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En antesala de nuevos desafuer

Operación Colombo: Pinochet recurrió de amparo contra procesamiento

por 30 noviembre, 2005

Presentación busca revocar el encausamiento que pesa contra el general retirado, como coautor de los secuestros calificados de seis opositores al régimen militar. El ex uniformado, además, pagó la fianza de $6 millones decretada en el marco del caso Riggs, para que pueda acceder a la libertad provisional.
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La defensa del general (R) Augusto Pinochet Ugarte presentó este martes un recurso de amparo, con el objetivo de dejar sin efecto procesamiento que pesa contra el ex uniformado en el marco de la investigación sobre la llamada Operación Colombo.



El escrito persigue que se revoque el encausamiento en calidad de coautor de los secuestros calificados de seis opositores al régimen militar, que el ministro Víctor Montiglio formuló contra el otrora jefe del Ejército.



Se estima que la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunciará sobre la solicitud el próximo jueves, un día después que el Pleno del mismo tribunal revise dos nuevas solicitudes de desafuero contra Pinochet.



En caso de seguir con el criterio que ha fijado la Corte Suprema sobre los recursos de amparo, lo más probable es que el tribunal de alzada desestime la presentación de la defensa del nonagenario ex uniformado.



El máximo tribunal ha definido que el amparo sólo puede invocarse para objetar aspectos formales, como que la detención haya sido ordenada por un tribunal competente o que existan presunciones fundadas sobre los delitos que se imputan.



La Sala que verá la presentación estará integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, y el abogado integrante Roberto Mayorga.



Pagan fianza en Riggs



Contra todos los anuncios, la defensa de Pinochet también canceló los $6 millones que fijó la Corte de Apelaciones como fianza para que el otrora uniformado accediera al beneficio de la libertad provisional en el marco del caso Riggs.



En esta investigación, que es sustanciada por el ministro de fuero Carlos Cerda, el ex militar se encuentra encausado como autor de evasión tributaria, falsificación de instrumento público, falsificación y uso de pasaportes falsos y omisión de bienes en declaración jurada.



Pese al pago de la caución, Pinochet continuará bajo arresto domiciliario en el marco del caso Colombo.



En esta jornada, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago también revisó dos apelaciones pendientes en el marco de la investigación sobre las millonarias cuentas secretas que el ex militar mantuvo en el extranjero.



La primera se refiere a la oposición de los abogados de Pinochet para que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tuviera acceso al sumario. Sin embargo, esta presentación se hizo antes que el ministro Cerda permitiera que todas las partes pudieran conocer el avance del proceso.



La otra, en tanto, se refiere al rechazo de la Fundación Allende al alzamiento de parte del embargo dispuesto contra el ex militar, con el objetivo de que Pinochet pagara la deuda tributaria que mantiene con el Servicio de Impuestos Internos (SII).



Desafueros



Mañana, miércoles, el Pleno de la Corte de Apelaciones también se pronunciará sobre otras dos solicitudes de desafuero presentadas contra Pinochet.



Una de ellas se refiere a otras 37 víctimas del caso Colombo, elevada de oficio por Montiglio, y el otro se enmarca en un juicio entablado por las víctimas de "Villa Grimaldi", el mayor centro de detención de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).



Nueva querella



En tanto, una nueva querella presentó contra el general retirado el abogado Hiram Villagra, en representación de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que murieron en dos supuestos enfrentamientos con agentes de la dictadura.



Villagra afirmó en su denuncia que las cinco víctimas fueron asesinadas por agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) en los falsos enfrentamientos en las calles Fuenteovejuna y Janequeo, en Santiago, el 7 de septiembre de 1983.



Las muertes de Lucía Vergara, Arturo Villavela, Sergio Peña, Alejandro Salgado y Hugo Ratier, según los antecedentes de un proceso abierto en la Corte de Apelaciones, fueron una represalia de la CNI por el asesinato del intendente de la Región Metropolitana, general Carol Urzúa.



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Vea lo último del caso Riggs y la situación judicial de Pinochet

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