Políticas sobre combate a la criminalidad en Chile, Brasil, Colombia, El Salvador, México y Estados Unidos son objeto de un profundo análisis en »Seguridad y Reforma Policial en las Américas», un texto presentado esta semana por Flacso. Uno de sus autores expone en El Mostrador la situación local y algunas de sus conclusiones.
Un examen a las experiencias de seis países del continente, entre ellos Chile, sobre sus desafíos en materia de seguridad pública y las reacciones de la sociedad civil y sus autoridades al flagelo de la delincuencia ofrece el «Seguridad y Reforma Policial en las Américas», un texto presentado esta semana por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
La coordinadora del Programa de Seguridad y Ciudadanía del organismo, Lucía Dammert, y el académico de la Universidad de Georgetown John Bailey presentan -junto con otros 14 especialistas- casos prácticos y los relativos éxitos en la lucha contra el crimen y la violencia también en Brasil, Colombia, El Salvador, México y Estados Unidos, en un texto de 377 páginas puesto a la venta en español por la mexicana Siglo XXI Editores y, simultáneamente, en inglés por University of Pittsburgh Press.
En conversación con El Mostrador.cl, el profesor Bailey explicó que en las últimas tres décadas, la caída de regímenes dictatoriales y la posterior apertura comercial y democrática hicieron crecer explosivamente la violencia de los hechos criminales, muchas veces emparentado con tráfico de drogas y armas, con la consiguiente percepción popular de inseguridad.
La escasa información disponible en todos los países -producto fundamentalmente de la inexistencia de un organismo estatal especializado- impide implementar políticas eficientes, pues los antecedentes de la policía o las denuncias ciudadanas no permiten evaluar correctamente el real accionar de los delincuentes.
«Tenemos la sensación de que la percepción de la inseguridad va más allá de lo que efectivamente sucede. En términos reales, la situación es menos severa y difícil de lo que se percibe, pero tampoco podemos sostener esa hipótesis con mucha confianza, porque no sabemos la posición verdadera, al no existir datos realmente fidedignos», argumentó.
El profesor de Gobierno y Servicio Diplomático detalló que "en el caso de Chile, la situación de inseguridad es bastante aceptable en comparación con otros países, pero de todos modos hay una desconexión entre la realidad y la percepción, pues Carabineros y el Ejército representan fuerzas disciplinadas y profesionales y el sistema judicial, con todos sus problemas, es más adecuado".
Tampoco deja de lado el rol "multidimensional y clave" que en ese sentido juega la prensa, que critica por la carencia del periodismo de investigación, una "herramienta de la sociedad de control y transparencia fundamental". Bailey lamentó su débil capacidad al respecto y el facilismo en que cae al "sensacionalizar problemas, pues con imágenes, sangre y escándalo exagera la situación de inseguridad".
En su opinión, las naciones analizadas no poseen una tradición arraigada entre los profesionales de los medios, que ignoran tratar en profundidad los ámbitos de policía, defensa o inteligencia y adolecen de incapacidad para "evaluar, escribir y reportar qué está pasando en ese sector", muchas veces exportando a las provincias los flagelos que golpean a las grandes urbes.
El trabajo pone énfasis también en el discurso politizado sobre el tema, el denominado "populismo punitivo", pues el aumento de la seguridad ciudadana se transformó en piedra angular para los candidatos a cargos de representación, que compiten por quién parece ser más duro.
"Casi todas las tendencias se ponen de acuerdo en una solución de mano dura. Los de izquierda no quieren parecer suaves y los derecha creen que la respuesta debe ser dura", comentó el académico, refiriéndose al carácter transversal del tratamiento del problema. Sin embargo, destaca la tendencia cada vez más creciente de integrar el factor "prevención" en el debate.
Del Ministerio de Seguridad Pública al "cosismo"
El investigador estadounidense observa con relatividad los efectos que pueda tener la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, propuesto en el programa de la Presidenta Michelle Bachelet, y reforzada recientemente en su última cuenta pública por el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena.
De acuerdo a su explicación, hay argumentos a favor del organismo porque la lucha contra los criminales no pueden estar radicados en la cartera de Interior, por su perfil eminentemente político; la secretaría de Defensa, debido a su rol de coordinación con las Fuerzas Armadas, ni el Ministerio de Justicia, que debe concentrarse en procesos legales.
«En varios país se ha adoptado una entidad con atribuciones de policía e inteligencia. Pero en su éxito tienen mucho que ver las relaciones prácticas reales entre su director y los restantes ministerios, porque si funciona bien se pueden dividir las funciones. De lo contrario, es un desastre", enfatizó.
Sobre el "cosismo" que alguna vez se le criticó al ex alcalde de Las Condes y Santiago Joaquín Lavín, basados en iniciativas locales que pese a las críticas se replicaron en muchos lugares y por autoridades de las más diversas corrientes, opinó que engloban "herramientas que pueden funcionar", pero mucho dependen de la recepción que encuentren en los cuerpos de policía.
Similar análisis hizo de la adopción en países del Tercer Mundo de ideas eficientes puestas en marcha en Estados Unidos, Japón o Europa, conocidas en Chile bajo conceptos como "tolerancia cero" o "la tercera es la vencida". "Existe la creencia de que estas prácticas se basan en ciencia y tecnología avanzada, pero mi conclusión es que son herramientas que pueden funcionar más o menos bien si están adaptadas a la realidad de las circunstancias. Y en ciertos casos, los políticos lo hacen. En otros casos no, son soluciones simbólicas para mostrar a los votantes que el gobierno está ‘realmente preocupado’ de la seguridad ciudadana", puntualizó.
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