Ministro en visita encausó por asociación ilícita a militares retirados presuntamente involucrados en tráfico de armas y que habrían colaborado en el ocultamiento del homicidio de Gerardo Huber. Varias son las contradicciones de estos militares en retiro respecto a las operaciones que llevó a cabo el DINE tras la misteriosa desaparición del coronel desde el sector del Cajón del Maipo, en enero de 1992.
El ministro en visita Claudio Pavez convocó a su despacho a primera hora de este martes a ex altos funcionarios del Ejército investigados por su presunta colaboración en el ocultamiento del crimen del coronel Gerardo Huber, cometido en 1992, poco después que declarara en el proceso sobre tráfico de armas a Croacia.
La misión, en la diligencia que se desarrollará entre las 9 y las 13 horas, ha sido la de notificarlos sobre sus procesamientos por asociación ilícita para ocultar el homicidio del mencionado Huber.
El dictamen afecta a los generales (R) Eugenio Covarrubias, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Víctor Lizárraga, ex subdirector del mismo organismo, y Carlos Krumm, otrora director de Logística; el brigadier (R) Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, y el coronel (R) Julio Muñoz.
Una vez notificados de los cargos, los oficiales retirados quedarán, posteriormente, recluidos en el Comando Militar Regimiento N° 1 de Peñalolén.
Mientras tanto, fuentes judiciales descartaron un pronto cierre del sumario, la posibilidad de nuevos procesamientos y la existencia de indicios sobre el autor material del crimen, aunque la falta de pruebas concretas al respecto imposibilitan un encausamiento. Asimismo, explicaron para ninguno de los delitos hay posibilidad de prescripción en este caso, puesto que la investigación nunca fue interrumpida.
El abogado de Cavarrubias, Marcelo Cibié padre, informó este martes que esperará nuevas diligencias para recién solicitar la libertad bajo fianza de su cliente y, eventualmente, apelar.
Contradicciones
Varias son las contradicciones de estos militares en retiro respecto a las operaciones que llevó a cabo el DINE tras la misteriosa desaparición del coronel Gerardo Huber desde el sector del Cajón del Maipo, el 29 de enero de 1992.
Según ha podido establecer el magistrado, Lizárraga y Provis emprendieron una búsqueda del hijo menor del coronel, quien estaba oculto en el sur, con el fin de secuestrarlo; y habrían amedrentado a la familia de su compañero de armas, supuestamente con el fin de obtener documentación que éste guardaba sobre las ventas de armas de Famae al extranjero.
En tanto, el coronel Muñoz, amigo de Huber, dejó su trabajo sin mayores explicaciones para venir a Santiago, con el propósito de apoyar su búsqueda. Sin embargo, durante la investigación se habría evidenciado que éste sólo actuó como «vigilante» de la familia del malogrado uniformado, y también habría hecho amenazas veladas a su viuda, Clina Polloni.
Los antecedentes del proceso también darían cuenta que Krumm, superior jerárquico de Huber, ha entrado en contradicciones, además de las acciones que emprendió para que su subalterno fuera declarado interdicto, tras haberlo mencionado en el caso de Armas a Croacia.
Además, se logró acreditar que el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) sabía con mucha anticipación de los hechos, pues mientras la familia del malogrado oficial avisó a Carabineros a eso de las 01:00 horas, efectivos de esa repartición lo hicieron inexplicablemente tres horas después.
«Hubo organización jerarquizada»
Datos del fallo indican que Covarrubias habría liderado este grupo y existen presunciones fundadas de que participaron en el crimen y posterior encubrimiento del mismo.
La resolución establece que está acreditado que un grupo de personas se organizó en 1991 "bajo parámetros de hermetismo» para vender armas a traficantes extranjeros o a otros países, sin ajustarse, en algunos casos, a las normas reglamentarias sobre la materia.
«Así, el 1 de diciembre de 1991 se descubre un tráfico ilegal de armas en el aeropuerto de Budapest, Hungría, destinadas a Croacia, nación que se encontraba en estado de guerra (…) esta situación, que deja al descubierto una actividad organizada, confidencial, encubierta e ilegal, destinada a realizar tales ilícitos, y además para encubrir responsabilidades en dicho tráfico y en otros delitos relacionados, sin importar la perpetración de nuevos hechos punibles", añade.
Al respecto, el dictamen agrega que «el coronel de Ejército Gerardo Alejandro Huber Olivares, jefe del departamento II Adquisiciones de la División de Logística el Ejército, quien al interior de la investigación antes citada y después de prestar declaración judicial, desaparece en circunstancias extrañas el 29 de enero de 1992, y su cadáver es encontrado el día 20 de febrero del mismo año, en un montículo en el río Maipo, en el sector de La Obra".
El dictamen señala que el cuerpo «(…) presentaba una salida de proyectil de arma de fuego en el cráneo que le provocó la muerte, y atendida las circunstancias de su desaparición y fallecimiento, resulta evidente que se trataba de un homicidio calificado, realizado en forma planificada para neutralizar a dicho oficial por el conocimiento que tenía de las operaciones irregulares, en que intervino personal del Ejército, de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) y civiles, y así evitaron que informara sobre ella al juez sustanciador del sumario respectivo, y que involucrara a oficiales de alto mando institucional».
«En consecuencia, un grupo de individuos se organizaron para atentar contra la propiedad del Estado, las personas, y encubrir a los responsables, hecho que a juicio del tribunal constituye el delito de asociación ilícita, toda vez que existió una organización jerarquizada, que permaneció en el tiempo, con una jefatura y en que sus integrantes cumplían distintas misiones o tareas compartimentadas, y manteniendo una relación de dependencia", agrega el dictamen.
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Procesamientos contra ex miembros del DINE por crimen de coronel Huber
