Falsifican firma de Tombolini para desistirse de querella contra Filippi
La acción judicial se inició por petición de la magistrado del 11° Juzgado del Crimen de Santiago, tribunal que sustancia el proceso por injurias y calumnias interpuesto por el ex subsecretario de Transportes, a raíz de las imputaciones públicas que formuló el ex plantero en el marco del caso Coimas.
La titular del 11° Juzgado del Crimen de Santiago, Doris Ocampo, presentó una denuncia por falsificación de firma a raíz de un escrito ingresado en su tribunal que solicitaba el desistimiento de la querella por injurias y calumnias que presentó el ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, en contra de Carlos Fillipi, el otrora concesionario de plantas de revisión técnica de la Sexta Región que hizo estallar el bullado caso Coimas.
A través de este documento, firmado a nombre del propio Tombolini, se pedía a la mencionada magistratura cerrar definitivamente este proceso, iniciado en octubre del 2002, a lo cual la mencionada jueza había dado curso, ya que se trata de delitos de acción privada que se tramitan sólo a petición de las partes involucradas.
Sin embargo, en la revisión periódica que realiza el equipo del abogado Miguel Soto Piñeiro se advirtió el cierre de la causa, hecho que desconocía tanto el mencionado letrado como su cliente, por lo cual solicitaron al tribunal comprobar la verificación de la firma impresa en el mencionado papel, para chequear que no pertenecía al ex presidente del Partido Radical. Éste tuvo que abdicar de ese cargo debido al escándalo que se generó por las acusaciones de haber recibido coimas para concesionar irregularmente plantas de revisión técnica a Fillipi y otros empresarios de la mencionada zona.
Realizada la diligencia, la magistrado Ocampo comprobó que, efectivamente, la rúbrica estampada en el escrito no pertenecía a Tombolini, tras lo cual presentó la denuncia correspondiente en el 4° Juzgado del Crimen de Santiago y decidió revocar el cierre del proceso.
Denuncias por amenazas
Consultados sobre el hecho, fuentes de la defensa de Carlos Fillipi aseguraron a El Mostrador.cl que su cliente nada tiene que ver en este ilícito, calificándolo de "muy burdo. Es como si alguien entrara a robar a La Moneda de día".
En ese sentido, argumentaron que esta situación forma parte de la "eterna" guerra que sostienen el ex subsecretario y el ex plantero de Rancagua, quienes se han trenzado en acaloradas discusiones en todas las ocasiones en que se han encontrado "cara a cara".
Junto a ello, precisaron que Fillipi, por su parte, presentó una denuncia por supuestas amenazas de muerte que habría hecho Tombolini en su contra, situación que está siendo investigada por la Fiscalía de Rancagua.
El único beneficiado habría sido Fillipi
En tanto, fuentes ligadas a la defensa de Patricio Tombolini confirmaron la información obtenida por este medio, precisando que las principales sospechas que tienen acerca de quien sería el autor de este documento apuntan hacia personas del entorno del ex plantero de la Sexta Región, añadiendo que "es obvio que el único beneficiado habría sido él".
Asimismo, dijeron que informaciones preliminares de este documento habría sido llevado por el propio Carlos Fillipi hasta el mesón del 11° Juzgado del Crimen, mientras que eventualmente el autor de la firma, con la que se pretendió simular la rúbrica del dirigente radical, habría sido un asesor cercano a este controvertido empresario, identificado con las iniciales C.H.
En todo caso, precisaron que para ellos lo primordial es que la querella por injurias y calumnias que presentaron por las acusaciones del ex plantero -referidas a que fue Tombolini quien recibió dinero a cambio de otorgarle nuevas concesiones- llegue a un buen término, lo cual depende en gran parte del desenlace final que tenga el caso Coimas.
Hasta la fecha, este proceso se encuentra en etapa de ser visto por la Corte rancagüina, mientras que el informe del fiscal de la misma jurisdicción resultó ser favorable para el ex subsecretario, ya que ese pronunciamiento recomendó la absolución para él y para el desaforado diputado Víctor Manuel Rebolledo, mientras que para todo el resto de los involucrado fue partidaria de mantener las condenas y, en el caso de Alejandro Chaparro, aumentar las sanciones dictaminadas por el ministro Carlos Aránguiz.
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