El presidente (s) de la orden gremial, Leopoldo Llanos, desestimó que al interior del organismo exista un soterrado conflicto entre las bases y los dirigentes nacionales por el "tibio" respaldo que habrían otorgado a los jueces sancionados. Junto a ello, explicó que hay reparos en algunos de los proyectos de ley sobre la autonomía.
El presidente (s) de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, desestimó que las sanciones aplicadas a cinco jueces del capítulo metropolitano de la orden haya creado un clima de confrontación entre los magistrados "de base" y la Corte Suprema, considerando que este tipo de situaciones se solucionarán a través del diálogo.
El también ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, en entrevista con El Mostrador.cl, consideró que las propuestas de expulsar a los integrantes del máximo tribunal de este organismo gremial "es inconducente", ya que "se debe partir de la base que gran parte de ellos pertenece a la Asociación de Magistrados y, en este momento, sólo han tenido opiniones divergentes sobre el quehacer judicial".
En esa línea, el vocero de la entidad también rechazó la posibilidad de que los castigos recibidos por algunos de sus dirigentes puedan generar un quiebre dentro de sus afiliados, dado que algunos de ellos habrían quedado disconformes con el "tibio" respaldo que tuvieron por parte del directorio nacional ante la situación que afectó a sus pares, como consideraron algunos de los consultados.
Ante eso, explicó que la reacción que se tuvo ante el hecho se atuvo a los acuerdos emanados de la junta nacional de presidentes del gremio, lo cual se tradujo en un comunicado público en que se expresó el respaldo y la solidaridad con los afectados, así como se manifestó que se lamentaba tal decisión.
En todo caso, aclaró que aún nadie ha planteado la necesidad de que los dirigentes de la orden tengan garantías de fuero sindical, como si tienen la mayoría de los representantes sindicales, tanto del ámbito privado, como de la administración pública.
Proyectos sobre la autonomía
Consultado sobre cuál es la postura oficial de la organización frente a los proyectos de ley que pretenden dar una mayor autonomía al Poder Judicial -en cuya elaboración los jueces no participaron-, el ministro Llanos precisó que no existe un rechazo absoluto a dichas iniciativas, sólo reparos en algunas de las disposiciones que contienen.
"Estimamos que parte de esos proyectos de ley no acogen nuestros planteamientos sobre la necesidad de integración y participación de los jueces en aspectos como la distribución de los recursos, el sistema de calificaciones, gestión administrativa de los tribunales, la existencia y funciones del ministerio Público Judicial", precisó.
En todo caso, añadió que dichas propuestas legales tienen algunos aspectos positivos que el gremio comparte, por lo cual no se puede hablar de un rechazo cerrado a los mismos.
Sin embargo, Leopoldo Llanos reconoció que -efectivamente- la Asociación de Magistrados viene desde 1990 planteando la necesidad de que todas las tareas de gestión administrativa, disciplinaria y financiera debieran ser asumidos por un organismo autónomo y distinto a la Corte Suprema.
"En este minuto estamos empeñados en formar una comisión, con representantes del directorio nacional y miembros del Instituto de Estudios Judiciales para estudiar algunas alternativas para gobernar el Poder Judicial. Tenemos la opinión que esas tareas (administrativas, disciplinarias y financieras) deben estar separadas de las labores jurisdiccionales", explicó.
No obstante, aclaró que dicho estudio no tendrá una pronta conclusión, dado que la complejidad del tema hace prever que pueda estar listo no antes de un año, e incluso, a finales de esta directiva, que permanecerá hasta octubre de 2006.
A la espera del desenlace
Consultado por la posibilidad que los 29 jueces -que firmaron una carta en que se criticó la aplicación medidas disciplinarias contra cinco dirigentes gremiales- puedan también ser sancionados, el ministro Llanos comentó escuetamente que mientras ello no suceda, prefiere no referirse al punto.
"Si la Corte Suprema decidiera iniciar otro proceso disciplinario, debería ser a través de una investigación administrativa, en las cuales hay posibilidades de presentar los descargos correspondientes. Pero no hemos conversado sobre ese tema. Creo que es preferible primero ver el texto (de la declaración) y conversar con ellos", concluyó.
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