de condiciones en la etapa de los costos que proponían.
– ¿Existe la posibilidad que, en futuras licitaciones, el aspecto técnico (experiencia y calidad) pueda tener una mayor ponderación?
-Nosotros ya modificamos nuestras reglas. Las primeras licitaciones que hicimos eran distintas y nosotros hacíamos una ponderación diferente de la oferta técnica, en relación a la oferta económica. Pero el Consejo de Licitaciones resolvió cambiar eso, porque se estaba resolviendo sobre una oferta abstracta, una especie de promesa de lo que iba a ser el servicio, pero descubrimos -en la práctica- que es mejor velar por la calidad del servicio una vez que funcione y por eso se optó por este cambio, que favoreció la competencia, ya que aumentó el número de postulantes.
– Que sólo dos empresas acaparen cerca del 67 por ciento de las causas de la Región Metropolitana ¿podría significar que, a la larga, tengan problemas de personal e infraestructura para responder a esta demanda?
-Ambas empresas postularon por mucho más que por lo que resultaron adjudicadas. Ellos acompañaron un listado de los abogados que van a formar parte de estas empresas, por lo que entendemos que esos profesionales están comprometidos a trabajar con ellas. Respecto a la infraestructura, nosotros antes que el contrato entre en vigencia, vamos a supervisar que la infraestructura exista y que tenga las condiciones que exigimos en las bases. Entonces, no creo que haya problema en eso.
– Otras críticas se refieren a que en esta licitación se debió haber optado por una mayor variedad de prestadores del servicio, con el objeto de poder comparar los resultados que tuvieran unos y otros. ¿Por qué no se veló porque ello sucediera?
-Se pensó en eso. El Consejo de Licitación pudo haber licitado la Región Metropolitana como un solo bloque y, por tanto, adjudicar la región completa a una sola empresa. Pero se hizo la división en zonas precisamente para promover la participación de más entidades y porque nos parece razonable que hayan varias sociedades que ofrezcan estos servicios.
Desde ese punto de vista, obtuvimos un buen resultado porque la empresa que se adjudicó más fue un 35 por ciento del total de causas, después otra que se adjudicó el 32 por ciento y otras que lo hicieron por cantidades menores. Vamos a tener once prestadores de servicios en la Región Metropolitana, ese es un buen resultado y creo que eso permite distribuir los riesgos y valida esta forma de licitación.
Riesgo de monopolio
– ¿Hay peligro que esto se convierta en un monopolio?
-Monopolio habría si nosotros hubiésemos generado condiciones que atentaran contra la libre competencia. Lo que hicimos fue exactamente lo contrario e, incluso, hay ciudades en que hay un solo prestador y eso no ha significado un problemas. Tampoco es que nosotros busquemos ese resultado.
– ¿Se tiene presupuestado incluir normas que eviten que se cree un monopolio?
-Por ahora no. Esas son decisiones que adopta el Consejo de Licitaciones y lo hace sobre la forma en que funciona el sistema. Diría que, para nosotros, este resultado es un buen resultado y hemos tenido una mucho mayor competencia.
– En el futuro, ¿podría introducirse la variable ‘calidad’ con una mayor preponderancia dentro de la evaluación de las ofertas?
-Vamos exactamente en la dirección contraria, porque en los procesos anteriores determinamos que experiencia no es sinónimo de calidad, ni calificación académica es sinónimo de calidad.
O sea, el tema es si darle mayor valor a la oferta técnica o a la oferta económica. Antes, el sistema le daba mayor valor a lo técnico, pero los resultados indican que eso tenía dos defectos: uno, hacer menos objetivo el proceso y, segundo, que no era sinónimo de calidad. Por eso optamos que el control de la calidad, que es nuestra obligación como entidad pública, es algo que se va a hacer ahora.
– ¿Cuál es su respuesta a los abogados que se han sentido perjudicados?
-Todos los abogados que participaron de este proceso saben que éste se construyó en torno a reglas muy objetivas. Este es un sistema nuevo que puede ser perfeccionado y, obviamente, se va a evaluar la aplicación de este sistema. Pero creo que todos los abogados que participaron en este proceso saben que se desarrolló en forma completamente seria y donde las reglas no permiten que haya privilegios para nadie, ni por razones políticas, ni por razones de amistad.
También hay que tener presente que los abogados pueden reclamar, presentar recursos e impugnar la decisión que adoptó el Comité de Adjudicación Regional y, en su momento, eso lo resolverá el Consejo Nacional de Licitaciones. Ese es el camino para hacerlo y si, efectivamente hay argumentos, esta instancia lo resolverá.
Ese Consejo Nacional de licitaciones está integrado el Subsecretario de Justicia, un representante del ministro de Hacienda, un representante del Colegio de Abogados y un representante del Consejo de Rectores de Universidades Estatales.
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