Suprema deja pendiente embargo a bienes del matrimonio Pinochet Hiriart
La Sala Penal del máximo tribunal sólo dio curso al trámite de notificar la ampliación de la querella que sustancia la justicia española en contra del general (r), su esposa y su ex albacea Óscar Aitken Lavanchy. Sin embargo, existen pocas probabilidades de que la confiscación de capitales cuente con luz verde.
La Segunda Sala de la Corte Suprema declinó pronunciarse sobre el embargo de bienes solicitado por el titular del Juzgado Central de Instrucción N° 5 de Madrid, Baltasar Garzón, en contra del matrimonio formado por Augusto Pinochet y Lucía Hiriart, además del patrimonio del ex albacea del general (r), Óscar Aitken Lavanchy.
La mencionada instancia del alto tribunal, compuesta por los ministros Enrique Cury, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y los abogados integrantes Fernando Castro y Luz María Jordán, solo decidió dar curso a las notificaciones que deben recibir los anteriormente citados, debido a la ampliación de la querella que se tramita en España contra el ex jefe de la junta militar y su cónyuge.
Esto, porque a la acción judicial presentada en esa nación por 65 víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, se agregaron los ilícitos de alzamiento y blanqueo de capitales, en razón del ocultamiento del patrimonio de Pinochet que se hizo en 1998, para evitar la confiscación que decretó Garzón durante ese año, tiempo en que el ex uniformado permaneció detenido en Londres.
En ese sentido, la Suprema instruyó al Primer Juzgado del Crimen de Santiago para que realice esta diligencia.
Bloqueo de bienes
No obstante, en cuanto al requerimiento de Garzón respecto a embargar los bienes del matrimonio y los de Óscar Aitken, para asegurar las eventuales indemnizaciones civiles que podrían decretarse a favor de las víctimas de los delitos de lesa humanidad, el máximo tribunal chileno declinó pronunciarse, por considerar que ese requerimiento "no integra la presente carta rogatoria".
Es decir, la Suprema resolvió conocer de forma separada las peticiones enviadas por Garzón.
Sin embargo, en dos ocasiones anteriores la alta magistratura rechazó solicitudes similares que envió el magistrado español, bajo el argumento de que en el país ya existe un proceso que indaga los bienes del retirado militar, que sustancia el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones Sergio Muñoz. Por este motivo, se estima que es muy poco probable que esta nueva pretensión tenga un destino distinto.
Hace siete años, el juez hispano hizo noticia cuando ordenó el arresto de Augusto Pinochet mientras éste se encontraba en la mencionada ciudad europea. Su decisión obligó al ex uniformado a permanecer más de un año detenido y sólo pudo regresar a Chile cuando los tribunales británicos estimaron que por razones de salud debía volver al país.
Garzón ha cuantificado la responsabilidad civil del ex gobernante de facto en más de mil 445 millones de euros.
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