Jueces consideran que la Ley de Empalme fija plazos «poco realistas»

Preocupados se encuentran los jueces por algunas de las disposiciones contempladas en el denominado proyecto de Ley de Empalme, cuyo fin es establecer un período de transición concreto para terminar con el antiguo sistema penal que rige aún en la Región Metropolitana y dar plena vigencia a la reforma procesal, que entrará en funcionamiento el próximo 16 de junio en Santiago.



Luego de la mencionada fecha, todo el territorio nacional quedará bajo el mismo mecanismo de enjuiciamiento criminal. Sin embargo, el sistema penal inquisitivo seguirá operando hasta que la última causa tramitada en los Juzgados del Crimen cuente con una sentencia ejecutoriada.



Con el objeto de reducir al mínimo tiempo posible la existencia de dos sistemas de juicios criminales, el Presidente Ricardo Lagos junto al ministro de Justicia Luis Bates enviaron el pasado 22 de marzo la mencionada iniciativa legislativa.



Principales aprensiones



En entrevista con El Mostrador.cl, el Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Diego Simpértigue, explicó que si bien los jueces del país apoyan el espíritu de la Ley de Empalme, se encuentran preocupados específicamente por tres disposiciones que contempla la iniciativa, las cuales a parte de fijar metas poco realistas, pueden incluso acarrear sanciones disciplinarias a algunos jueces.



En ese sentido, precisó que la segunda parte del artículo 402 propuesto por el Ejecutivo se consigna que "cuando la causa estuviere pendiente, con un procesado por un lapso que exceda de un año y seis meses (de estar en esa condición), se concederá un plazo máximo de seis meses para el cierre del sumario".



A juicio del dirigente, "es comprensible que el legislador esté preocupado de las causas antiguas y la existencia de procesos que se han demorado muchísimo tiempo. Pero eso no es responsabilidad de los jueces, ni de ningún funcionario judicial, por cuanto el Estado sabía la recarga de trabajo que tienen muchos tribunales de Santiago y nunca se tomaron las medidas para que se pudiera trabajar adecuadamente".



"Este no es un plazo realista considerando la carga de trabajo que tienen algunos tribunales de Santiago y, en el caso de las nuevas tareas que se le imponen a las Cortes de Apelaciones, donde también hay una carga de trabajo tremenda, tampoco es realista fijar dos días de audiencias adicionales para conocer de estos procesos", añadió.



Simpértigue consideró que sobre todo el límite referido a los seis meses es un hecho "grave, porque si en estos juzgados con una sobrecarga de trabajo enorme no llegan a cumplir, resulta que el inciso siguiente dice que esto, el retardo del juez en el cumplimiento de estos plazos, constituirá una falta grave. O sea, desde ya sabemos que a algunos jueces le van a aplicar medidas disciplinarias por algo que materialmente nunca van a poder cumplir".



Por ello opinó que "más allá de fijar obligaciones tan perentorias y tan ajenas a la realidad, creo que deberían darle facultades a los plenos de cada una de las Cortes de Apelaciones para que -de acuerdo con sus propias necesidades- fijen audiencias adicionales o fórmulas para conocer de los recursos que se puedan interponer para ir terminando con estas causas en forma oportuna, pero fijar plazos sin ninguna consideración parece no ser lo más adecuado".



Experiencia en Concepción



En la Octava Región, la reforma procesal penal se encuentra vigente desde el 16 de diciembre de 2003, fecha desde la cual los Juzgados del Crimen bajaron su carga de trabajo, ya que no existieron más ingresos de causas, por lo que los jueces se dedicaron a terminar las investigaciones que estaban pendientes y, a continuación, a fallar las causas.



Diego Simpértigue, quien es ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, sostuvo que esa fue la experiencia que se dio en la zona. "Diría que en seis meses la disminución del número de procesos pendientes fue muy importante y, al año, los jueces prácticamente estaban fallando las últimas causas. Todo esto sin perjuicio de que siempre hay procesos complejos que lamentablemente toman mucho más tiempo, pero en el plazo de seis meses o un año, la gran mayoría estaba terminada", comentó.



En esa medida, consideró que, si bien hay que tener presente que Santiago hay juzgados que tienen una recarga de trabajo muchísimo mayor que la de los juzgados de región, en las ciudades más pequeñas "no hubo necesidad de poner plazos, lo que demuestra lo absurdo de imponer sanciones disciplinarias porque supuestamente un juez no cumpliría con su labor".



En cuanto al funcionamiento de la Corte de Apelaciones, tampoco fue necesario disponer de días especiales para conocer de los recursos que puedan provenir de ese tipo de procesos, según relató.



Próximos pasos



El presidente de la entidad gremial, que aglutina a cerca del 90 por ciento de los jueces del país, señaló que el próximo paso a seguir será plantear todas estas inquietudes ante las Comisiones parlamentarias que deberán discutir este proyecto de Ley.



"En general, el parlamento siempre ha tenido mucha consideración con nosotros. Siempre ha tratado de escuchar nuestra opinión y nosotros estamos siempre dispuestos a entregarla, por lo que vamos a intentar exponer esta materia y poder solucionarla rápidamente", indicó.







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