Operación, denominada »retiro de televisores», se fundamentó en un criptograma a través del cual el general (R) Augusto Pinochet Ugarte habría ordenado a distintos batallones de inteligencia del Ejército exhumar y cremar los cuerpos de los detenidos.
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, ordenó la reapertura de la investigación sobre un instructivo emitido durante el régimen militar, que permitió encubrir la remoción de 17 cuerpos de detenidos desaparecidos.
De esta manera, revocó el dictamen del ministro Cornelio Villarroel, quien lo cerró en virtud del decreto ley de Amnistía de 1978, dictado por el general (R) Augusto Pinochet Ugarte, prescripción y «cosa juzgada».
El abogado querellante, Hiram Villagra, consideró que el caso tiene una importancia histórica, principalmente porque conduce directamente a la responsabilidad de Pinochet en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su régimen.
Según el profesional, la resolución del tribunal de alzada, al desestimar los argumentos del juez de primera instancia, restableció «la buena doctrina, en el sentido que hay un deber del Estado chileno de investigar».
Asimismo, resaltó su importancia histórica en el sentido de que fue la última acción judicial presentada la fallecida presidenta del Partido Comunista (PC), Gladys Marín, quien concurrió a tribunales a interponerla, pese a su deteriorado estado de salud.
Según los querellantes, la operación denominada "retiro de televisores" se fundamentó en un criptograma que habría firmado Pinochet en 1979, a través del que ordenó a distintos batallones de inteligencia del Ejército exhumaciones y cremaciones.
«Es claro que este telegrama cifrado de la comandancia en jefe del Ejército que ordena destruir los restos de los ejecutados y desaparecidos en 1978, muestra que la represión fue planificada. Acá no estamos en presencia de mandos medios», afirmó Villagra.
El criptograma -categoría A-1- se habría elaborado tras el hallazgo, en noviembre de 1978, de los cadáveres de 15 campesinos asesinados en la localidad de Lonquén, situación que alarmó al régimen y determinó iniciar el operativo para eliminar los restos de ejecutados.
El mensaje ordenaba desenterrar todos los cuerpos de los prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer. Es así que en las localidades de Los Angeles y Linares, 17 cuerpos exhumados fueron quemados en hornos y tambores dentro de los recintos militares.
Pinochet, incluso, habría amenazado con pasar a retiro a cualquier comandante de regimiento, si después de ordenada la "limpieza" en su jurisdicción se descubrían cuerpos de desaparecidos
Los encargados de realizar esa labor, oficiales y suboficiales, eran hombres entrenados en la Escuela de Inteligencia del Ejército y en la Escuela de las Américas en Panamá.
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