Junto a ello, la jueza subrogante del caso, María Eugenia Campo, se declaró incompetente para investigar los antecedentes relacionados con el envío de armas a Ecuador, durante 1995. Por ello, ahora corresponderá que la Corte de Apelaciones Santiago decida el magistrado que debe hacerse cargo de esta arista del proceso.
La ministra encargada de continuar temporalmente con las pesquisas del llamado caso Riggs, María Eugenia Campo, solicitó que la comandancia en jefe del Ejército entregue una cuenta detallada sobre cómo funciona y se financia la seguridad del general (R) Augusto Pinochet Ugarte.
La resolución, firmada el viernes, no entrega mayores detalles sobre el período que debe incluir dicha cuenta, ya que sólo se limita a pedir una rendición del «funcionamiento económico y administrativo de la agrupación de seguridad de Augusto Pinochet Ugarte, remitiendo las rendiciones de cuentas y antecedentes respaldatorios».
La diligencia está relacionada con una vieja aspiración de algunos sectores políticos que, en su momento, cuestionaron que el Comando N° 12, una unidad de cerca de 60 personas, se dedicara a cuidar y mantener las residencias de propiedad del nonagenario ex uniformado, a él y su mujer, Lucía Hiriart.
De hecho, los abogados querellantes en el proceso sobre las millonarias cuentas de Pinochet, Carmen Hertz y Alfonso Insunza, cuestionaron la existencia de una guardia de esa magnitud, que sería financiada íntegramente por el Fisco.
Armas a Ecuador
Junto a ello, la magistrado resolvió declararse incompetente en los antecedentes recopilados bajo el nombre de "Óscar Aitken", correspondientes al tomo 33 del proceso Riggs, el cual ha trascendido a la opinión pública como el caso "Armas a Ecuador".
Con esta decisión, la jueza que reemplaza al titular del caso, Carlos Cerda, trabó una contienda de competencia, ya que esa denuncia le fue devuelta por el ministro Alejandro Solís, quien declinó asumir la causa en febrero pasado.
Este último instructor judicial fue designado por la Corte Marcial para reinvestigar el envío ilegal de once toneladas de pertrechos a Croacia, operación que fue descubierta en noviembre de 1991 en el aeropuerto de Budapest, Hungría.
Según trascendió, a juicio de Solís no habría relación directa entre el presunto delito perpetrado en 1995, cuando -según una declaración judicial- Chile habría vendido armas a Ecuador, en a lo menos tres envíos distintos en aviones Hércules, mientras ese país sostenía un conflicto con Perú.
Ahora, corresponderá que la Corte de Apelaciones de Santiago se pronuncie sobre cuál de los dos magistrados se encargará de investigar los testimonios que constan en dicho cuaderno judicial o, en su defecto, nombrar a otro tribunal especial que indague ese incidente, que podría generar efectos políticos importantes para los involucrados.
Rechazan remoción
En tanto, la Corte Suprema resolvió el primero de los recursos que han interpuesto dos de los procesados para lograr inhabilitar al ministro titular del caso Riggs, Carlos Cerda, a quien acusan de tener una animadversión contra los inculpados, ya que trabaría las diligencias que le han sido solicitadas, así como también denegaría de forma arbitraria las apelaciones para revocar diligencias relacionadas con Famae, entre otras.
La solicitud hecha por el abogado Pablo Rodríguez sostenía que el magistrado ha emitido un pronunciamiento, al decir que su cliente está desaforado por el delito de malversación de fondos, pese a que dicho dictamen no ha sido firmado por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y aún existe la posibilidad de apelar ante el máximo tribunal.
Sin embargo, la alta magistratura desestimó la presentación, porque no cumplía con las formalidades procedimentales. En ese sentido, fuentes de la Suprema estimaron que existen recursos pendientes presentados ante el tribunal de alzada capitalino, que consisten en la recusación y los dos recursos de queja presentados por la defensa de Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet.
También habría primado el argumento de que las conductas jurisdiccionales de los tribunales de primera instancia deben ser revisadas por el tribunal jerárquicamente superior, en este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago.
